Publicado hoy en El Periodico de Aragón
Todos parecían estar conmocionados y pesarosos tras el robo del Códice Calixtino en la catedral de
Santiago de Compostela. Como si se tratara de una novela de Raymond Chandler, la llave estaba
puesta en la caja fuerte donde se guardaba el códice y los clérigos
responsables del archivo catedralicio tardaron varios días en darse cuenta de
su desaparición. En la tele algunos expertos equipararon el valor
“incalculable” del Codex Calixtinus a
las Meninas de Velázquez o la
Alhambra de Granada, pero tras tanto encomio y tanta valoración apareció la
cruda realidad: el códice no estaba asegurado, no había cámaras de seguridad
dirigidas a la caja fuerte y algunos intentaban consolarse diciendo que el robo
debía de haber sido perpetrado “por encargo”, por lo que su nuevo dueño no
podría hacer ostentación de semejante tesoro, pasándose entonces del onanismo
erótico-sexual a una nueva modalidad onanista: el onanismo bibliográfico.
Otros clérigos católicos se apresuraron a proclamar a los cuatro vientos
televisivos que “la iglesia no tiene dinero para…” y sesudos especialistas en
biblioteconomía, patrimonio artístico y seguridad escribieron sobre los enormes
fallos de seguridad de que adolecen muchas obras de arte en España,
principalmente en las catedrales e iglesias abiertas al público, por lo que
muchos comenzamos a suponer que, en breve plazo y a pesar del persistente
turbión de la crisis económica, los millones iban a llover para el
mantenimiento del nebuloso “patrimonio artístico-cultural”. En el ínterin,
nadie ha dimitido aún: ni un obispo ni un deán ni un archivero ni un directivo
de alguna empresa de seguridad ni un cargo del ministerio de Cultura. Nadie se
hace responsable o parece haber conocido la chapuza celtibérica de esperar que
la divina Providencia cuide de los tesoros sitos en museos y archivos
catedralicios y diocesanos. Más aún, una vez más queda bien claro el principio
de que “la culpa ha de ser siempre de otro”.
Al declarar un alto cargo del Ministerio de Cultura que el códice y otros
tesoros culturales son “bienes de la Iglesia y a la vez patrimonio de todos”,
me vinieron a la mente también otros casos análogos, como los “bienes de la
Franja”, en litigio cainita entre diócesis católicas y tribunales eclesiásticos,
supuestamente propiedad de la iglesia católica y a la vez “patrimonio del
pueblo aragonés”, y me asaltó la misma pregunta de otras veces: a quién,
diablos pertenece finalmente el Códice Calixtino, quién es, a fin de
cuentas, su propietario legal. Más allá de las motivaciones viscerales, por
encima de los populismos cachiruleros, compostelanos o de cualquier otra
localidad, la respuesta es tumbativa: los códices, hostieros, retablos,
custodias, arquetas, custodias, cruces, etc. son propiedad de una institución
privada denominada “iglesia católica, apostólica y romana”, perpetuamente
dispuesta a recibir el dinero del Estado para conservar y guardar lo que en el
ámbito civil algunos siguen empeñados en tener por “patrimonio común” del
pueblo español (aragonés, gallego….). Una vez todo restaurado y puesto como un
pimpollo, la iglesia católica cobrará entrada y establecerá horarios de visita
a la ciudadanía con cuyo dinero se llevó a cabo la “conservación del patrimonio
nacional”. Propietarios, sí, pero de ningún modo responsables de esos descuidos
de poca monta que desembocan en robos del siglo.
En esta misma línea, en la Comunidad de Madrid se ha rebasado con creces
los límites de la más decorosa compostura: por un lado, Esperanza Aguirre obliga a los centros escolares públicos
madrileños a entregar una llave y poner a disposición un funcionario para el
albergue y acogida de los “peregrinos” que en agosto acudan a la Jornada
Mundial de la Juventud en Madrid; por otro lado, a los pocos días nos enteramos
de que el comité organizador del evento, presidido por el jerarca supremo del
catolicismo visigótico, Rouco Varela,
va a cobrar de 10 a 18 euros a cada “peregrino”, para “facilitar la logística y
contribuir a los gastos del evento”. Eso sin contar los 25 millones de euros
sufragados por las arcas del Estado y otros 25 millones donados por importantes
empresas privadas, con las consiguientes desgravaciones, además de los 10.000
agentes de seguridad que estarán presentes esos días en la capital de España,
lo cual hace preguntarse a más de uno si tan peligroso ha de ser considerado el
señor Ratzinger o si a su fundador, Jesucristo, le hubiese gustado hacer su
última entrada a Jerusalén con tamaña fuerza de seguridad o si al presunto
primer obispo de Roma, Pedro, le
hubieran cortado la cabeza con semejante ostentación de seguridad, papamóvil
incluido.
Los bienes y tesoros situados en espacios propios de la iglesia católica,
incluidos esos mismos espacios han de estar sujetos a las leyes comunes sobre
la materia del Estado español. En casos extremos, en principio no deseados,
para eso están también la confiscación y la expropiación de bienes por interés
social y por el interés general del pueblo.
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