La venda y la balanza

Escribe Fernando Pastor, muy presente hace unos meses en los medios de comunicación por el asunto del crucifijo en las aulas del colegio “Macías Picavea” de Valladolid: como la Junta de Castilla y León interpuso un recurso contra la sentencia judicial que confirmaba la retirada de los símbolos religiosos en los colegios públicos y el juez designado como ponente padece una larga enfermedad, el tema lo lleva ahora otro juez (cercano al Opus Dei), que ya se pronunció una vez sobre que el asunto de los símbolos religiosos compete a los consejos escolares y es autor de una sentencia muy cercana a las posiciones más retrógradas sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía. En resumidas cuentas, en círculos jurídicos le han comentado que no espere ya nada bueno y que el asunto quizá está “prácticamente perdido”.

A muchos nos llama la atención que, por una parte, la justicia esté simbolizada por una mujer con los ojos vendados y portadora en una de sus manos de una balanza, con la que se quiere significar la teórica imparcialidad y equidad de sus principios y acciones, y, por otra, que, de hecho, en ciertos casos la balanza se incline a uno u otro lado según sea la opinión personal del juez, cuyos ojos no parecen estar precisamente vendados como garantía de su imparcialidad. La ciudadanía debería tener la seguridad de que la ley garantiza el amparo de nuestros derechos y el funcionamiento de una sociedad en términos de justicia, así como que somos “iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de (…) opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 14 de la Constitución), pues, de lo contrario, la sociedad navegaría por aguas hobbesianas y nuestra máxima preocupación sería escapar como pudiéramos de las dentelladas del lobo de turno que pasara cercano.

Llama también la atención que unas personas bien preparadas intelectual y jurídicamente, que han sudado la gota gorda para sacar una de las oposiciones más costosas, curtidas en mil juzgados, se dejen llevar en algunos casos tan holgadamente por sus opiniones, creencias, fobias y filias. Seguramente, tales casos constituyen una excepción y no la regla, pero son los que salen a la luz pública y los que padece la ciudadanía con una cierta resignación e indiferencia.

El otro día escuchaba en una tertulia radiofónica que el Tribunal Constitucional va a dictar en septiembre una sentencia “interpretativa” sobre el Estatuto de Cataluña que “no irrite” a ninguna de las partes que están en el litigio. Llega el PP y presenta hace tres años un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut, pues considera que, de hecho, es una “Constitución paralela”. Pasa y pasa el tiempo, y el Tribunal Constitucional puede decir ahora que sí, pero no es anticonstitucional (si ustedes prefieren, que sí, pero no es constitucional), y es que se quiere eludir interferencias y malentendidos, pues el acuerdo sobre financiación autonómica está aún muy cerca. En otras palabras, usted no tiene cáncer, pero sí tiene cáncer…

Hemos conocido la pertenencia a determinadas prelaturas y asociaciones ultrarreligiosas de algunos jueces que han considerado la asignatura Educación para la Ciudadanía un medio de adoctrinamiento que lesiona el derecho exclusivo de la familia a formar moralmente a su prole, y han avalado la objeción contra esa asignatura. Raro es quien no pretende ser objetivo al menos en algunas ocasiones, pero, aun sin querer entrar en jardines filosóficos y por mucho que resulte difícil aislar el objeto del sujeto, sería deseable dejar aparcados los gustos, creencias, opiniones e intereses subjetivos, principalmente en el campo de la justicia.

Hemos asistido a verdaderos forcejeos políticos por la composición del Consejo General del Poder Judicial, creado fundamentalmente para garantizar la independencia externa del mismo, al asegurar que las condiciones de ejercicio de la función jurisdiccional no dependan del Ejecutivo, pero ateniéndonos a algunas noticias aparecidas desde hace tiempo en los medios de comunicación, el CGPJ está algo más que supeditado directa o indirectamente a los intereses de los distintos grupos políticos.

El Presidente valenciano, Francisco Camps, ha reconocido y elogiado su amistad personal con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Juan Luis de la Rúa, lo que a más de uno lleva a pensar si tal circunstancia condicionará la imparcialidad y objetividad del magistrado instructor. Como desde hace ya meses el PP empieza a sentir la soga en el cuello por el caso Gürtel, optó por querellarse contra el juez que llevaba la causa, Baltasar Garzón. En realidad, estos y otros muchos hechos son casos esporádicos, que no definen la línea regular de actuación de la judicatura, pero sí son algunos botones de muestra de la obscena manipulación en algunos casos del poder judicial por parte de los grupos políticos, de la actuación de algunos jueces que creen que la ley es una vía magnífica para dejar constancia apostólica de sus opiniones subjetivas y de la percepción negativa que tiene la ciudadanía de determinados aspectos del poder judicial.