miércoles, 30 de enero de 2013

Sistema educativo e involución social



 PUBLICADO HOY EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Los sindicatos aragoneses de la enseñanza, con el apoyo de la Comunidad educativa de la enseñanza pública, se concentrarán hoy ante el Gobierno de Aragón contra la supresión de plazas de profesorado y el desmantelamiento de los centros públicos. Con ya más de año y medio de mandato, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi se ha limitado a secundar obediente y sumisamente las líneas políticas marcadas desde Moncloa y desde Génova. De hecho, el mundo de la enseñanza es cada vez más consciente de que lo que está verdaderamente en juego no es solo la educación, sino el modelo mismo de sociedad y de convivencia, seriamente agredido en la actualidad por las fuerzas neocons,  neoliberales y “populares”.
En efecto, los mismos que despilfarran el dinero público en medidas favorecedoras de los estratos sociales y económicos más afines a sus intereses aseguran no disponer de dinero para mantener la plantilla de profesoras y profesores en los centros públicos, con la consiguiente merma en la atención a la diversidad, la enseñanza personalizada y, en suma, la calidad de la enseñanza. Al mismo tiempo, va deslizándose subliminalmente por la mente de no pocas familias la idea de que lo público es inferior a lo privado y lo concertado, por lo que la conclusión está servida: la regresión a un modelo de enseñanza donde los estratos sociales inferiores llevan a sus hijas e hijos a la escuela pública, mientras el resto los coloca en colegios privados y concertados. En otras palabras, no estamos hablando ya de educación, sino de estructuración de la vida social al gusto de las clases superiores.
Masificar un aula conlleva unas ineludibles consecuencias. Un aula de treinta y muchos niños y niñas, muchachos y muchachas, implica dejar en el desamparo la atención y el rendimiento de cada integrante de ese, pues difícilmente es sostenible una dinámica educativa positiva en esas condiciones. El Gobierno de Mariano Rajoy y el Gobierno de Rudi han pretendido presentar el incremento de la ratio alumnos/aula como si se tratase simplemente de cambiar el color de las paredes de la escuela, lo cual no solo denota ignorancia e irresponsabilidad, sino sobre todo la expresa o implícita voluntad de que determinados estratos sociales tengan una formación deficiente o insuficiente.
Como  nuestros gobernantes parecen vivir cada vez más en Babia, parecen olvidar y querer hacer olvidar que en el inicio de la democracia española había un 10% de niños de 6 a 11 años todavía no escolarizados. De los 12 a los 14 años, solamente un 65% iba a la escuela, y casi dos tercios de los jóvenes de entre 15 y 16 años no seguían estudios secundarios postobligatorios. En el año 1980, la cuarta parte de la población mayor de 16 años era analfabeta funcional o carecía de estudios. Como puede comprobarse, éstas son cifras muy alejadas de las tasas de escolarización universal de 6 a 17 años, que ya se habían alcanzado en los países europeos occidentales. Quizá no sería desmesurado preguntarse hoy si los cuadros del Partido Popular están añorando el regreso a este estado de cosas. En cualquier caso, ateniéndonos a sus medidas y recortes, parecen haber planeado que vayamos camino de ello.
Quebrar la conciencia del alumnado de la importancia de lo común mediante la transmisión a otros compañeros, curso tras curso, de los libros de texto bien cuidados, inflar el horario lectivo con adoctrinamientos y creencias religiosas, en perjuicio de los conocimientos racionales y científicos, la supresión de becas de comedor (con el consiguiente deterioro de la dieta alimentaria del niño y la indeseable comparación entre comidas traídas por cada alumno desde casa), la eliminación de becas universitarias (con la posibilidad de que las familias con menores recursos no puedan costear los estudios superiores de sus hijas e hijos) son botones de muestra de la involución social que el Gobierno actual y los poderes fácticos económicos y políticos pretenden perpetrar en nuestra sociedad. Así las cosas, queda hecho una piltrafa el artículo 14 de la Constitución española: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Quizá sea una obligación moral exigir a la actual Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno aragonés, María Dolores Serrat, fiel reflejo del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que rectifique las medidas adoptadas y apueste realmente por una enseñanza pública, laica, universal y de calidad. Sin embargo, visto lo visto, sería como pedir peras al olmo o como querer sumar peras y manzanas, tarea de la que es especialista Ana Botella, alcaldesa putativa de Madrid (es decir, reputada o tenida por padre, hermana, alcaldesa, etc., no habiendo sido elegida como tal).

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