La Muela del juicio

Al día siguiente de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no presentase facturas ni pruebas verosímiles en un asunto donde está imputado por un delito de cohecho ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que investiga una larga, ancha y profunda trama de corrupción entre cargos del PP, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se le ocurre reclamar “miles de votos” para compensar cada instante del sufrimiento padecido por Camps y su familia, y al mismo tiempo castigar a los malvados acusadores (“inquisidores”, según Rajoy), los socialistas. Más allá de la presunción de inocencia debida a todo acusado, emergía así, una vez más, una forma perversa de hacer política: la verdad es suplida (¿suplantada?) por el griterío, las vísceras, el maniqueísmo, la aclamación de lo propio y la demonización del adversario.

Sin embargo, la ciudadanía no es tonta: toma nota, pasa por el tamiz de su criterio ético y personal, incluso simplemente de su sentido común, tanto lo que ve como lo que no ve, mas debería ver. El caso Yak-42 ha acabado con penas de tres años de cárcel para un general y de 18 meses para dos ayudantes por falsear la identificación de veintitantos cadáveres. Ninguno de los tres pasará por la cárcel ni será privado de los honores y condecoraciones otorgadas (de hecho, Federico Trillo concedió al general ahora condenado la Gran Cruz del Mérito Militar como premio por su actuación en el caso Yak). Y Trillo se va de rositas, pues ni él ni Aznar han resultado acusados. Sorprendentemente, Rajoy montaba en Alicante un acto de apoyo y desagravio a Camps y a Trillo, juntos, en unión, espantando acusaciones, negando redes de corrupción, angelizando a los suyos, satanizando a los demás, afeitando los bigotes molestos del jefe valenciano de la red empresarial de corrupción que dirigía Francisco Correa.

La ciudadanía mira con envidia cómo el presidente de la Cámara de los Comunes, Michael Martin, anunciaba que dejará su cargo el 21 de junio. Gran Bretaña se ha estado moviendo entre el desconcierto y el cabreo por el escándalo generado tras la publicación de los variopintos gastos de los Diputados. Pues bien, en lugar de optar por el escapismo sistemático de la quema, tan típico en nuestros mundos celtibéricos, dimite el sacrosanto speaker del Parlamento británico, algo inédito en más de 300 años de su historia democrática.

Un político, como cualquier otro ser humano, puede equivocarse, y en tal caso se le puede/debe exigir responsabilidades, al igual que se hace con los hijos, los alumnos, los empleados, los directivos, los médicos, los policías, los cajeros de un banco o los repartidores de la compra en el supermercado. Poca gente, sin embargo, es tan corporativista y elude tanto las responsabilidades como la clase política, debido quizá a algún automatismo oculto en alguna zona poco evolucionada del cerebro humano o a que ponen de inmediato sus barbas a remojar al contemplar que las del próximo están en peligro inminente de ser rasuradas. Así las cosas, parecería a muchos un acto grandioso en el mundo de la vida pública hispana si un político dijese alguna vez abierta y públicamente: Me he equivocado.

En Aragón no podemos ser menos y nos está saliendo La Muela del juicio. Con independencia del proceso penal y de cuanto depende del juez que instruye el caso, Alfredo Lajusticia, dejando ahora aparte la identidad y los cargos de quienes están en prisión por el caso Molinos, lo cierto es que en el municipio regido hasta hace unos meses por el PAR y su alcaldesa María Victoria Pinilla existe una ingente montaña de corrupción y corruptelas, cohecho, exacciones ilegales, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación de caudales públicos, fraude, blanqueo, falsedad documental… Pues bien, en Aragón, cual un nuevo caso Yak-42 redivivo, meten en la cárcel e imputan a unas personas que, al parecer, no tenían jefes que se enteraran de nada o se dieran por enterados de algo. Y es que los que más vista tienen suelen ser unos redomados artistas en hacer la vista gorda.

La cosa es que en las cúpulas políticas aragonesas to er mundo e güeno. El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, echa la culpa de los desaguisados a la Ley del Suelo de 1998; o sea, al PP. El portavoz del PP, Eloy Suárez, reclama responsabilidades políticas inmediatas, lo que hace pensar de inmediato por qué no va a la madrileña calle Génova y suelta allí ese mismo discurso. Biel, Boné y el PAR entero, mientras, callan. Por lo visto, las enormes fortunas amasadas, la expansión vertiginosa de algunos planes urbanísticos, las conversaciones telefónicas con la alcaldesa recogidas en el sumario, sus mediaciones, sus influencias no conciernen a nadie. El PAR calla y su silencio es tan grande que ensordece a la ciudadanía aragonesa. De paso, tampoco el gobierno aragonés del que forman parte apenas ha visto, oído y dicho algo. Con un par…