miércoles, 23 de julio de 2008

No están todos

El ex presidente de la República Serbia de Bosnia, Radovan Karadzic, acusado de genocidio y crímenes de guerra y uno de los hombres más buscados del mundo, ha sido detenido en Serbia. Considerado responsable de la matanza de Srebrenica, la más grave ocurrida en Europa desde la II Guerra Mundial con la muerte de unos 8.000 bosnios musulmanes en 1995, o del cerco de 43 meses a Sarajevo, que ocasionó la muerte de otras 12.000, Karadzic será entregado al Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY).

Bien, si es un criminal, caiga sobre él todo el peso de la Justicia. Sin embargo, faltan otros criminales de guerra, otros genocidas. No han visto ninguna cárcel los responsables directos e indirectos de la matanza de Irak o de Palestina, por ejemplo. Más aún, forman parte de los actuales carceleros y jueces de Karadzic. Mientras no estén entre rejas, juzgados y condenados, todos los genocidas, la Justicia seguirá siendo muy poco justa.

domingo, 20 de julio de 2008

Los jueves, milagro

Cuando Ingrid Betancourt fue a Lourdes a agradecer a la Virgen su liberación y pedir la libertad de los aún rehenes de las FARC, esperé unos días por si se producía algún prodigio. Simultáneamente, me he ido preguntando si la señora Betancourt no se habrá planteado alguna vez por qué el supuesto milagro de su liberación ha tardado seis años en llevarse a cabo, en vez de forma inmediata; igualmente, si en esto de beneficiarse de los milagros existe algún tipo de favoritismo, pues sigue habiendo rehenes de las FARC, algunos desde hace más de diez años.

De hecho, tenemos de vez en cuando noticias sobre apariciones en los lugares más insospechados y a sujetos de lo más variopinto, pero finalmente casi todas acaban en la recomendación de edificar iglesias y santuarios en el lugar (todo acompañado de un opíparo negocio turístico) y –antaño- en mensajes sobre la conversión de Rusia y de los países comunistas (nunca, por ejemplo, sobre los estragos económicos del neocapitalismo liberal o sobre la carrera de armamentos). De paso, los presuntos testigos del portento hablan a veces de luces, mantos refulgentes, soles giratorios y lágrimas de sangre en algunas estatuas, lo cual hace sospechar lo ociosos que deben de estar en la corte celestial, pues parece que no tienen otra que hacer que ir por algunos pueblos apareciéndose para congregar a unos cuantos devotos y devotas y, de paso, sacarles hasta los entresijos de sus cuentas bancarias.

Digo yo que, puestos a hacer milagros, lo tendrían bastante fácil, pues les bastaría con solucionar el desempleo de muchos y las dificultades para afrontar el pago de los créditos hipotecarios de muchísimos. Podrían también llevar unos cuantos bidones de agua a las pateras donde están muriendo subsaharianos como chinches y, de paso, obrar el portento de solventar el problema de raíz: escuelas, hospitales, carreteras, fábricas, ganado y agua potable para todos. Mas no, prefieren contentarse con que unos cuantos vayan monte arriba a rezarles el rosario y con que el negocio de Lourdes siga tan boyante como siempre. Y es que en el más allá tienen un sentido de la economía algo extraño: sus mensajes han sido desde hace muchas décadas claramente antirrevolucionarios y ultraconservadores, pero jamás han abierto aún la boca para hablar de justicia social, redistribución de la riqueza y de la tierra en el mundo, o de revolución social a favor de los pobres y los desfavorecidos.

La cosa es que cuentan las crónicas periodísticas que Ingrid Betancourt, acompañada del obispo de Lourdes, puso las manos en la pared de la gruta, como habitualmente hacen los peregrinos, y rezó dos decenas, o sea, veinte avemarías por los rehenes y su libertad. Parece mentira que desde el más allá no aprovecharan la ocasión de invitar a la señora Betancourt a contar qué pasa en una Colombia donde se bate el récord de sindicalistas asesinados (y no precisamente por las FARC), las organizaciones campesinas han sido prácticamente aniquiladas, y la oligarquía cada vez es más rica a costa de la violencia y la explotación contra el campesinado. Claro está, las FARC están muy lejos de ser unos angelitos y es condenable sin paliativos el empleo de la violencia, la extorsión y el secuestro como instrumentos para conseguir cualquier objetivo, pero en este campo no les andan a la zaga los paramilitares colombianos, tantas veces financiados y apoyados por los gobernantes, la CIA y la DEA norteamericanas. Ni en Lourdes ni en París ni en ningún lado se ha hablado estos días sobre la violencia y la explotación sistemáticas del pueblo colombiano, cada vez más depauperado. Sin duda, todos nos alegramos del fin del sufrimiento de la señora Betancourt y de los otros rehenes liberados, pero a ZP se le pasó por alto añadir que en el corazón de España (ahora medio infartado, con tanta crisis económica) deberían estar, además de la señora Betancourt, todas las víctimas inocentes del régimen del señor Uribe y del ultracapitalismo americano.

Tratando de paliar las amnesias provenientes del más allá y de más acá, sería conveniente recordar que Amnistía Internacional, organización centrada en la defensa de los derechos humanos, así como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional, se han negado a entrar en disquisiciones semánticas sobre si hay que considerar a las FARC (y solo a las FARC) una organización terrorista, y en su lugar ha instado al Gobierno colombiano a ocuparse de la lesión sistemática de los derechos humanos y de la legislación humanitaria internacional por parte de todas las partes implicadas en el conflicto: FARC, paramilitares y fuerzas de seguridad.

