Yo acuso (Zola)

Artículo de A. Piazuelo publicado hoy en Izquierda Digital

En una época de profunda crisis social y económica la Iglesia católica española recibe religiosa y puntualmente del Estado su financiación, sin ningún tipo de recorte.

Ha sido la convocatoria de elecciones y sus sondeos los que  ¡por fin! Han permitido que se incluya en el programa electoral de mi partido, el PSOE, un ligerísimo control a la Iglesia católica, por la forma en que está actuando con suelos, fincas y propiedades en el país, sin que nadie diga ni haga nada.  Sólo la Comunidad Autónoma de Navarra y algún pequeño ayuntamiento.

Unos cuantos datos:

Los acuerdos con el Vaticano- renovados siempre al alza en 1975, 1981 y 1995-, las aportaciones económicas de distintos ministerios y de las comunidades autónomas, podrían haber supuesto unos ingresos para la iglesia católica de alrededor de 6.800 millones de euros, que se destinan a fines privados. Tiene además importantes privilegios, como los hipotecarios, ya que las exenciones tributarias han supuesto una falta de ingresos por parte de las diferentes administraciones del Estado de unos 900 millones de euros. Por tanto se puede decir que la iglesia católica española no sufre la crisis, ya que en nuestro país la iglesia católica es además propietaria de un enorme patrimonio en bienes mobiliarios, inmobiliarios, suntuarios y culturales, muy superior al del  propio Estado. Además, de forma legítima, recibe también donaciones directas de sus fieles y se nutre de los beneficios de sus innumerables y a veces suculentos negocios de todo tipo y actividad.

La exención tributaria es, cuando menos, una prebenda que pertenece a épocas pasadas y que no tiene en la actualidad ninguna justificación. La iglesia católica no declara a Hacienda por los sueldos del clero, no paga impuesto de transmisiones ni por actos jurídicos documentados. No paga impuestos de sociedades, ni IVA, ni IBI ni IRPF.   ¿Cuántos euros deja de ingresar el Estado por esto?

Con los impuestos de todos se paga a 32.000 curas y a 15.000 profesores de religión que eligen los obispos de cada diócesis. Con dinero público se pagan los colegios concertados y los seminarios. Además, toda la restauración de su patrimonio corre a cuenta del Estado. Los obispos, algunos políticos y una parte de la sociedad sostienen que el Estado gastaría mucho más si tuviera que atender por su cuenta, a estas obligaciones educativas o asistencias. Eso es una opinión-trampa, ya que el Estado podría hacerlo directamente o con concesiones a entidades no religiosas, generando más riqueza social y más puestos de trabajo, aunque tuvieran un mayor costo económico. En cuanto a la actividad “social” de la iglesia católica, es el argumento más falaz, un feroz ejercicio de cinismo. La iglesia paga nada, poco o mal a muchos de sus trabajadores. 

No se entiende entregar dinero a una parte de la población, que asegura ser poseedora de la única fe auténtica, ya que el objetivo de cualquier democracia debiera ser preservar la libertad de conciencia, respetando las creencias particulares de cada individuo, y no dotar de fondos y más fondos a una organización que nada en la opulencia en medio de una profunda crisis social y económica.

Estos datos deberían servir para que en un país constitucionalmente laico, un partido laico reflexionara y actuara en consecuencia.

Antonio Piazuelo,

ex diputado en el Congreso de los Diputados y en las Cortes de Aragón por el Partido Socialista Obrero Español