Quién nos defiende de estos Defensores

Publicado hoy en El Periódico de Aragón

Entre las instituciones de la Administración que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere depurar está el Defensor del Pueblo en sus doce versiones autonómicas (Justicia de Aragón, Síndic de Greuges, Ararteko, Valedor do Pobo, etc.).  Probablemente, el pueblo no lamentaría su supresión, pues el Defensor del Pueblo ni defiende al pueblo ni tiene noción de qué sea eso del pueblo, dado su alejamiento del mismo. Por otro lado, los padres de la Patria tendrían que reformar para ello el artículo 54 de la Constitución, que establece la figura del Defensor del Pueblo “para la defensa de los derechos” constitucionales (trabajo, vivienda, salud, educación…). Eso no es problema, pues ya en 2011 modificaron el artículo 135 de la Constitución, en aras de la "estabilidad presupuestaria"  y la absoluta prioridad del pago de la deuda y los intereses, bajo amenaza por parte de la Troika de destapar la caja de los truenos.

Por su parte, el Defensor del Pueblo en Aragón, el Justicia, se autodefine como “defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a los posibles abusos de la Administración pública”.  Según el Estatuto de Autonomía aragonés, el Justicia tiene tres funciones básicas: a) “proteger y defender los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos frente a las actuaciones irregulares de las Administraciones Públicas”; b) “defender el Estatuto de Autonomía”; 3) Tutelar el Ordenamiento Jurídico Aragonés.  Viendo qué hace y qué no hace el actual Justicia, Fernando García Vicente está consiguiendo hacer de esa institución un monumento al edulcoramiento de tales funciones, al servicio del poder y garantizando no ocasionar problema alguno a las distintas Administraciones.

El Justicia de Aragón no desentona con el resto de Defensores del Pueblo. Como botón de muestra, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, preocupada al parecer por el impacto de la crisis en la malnutrición infantil, decidía el 19 de junio pasado abrir una “investigación de oficio”, solicitando información sobre el número de menores afectados y sobre el coste y las previsiones temporales de las iniciativas emprendidas hasta el momento. Ese mismo día, en el colegio público zaragozano Ramón Sainz de Varanda dos niños se desmayaban por falta de alimentos. Soledad Becerril investiga de forma pausada e intachable, mientras van desmayándose niños y niñas en el transcurso de la investigación. Desconozco si el Justicia de Aragón es conocedor de estos hechos, pero no me cabe la menor duda de que en su día expondrá un florido informe sobre el asunto ante las Cortes.

No se trata de cuestionar la existencia misma de la institución del Defensor del Pueblo, sino su domesticación por parte del poder. El Justicia de Aragón, por ejemplo, es una respetable figura institucional de gran raigambre histórica y con el cometido concreto de garantizar los derechos y las libertades del pueblo aragonés. Sin embargo, está por ver si la institución misma se ha transformado en un bello decorado manejado por expertos tramoyistas para desinterés del pueblo y sin sobresalto alguno para el poder. Fernando García Vicente ostenta el Cargo de Justicia desde 1998 hasta hoy con el voto unánime de todos los diputados y por encima de las broncas políticas que han asolado el panorama político español. Este excepcional “portento” político es susceptible de múltiples interpretaciones.

Recordando que el cometido principal del Justicia es “proteger y defender los derechos individuales y colectivos” de los aragoneses reconocidos en la Constitución, la Declaración Universal de los derechos Humanos y el propio Estatuto de Autonomía (Estatuto, artículo 1), hay que recordar que tales derechos son “cultura, en condiciones de igualdad” (13.1), “servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad” (14.1), “modelo educativo de calidad y de interés público” (21), “sistema público de servicios sociales” y “eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta básica” (23.1), “pleno empleo” e “igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo” (26.1), “derecho a una vivienda digna” (27), fomento de “la investigación, el desarrollo y la innovación científica, tecnológica y técnica de calidad, así como la creatividad artística” (28).

Habría que preguntar al Justicia de Aragón dónde, cuándo y cómo se protegen y defienden los derechos del pueblo aragonés. El Justicia ha brillado por su ausencia en las Mareas ciudadanas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las asociaciones vecinales o las personas desempleadas o en condiciones laborales rayanas en la explotación. Hoy, además de con una nutrida infantería de administrativos, conserjes, ujieres, chóferes, etc., cuenta con cuatro asesores y secretarios de su Gabinete Particular, más doce asesores y otros responsables de áreas y oficinas. ¿Resultado? El parto de los montes.

En 1591, Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, fue decapitado por oponerse a la voluntad del rey de España, Felipe II. Hoy, además de estar abolida la pena capital, no peligraría en absoluto la cabeza del Justicia de Aragón ni de ningún otro presunto Defensor del Pueblo.