Artículo a publicar el próximo miércoles en El Periódico de Aragón
Los obispos hispanos arremeten por enésima vez contra la reforma de la ley del aborto, que en próximas fechas puede ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Han sacado linces y gastado una ingente suma de dinero en publicidad pagada con nuestros impuestos para combatir contra algo que no está en cuestión: la ley del aborto existe desde 1986, y ahora solo se pretende adaptarla a una ley de plazos. La Conferencia Episcopal Española (CEE) no ha utilizado su pluma ni ha subido a los púlpitos ni ha dicho esta boca es mía durante los ocho años de gobierno de Aznar y del Partido Popular, pues a la CEE solo le suben los hervores moralizantes y las urgencias de convocar manifestaciones callejeras cuando no gobiernan los suyos. La CEE tuvo a sus linces guardados y bien guardados en algún zoológico cuando el PP estaba en el poder. La CEE domina como nadie el arte de enseñar y esconder la bolita bajo tres posibles cartas, La CEE siempre pretende salir ganando (no ha hecho otra cosas desde hace muchos siglos).
Recientemente, el señor Martínez Camino, portavoz de la CEE, ha conminado con la pena de la excomunión inmediata y automática a cuantos participen directamente en un aborto realizado, es decir, la mujer que aborta y el personal sanitario que lo practica. Según el diccionario de la RAE, excomulgar es “apartar de la comunión de los fieles y del uso de los sacramentos”, es decir, lo que, de hecho, ya es y hace sin problemas la inmensa mayoría de la ciudadanía. En otras palabras, de hecho ya está excomulgada libre y voluntariamente una gran parte de los ciudadanos y ciudadanas.
A todo esto, alguno se pregunta por qué no excomulgan, por ejemplo, también al desalmado que mediante un ERE tramposo deja a decenas o centenares de familias sin trabajo y en la calle, o al gobernante que mete a todo un país en una guerra mediante mentiras, o a los curas que han estado abusando de niños y de niñas durante décadas, o al periodista que ha conculcado durante años a través de la propia cadena radiofónica episcopal todas las reglas razonables de convivencia democrática y veraz. Y puestos a preguntar, por qué no se excomulgó a nadie en la Alemania nazi y fuera de Alemania antes, durante o después de la Segunda Guerra, tras perpetrar algunos de los mayores crímenes en la historia de la humanidad, si bien algunos cargos del Vaticano (como el obispo Alois Hudal) ayudaron a centenares de miembros de las SS a escapar a Sudamérica y Oriente Medio al acabar la guerra.
La CEE aprovecha para expresar su preocupación por los sanitarios que “por motivos muy justificados” queden desprotegidos al negarse a practicar abortos. La CEE denuncia “la cultura de la muerte” actual, y afirma que también la sanidad y la medicina quedan “al servicio de la muerte”, por lo que llaman al personal sanitario hispano a la objeción de conciencia y, si es preciso, a la insumisión, al igual que deben hacer los parlamentarios que, cual “católicos coherentes con su fe”, no deben aprobarla ni darle su voto en el Congreso.
Pues bien, como se deje abierta la puerta de la objeción de conciencia para el personal sanitario que trabaja en centros y hospitales pertenecientes a la red sanitaria pública, costeada con el dinero de todos a través de los PGE, se abre automáticamente la veda a la ciudadanía en otros muchos ámbitos. Maruja, por ejemplo, alegará objeción de conciencia para no pagar impuestos mientras España siga fabricando bombas de racimo, minas antipersona y aviones y carros de combate. Emilio, a su vez, se negará a pagar el recibo del agua por razones de conciencia mientras sigan existiendo centenares de piscinas privadas en su municipio.
Y centenares y miles de profesores y profesoras de la escuela pública podrán negarse a partir del próximo curso académico a impartir la asignatura genéricamente llamada “Alternativa a la Religión”, pues en conciencia están en contra de la existencia de la asignatura de Religión y Moral católicas en la escuela pública, de que se imparta durante el horario lectivo, de que tenga el mismo rango de cualquier otra asignatura, y de que 517 millones del dinero público vayan destinados a pagar los sueldos del profesorado de religión, designado exclusiva y directamente por los obispos hispanos. Pero en conciencia aún están más en contra de avalar indirectamente esa asignatura de Religión asumiendo dentro de su horario personal docente unas horas destinadas al alumnado que no quiere esa asignatura. En el aula pueden hacer lo que quieran (también nada) durante esa hora de “Alternativa a la Religión”, pero en realidad la asignatura de Religión no debería tener ninguna alternativa en la escuela pública, sino simplemente desaparecer.
Ojalá, sí, en el próximo curso académico haya centenares o miles de profesoras y profesores que se declaran objetores de conciencia frente a la asignatura Alternativa a la Religión.
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