Una ermita ha sido restaurada en la localidad turolense de Andorra. Ha costado 124.700 euros a cargo del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Es decir, lo hemos pagado todos los aragoneses, todos los españoles. Sin embargo, es de temer que ocurra como con el resto de las obras de restauración de los bienes inmuebles de la iglesia católica: lo paga la ciudadanía española, pero es propiedad de la iglesia católica, cuyo estatuto legal y jurídico es algo más que ambiguo: ¿acaso no se están reclamando desde hace muchos años desde Aragón unos “bienes sacros”, ahora en Cataluña, cuya propiedad solo ha sido, es y será de la iglesia católica? Para colmo, el Gobierno de Aragón corre a cargo de un Museo para acoger estas y otras piezas “sacras”, cuya propiedad y gestión también corresponden a la iglesia católica.
A la inauguración asistieron la subdelegada del Gobierno en Teruel, María Victoria Álvarez, el arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, y las autoridades locales. Es decir, por enésima vez, se trata de un acto confesional en torno a un objeto de culto confesional al que asisten las instituciones públicas del Estado, en contra del artículo 16.3 de la Constitución.,
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