Una excelente noticia

Artículo a publicar mañana en El Periódico de Aragón

De vez en cuando llegan buenas noticias. Por ejemplo, la semana pasada pudimos conocer que el Parlamento andaluz ha aprobado la Ley de Muerte Digna, o Ley de los Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte. En el fondo, se trata principalmente del reconocimiento legal de la autonomía del paciente y del respeto a su voluntad sobre las circunstancias de su muerte. Con esa ley no solo no se hace daño a nadie, sino que todos salen beneficiados. Sin embargo, una vez más, para la facción hispana más ultramontana y reaccionaria la libertad y la autonomía de cada persona parecen significar un ataque a y una merma de sus inmarcesibles principios morales. En realidad, esa facción, que desde hace siglos contiene las esencias más conservadoras del país, ha tenido en exclusiva la potestad de dirimir y decidir los límites y las normas a los que debe atenerse cada ser humano, y ahora interpreta como una calamitosa ruina moral que la ciudadanía sea reconocida finalmente como dueña y responsable de su vida y del acabamiento de esa vida.

Sería otra excelente noticia que nuestros parlamentarios y nuestros gobernantes demostrasen igualmente su autonomía y su entereza ética legislando una ley de Eutanasia y Suicidio Asistido, por encima de cualquier grupo de presión ideológico, religioso o de cualquier otro tipo, que siguen sin resignarse a ocupar el sitio que constitucionalmente les corresponde: el ámbito privado de la libertad de conciencia, subordinado a las leyes e instituciones públicas del Estado, único garante de las libertades y los derechos de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones.

En cualquier caso, es una magnífica noticia que por primera vez en España se hayan regulado los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales que los atienden. Partiendo asimismo del derecho de la ciudadanía a manifestar pública y oficialmente su voluntad ante la vida y la muerte mediante el Documento de Voluntades Anticipadas o Testamento Vital, es sin duda una muy buena noticia que el paciente pueda recibir información veraz y comprensible sobre su enfermedad y su estado real, disponer de un adecuado tratamiento del dolor, la sedación paliativa y los cuidados paliativos integrales incluso en su propio domicilio, en su entorno familiar y junto a sus seres queridos, así como poder rechazar un determinado tratamiento médico, aunque ello pueda poner en peligro su vida.

Algunas asociaciones médicas reclaman el derecho del personal sanitario a objetar contra las medidas establecidas en esa Ley. Sin embargo como afirma el doctor Luis Montes, pionero y ejemplo a seguir en el derecho a morir dignamente, por mucho que le pese a la derechona, no tiene sentido objetar la aplicación de un derecho del paciente y resulta difícilmente comprensible que un profesional de la medicina tenga algo que objetar contra la no prolongación de la vida en condiciones de ensañamiento y a favor del acabamiento digno, tranquilo y apacible de la vida. En cualquier caso, si alguien se negara a cumplir las obligaciones del personal sanitario que atiende a un paciente terminal estipuladas en la Ley, siempre puede acudir al comité de ética del centro sanitario donde trabaje o simplemente dejar el caso en manos de otro médico que respete la voluntad del paciente.

En realidad, en el asunto de la muerte digna las aguas no fluyen limpias ni raudas por razones básicamente ideológicas. Más exactamente, el obstáculo no reside en la existencia de unas determinadas ideas o concepciones morales (legítimas y a las que ampara el derecho constitucional de la libertad de pensamiento), sino el obsoleto presupuesto, heredero de posiciones que ya no tienen cabida en la España actual, de que la moral y las costumbres siguen perteneciendo por antonomasia a una determinada confesión religiosa. En efecto, una cosa es que los obispos católicos se crean escogidos y llamados a impartir su doctrina moral como la única moral verdadera (cosa que pueden hacer y decir legítimamente en el ámbito privado de sus iglesias y feligreses), y otra cosa bien distinta que constitucionalmente se les reconozca alguna competencia pública en cuestiones éticas.

Cuando los obispos católicos de Andalucía piden limitar la autonomía del paciente solo repiten lo que han dicho y hecho siempre que han podido: controlar la mente, la libertad de decisión y la autonomía ética de la ciudadanía. Según ellos, "la autonomía personal nunca puede llegar a justificar decisiones o actos contra la vida humana propia o ajena". Ignoran así que la decisión libre y responsablemente tomada por un ser humano sobre las condiciones dignas en que quiere morir nunca es contraria a la vida humana. Ignoran asimismo que la última y definitiva instancia ética para una persona es la propia conciencia, la propia autonomía personal. Y lo que aún es más grave, ignoran que lo ignoran.