Siguiendo las directrices de la Conferencia Episcopal en contra de la nueva asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía, que comenzará a impartirse en 2008 en 3º de la ESO, el párroco de Villanueva de Bogas, un pueblo toledano de unos 800 habitantes, ha comunicado por carta a los padres de los hijos que acuden a catequesis comunicando que sin no objetan contra la nueva asignatura, el cura se guarda el derecho de poder negar a alguien la catequesis. A cualquiera que conozca el programa y los contenidos de la asignatura le parecerá una desmesura la postura del párroco, pues se ajustan desde el respeto y los valores democráticos a los derechos y los principios básicos de nuestra Constitución. Sin embargo, la carta del párroco es también una buena noticia para todos: una vez más, las fuerzas de la derechona enseñan sus cartas, dejan patente con quién y contra quién está.
Los católicos hispanos se basan en una verdad como un templo (nunca mejor dicho): “La objeción de conciencia es legítima”. Con ello recomiendan a los colegios concertados confesionales y a los padres del alumnado católico hacerse objetores contra la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, obligatoria en un curso de Primaria y otro de Secundaria según la nueva ley de educación. Aducen para ello que la asignatura impone el “relativismo moral” (toda ética que no sea la católica es, según los obispos, rea de relativismo moral), la “ideología de género” (tienen verdadera obsesión con la sexualidad, la homosexualidad y la homofobia) y perjudica el desarrollo de la persona (¡!). En realidad, la asignatura “Educación para la ciudadanía” atenta sobre todo contra el monopolio del poder ideológico que la confesión católica ha tenido desde el visigodo Hermenegildo hasta el gallego Franco. A cada nuevo intento, por leve que sea, de que los obispos católicos vayan enterándose de que España es un estado aconfesional, anuncian la llegada del apocalipsis y llaman a la objeción de conciencia a sus fieles.
Hace años, los objetores y los insumisos estaban a la orden del día porque se negaban a hacer el servicio militar obligatorio, pero la jerarquía católica se cuidó muy mucho de hacer ni siquiera un guiño amistoso a esos objetores, pues el clero estaba muy ocupado apacentando a los ejércitos a través de sus capellanes castrenses. Los obispos tampoco llamaron a la objeción, por ejemplo, contra la guerra preventiva de Irak, contra los fusilamientos masivos y los encarcelamientos políticos posteriores a la guerra civil o contra la negación de los derechos humanos más elementales durante la dictadura de Franco. Nadie tira piedras contra su propio tejado. Los obispos escriben cartas y pastorales sólo contra sus contrincantes (desde la Carta colectiva de los obispos en la que apoyaban la Cruzada de Franco en 1937, pasando por la multitud de escritos críticos con los gobiernos socialistas y el silencio sepulcral durante los gobiernos de Aznar, para llegar a la reciente llamada a la objeción de conciencia contra una asignatura).
Hay muchos españoles que, precisamente por ser demócratas, respetan el derecho de libre opinión, expresión y asociación, así que todos (también los obispos) pueden decir lo que quieran. Hay también muchos españoles que desean que su país sea realmente aconfesional. Por eso no entienden que aún exista un Acuerdo entre el Estado español y el Vaticano, fuente de privilegios económicos, legales y sociales de imposible digestión. Por eso se preguntan cuándo llegará un Gobierno que lo declare nulo. Por dicho Acuerdo y sus antepasados directos, el dictador Franco designaba obispos, implantaba una moral pacata y cateta, iba bajo palio, y la educación estaba en manos del clero. A la sombra de dicho Acuerdo, también sestea una asignatura de Religión y Moral Católica en los centros públicos de enseñanza, los obispos eligen a dedo a los profesores de Religión que pagamos todos los españoles, y el Constitucional avala la potestad de los obispos para despedir a los profesores de Religión por su vida privada.
Ciertamente, la objeción de conciencia es legítima. ¿Qué pasaría si una buena parte del profesorado objetase contra cualquier utilización del horario escolar para impartir clase de Alternativa a la Religión (llámese como se quiera a semejante bodrio de asignatura)? ¿Qué pasaría si se declararan objetores de conciencia como posibles profesores de la misma? Uno solo o unos pocos obtendrían sanciones o expedientes. En cambio, muchos, unidos, obligarían a cualquier Gobierno (del signo político que fuere) a adoptar medidas tendentes a dejar fuera del horario escolar normal, como una actividad estrictamente optativa e individual, a la asignatura de Religión, pues, de lo contrario, la marcha de un centro escolar público quedaría colapsada.
En algunos casos, la objeción de conciencia no sólo es legítima, sino también necesaria para cuantos aspiren a un mundo mejor y crean que otra forma de vida es posible. Consentir, por ejemplo, que el dinero de la ciudadanía contribuya a la fabricación y al tráfico de armamento, al mantenimiento con dinero público de Asociaciones como la Fundación Francisco Franco o (vuelve el Concordato) la Cadena COPE, es un desvarío. Es también un gran motivo para la objeción de conciencia que millones de seres humanos, principalmente del África subsahariana, estén afectados por el SIDA, carezcan de los mínimos medios sanitarios para tratarlo y prevenirlo, y la doctrina moral católica oficial prohíba el uso del preservativo como medio básico de prevención de la enfermedad. ¿Habrá objetado algún obispo? ¿Qué les dice su conciencia?
Sin duda, la objeción de conciencia es legítima. Pero sin camelos.