¿Cabría la posibilidad de que, como último milagro, quedase borrada definitivamente toda huella de supersticiones, apariciones y milagros, dejando lugar solo a paz, libertad y justicia para todos? ¿Por qué los dioses siempre son de derechas?

Artículo para El Periódico de Aragón, 23 de julio de 2008

lunes, 14 de julio de 2008

Desaparecidos

JULIÁN CASANOVA, El País, 10/07/200

Desaparecido fue el eufemismo con el que se denominó a las víctimas del terrorismo de Estado planificado y puesto en marcha por la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. El término desaparecido ya lo había definido uno de los golpistas del 24 de marzo de 1976, el general Rafael Videla, en respuesta a las primeras indagaciones y presiones internacionales sobre la represión: "Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido".

Cuando la dictadura cayó, la lucha por la información, la verdad, la petición de justicia y el rechazo del olvido se convirtieron en señas de identidad de la transición a la democracia. Tres décadas después, esa dictadura de apenas siete años aparece ya como uno de los más destacados ejemplos de terrorismo de Estado de la historia, de "masacres administradas", como las llamó Hanna Arendt. Casi 30.000 desaparecidos, apropiación de niños nacidos en cautiverio, creación de más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y asesinato. Hoy existen numerosas pruebas incontrovertibles frente a aquel exterminio que pretendía no dejar ninguna.

La referencia a la dictadura argentina viene ahora a cuento porque el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acaba de solicitar al Gobierno español un informe sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Desaparecido en España no puede tener el mismo significado que en Argentina, porque en la dictadura argentina nunca hubo ejecuciones oficiales, todas eran clandestinas, y los cadáveres fueron enterrados en cementerios sin ningún tipo de identificación, quemados en fosas colectivas o arrojados al mar.

En España, sin embargo, la mayoría de las 100.000 personas que se llevó a la tumba la violencia militar y fascista durante la guerra y de las 50.000 que fueron ejecutadas en los 10 años que siguieron al final oficial de la guerra, durante la paz incivil de Franco, están identificadas, tienen nombres y apellidos y, aunque con muchas anomalías y falseamientos sobre las causas de la muerte, constan en los registros civiles de cientos de localidades que han sido rastreados por los historiadores.

De lo que se trata ahora es de conocer las circunstancias de la muerte y el paradero de otras miles de personas a las que nunca se registró, abandonadas por sus asesinos en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los ríos, en pozos y minas, o enterradas en fosas comunes. El número de víctimas sin registrar, desaparecidos, puede llegar, como mucho, a 30.000 en toda España, paseados casi todos en los primeros meses de la guerra, en el verano y otoño de 1936, o en las semanas que seguían a la ocupación de las diferentes ciudades por las tropas franquistas, desde Málaga a Madrid, pasando por Barcelona o Valencia. Asesinados sin procedimientos judiciales ni garantías previas hubo también miles en la zona republicana y aunque a casi todos ellos se les registró y rehabilitó después de la guerra, las excepciones a esa regla merecen también ser conocidas.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debería prestar atención al requerimiento del juez Garzón y crear una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas por la violencia política durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Esa comisión tendría que reunir la información ya elaborada por numerosos estudios, coordinar las investigaciones que sobre ese tema se están llevando a cabo en la actualidad y organizar una agenda de investigación sobre los hechos todavía inexplorados y las personas sin localizar.

Las dificultades técnicas para alcanzar ese objetivo van a ser muchas, aunque las más serias procederán, una vez más, de la política. Mariano Rajoy y algunos medios de comunicación le recordarán a Rodríguez Zapatero, como ya hicieron en los últimos años, que, con todos los problemas que tenemos, desde el terrorismo a la crisis económica, pasando por las amenazas a la unidad o a la lengua de España, el Gobierno no puede dedicarse a tonterías como la memoria histórica o la investigación sobre miles de desaparecidos en épocas del pasado ya superadas. Al Gobierno, por otro lado, el asunto le resulta incómodo. Varios meses después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, nadie ha movido un dedo ni siquiera para cambiar los nombres de las calles dedicadas a los militares golpistas o a dirigentes fascistas.

Más de 30 años después del final de la dictadura de Franco, el Estado democrático, sus principales responsables e instituciones, no quiere gestionar ese pasado de violencia y muerte, ni está interesado en tomar decisiones sobre políticas públicas de memoria y educación. Al parecer, hay historias que vale la pena conmemorar desde el presente, convertirlas en mitos nacionales, como la llamada Guerra de la Independencia de 1808, y otras que resulta mejor olvidar.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

lunes, 7 de julio de 2008

Todo llega a su fin

El 1 de agosto daré por finiquitado este blog. Lo tengo medio abandonado, pues considero más importantes otros ámbitos de la vida que requieren mi tiempo y mis energías. Mantendré el sitio web, donde siempre habrá nuevos artículos, nuevas noticias.
El acabamiento de este blog no equivale bajo ningún concepto a la renuncia a todo lo valioso que me mantiene en la brega. Muy al contrario, renuncio al blog para sumergirme más y más profundo en esas zonas donde siempre espero encontrar perlas preciosas, que después regalo a quien las desee.
Un abrazo fuerte. Salud