Según el ministerio de Sanidad, nuestros escolares consumen menos cocaína, igual cantidad de tabaco, alcohol y cannabis (marihuana y hachís), y se ha incrementado la cantidad de borracheras entre los que ya bebían profusamente, lo cual ha dado para suculentos titulares en los medios de comunicación y algún que otro artículo sobre lo mal que va nuestra juventud. No obstante, la realidad parece más tranquilizadora, si nos fijamos en que la botella está bastante más que medio llena: el 94,9% de los escolares no ha probado nunca cocaína y el 96,4% no la ha consumido en los últimos seis meses. Es decir, aunque siempre es deseable que no se acuda nunca a la cocaína, podemos afirmar que es ínfimo el porcentaje de los escolares que están en sus cercanías.
Sin embargo, se constata una vez más el silencio oficial sobre el consumo de drogas, legales e ilegales, en otros estratos de la población. Si llegan a España, por ejemplo, toneladas y toneladas de hachís y cocaína, y no están destinadas principalmente a los escolares, ¿por qué apenas se habla entonces del consumo de las drogas ilegales entre los no escolares? Quizá se oculta así, de hecho, a los ojos de opinión pública otros hechos poco tranquilizadores: los adultos y los jóvenes ya no escolares consumen más drogas y en mayor cantidad, entre otras cosas porque tienen más dinero y menos trabas para adquirirlas y consumirlas.
Ciertamente, tiene muy poca gracia que el 58,5% de los escolares ha consumido alcohol en los últimos treinta días; tabaco, el 32,4%; cannabis, el 20,1%. En cualquier caso, mucho menos que los adultos que deberían ser su modelo. Llama la atención así que el 29% de la población escolar se ha emborrachado alguna vez en los últimos 30 días, lo que pone de manifiesto la capacidad de mimetismo e imitación que tienen los adolescentes respecto de los mayores, pues son estos quienes van a la cabeza en la ingesta de alcohol.
Ya en los primeros días en la aplicación de la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial, se supo que del más de medio millar de diligencias abiertas por Tráfico y posteriormente en manos de los jueces, el 98% de las mismas se debieron al excesivo consumo de alcohol (548 por alcoholemia y solo 10 por exceso de velocidad). Si nuestros escolares no tienen edad para conducir automóviles, habrá que preguntarse por qué las encuestas oficiales suelen centrarse solo en ellos y si con ello se evita conocer y hablar sobre otros problemas y costumbres, igual o más preocupantes, que conciernen a la población no escolar. Si las narices de la ciudadanía quedan aplastadas contra el árbol de los escolares, no se estará en condiciones de contemplar la panorámica del bosque de nuestra sociedad. En esta misma línea, el domingo pasado apareció la noticia de que, según datos de la Policía Local zaragozana, ocho de cada cien automovilistas circulan bebidos por la ciudad. Huelgan comentarios.
Hace unos días, los grupos municipales del PSOE y PAR (que gobiernan el Ayuntamiento de Zaragoza) alcanzaron un acuerdo con el grupo municipal del PP sobre la prohibición del botellón en todos los espacios públicos de la ciudad. Si la ingesta de alcohol e incluso las borracheras pueden llevarse a cabo en los recintos autorizados, lo importante no es tanto la salud cuanto no molestar al vecindario. Uno puede beber cuantas copas quiera en los locales más elegantes de la ciudad con tal de que pueda pagarlas. Ahora bien, si no se tiene dinero, queda el botellón, con tal de que se vaya a los lugares decretados por las autoridades. Como común denominador queda un dato sobre el que habría que pensar detenidamente: una parte considerable de la ciudadanía, escolar y no escolar, adulta y juvenil, considera que la fiesta y la diversión van indisolublemente asociadas al consumo de alcohol (cannabis y cocaína merecerían un capítulo aparte).
Si nuestros gobernantes nacionales y mundiales han tomado medidas cada vez más tajantes contra el tabaco, ¿consideran que el alcohol perjudica menos gravemente la salud? ¿Cuántas finanzas de tantas personas altamente valoradas en nuestra sociedad quebrarían si se cortara de raíz el tráfico internacional de las llamadas “drogas duras”? ¿Cuántas economías de algunos gobernantes y vigilantes perderían en ese caso buena parte de su poder adquisitivo? ¿Realmente se quiere luchar contra el tráfico y consumo de drogas? ¿Por qué solo algunas son consideradas ilegales? ¿Por qué tanto temor a la legalización de las drogas?
No hace falta recurrir, por ejemplo, a los efectos beneficiosos del cannabis para paliar las náuseas y el malestar producidos por la quimioterapia en algunos enfermos. En realidad, un cigarrillo de marihuana es menos perjudicial que cualquier glamuroso Daiquiri y está lejos de la creencia mítica de ser la puerta de otras drogas, más duras. La irracionalidad y la ilógica reinan entre la somnolencia y los intereses de los gobernantes y los legisladores.
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