Una buena noticia: los obispos no están obligados a casarse con personas de su mismo sexo

 Otra vez el obispero se ha alborotado...

Mira que se lo tengo dicho a los obispos españoles: relajaos, relajaos, que la cosa no va con, por o contra vosotros, que la ley no os obliga a casaros, a utilizar preservativo, a tomar la píldora del día después, a abortar o a matrimoniaros con gente de vuestro mismo sexo. Pero no me hacen caso, tienen los nervios a flor de piel, con lo bien que les vendría una buena taza de tila bien cargada.

También les tengo muy dicho que deben visitar a algún profesional, pues las fijaciones –sexuales o de cualquier otro tipo- son molestas para uno mismo y a veces incluso para los demás. Su código moral limita con la realidad solo por el sur, es decir, por el área comprendida entre la cintura y las ingles (no quiero entrometerme en sus posibles preferencias eróticas personales, pues cada cual es muy libre de dar salida a su libido como pueda y quiera).

Desde hace siete años, el Partido Popular, su partido político ad latere, llevaba metido en el fregado de denunciar ante el TC la anticonstitucionalidad del matrimonio homosexual. Ayer el TC lo declaró tan constitucional como el derecho de expresión o de reunión, y la acorazada mediática bienpensante ha montado en cólera.

De ahí que, en esa misma línea de coherencia grupal, compartida por el actual Ministro del Interior, supernumerario del Opus Dei, José Fernández Díaz, el obispo y portavoz de la CEE, Martínez Camino, arremete contra la sentencia del TC apelando al derecho a tener padre y madre, y el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, afirma que en la sentencia del TC "hay una falta de fidelidad" a la Constitución. O sea, que Munilla no solo se cree dotado de luces para enmendar la plana a su feligresía, sino que enmienda la plana al mismísimo TC.

Ayer mismo, Munilla pronunciaba una conferencia en Zaragoza  sobre “el catecismo de la Iglesia Católica en la enseñanza”, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas. Allí recalcó la importancia de estar cerca de los profesores de religión en la escuela, de apoyarles en su labor formativa dentro de la libertad de enseñanza consagrada en (ahora sí vale) la Constitución. Olvidaba así algo que se lo tengo dicho hace ya muchos años:  en la escuela se imparten conocimientos, no creencias, y en la escuela pública o en cualquier escuela sostenida con fondos públicos no puede adoctrinarse en una materia religiosa durante el período lectivo ni la ciudadanía tiene por que seguir pagando a un profesorado designado y filtrado por la propia CEE.

En fin, estoy deseando que en próximos fines de semana salgan a la calle la grey católica y las huestes mesetarias hispanovisigóticas para protestar contra el Gobierno del PP por llevar un año ya manteniendo la actual ley del aborto y no haber llamado a la desobediencia civil contra el matrimonio homosexual, tal como hicieron, por ejemplo, con la asignatura Educación por la Ciudadanía o la asistencia médica en hospitales públicos a la mujer que decidiese interrumpir su embarazo. No me privéis del espectáculo, señores obispos católicos: salid pronto a la calle, denunciad que el PP atenta contra la vida y contra la familia auténtica.

Para acabar, un regalo, señor Martínez Camino y señor Munilla (no les nada, es gratis):

“En cuanto eleve la voz, sea en nombre del cielo, de la ciudad o de otros pretextos, alejaos de él: sátiro de vuestra soledad, no os perdona el vivir más acá de sus verdades y sus arrebatos; quiere haceros compartir su histeria, su bien, imponérosla y desfiguraros. Un ser poseído por una creencia y que no buscase comunicársela a otros es un fenómeno extraño a la tierra, donde la obsesión de la salvación vuelve la vida irrespirable.” (Ciorán)

¿Hay que respetar y cumplir la ley?

Suele decirse que hay que respetar y cumplir la ley, las leyes. Yo digo que depende. Cada vez emergen con mayor nitidez y menor recato leyes cuyo principal cometido consiste en garantizar y salvaguardar los intereses de una minoría rica a costa de la merma del estado del bienestar y del incremento del malestar de la mayoría.

Una ley no deja de ser un ordenamiento concreto del interés general y  los derechos básicos de la ciudadanía sobre los que debe sustentarse. El sentido de la ley de Vivienda, por ejemplo, radica en estipular las medidas concretas del derecho fundamental a una vivienda digna, declarado en la Constitución y la Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU. De no ser así, esa Ley de Vivienda sería injusta y no merecería ser llamada ley. Por lo mismo, se entiende que la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, debe estar en consonancia con el derecho declarado en la Constitución a trabajar y al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. De lo contrario, tal ley sería injusta y no debería ser considerada una verdadera ley.

Algunas de las leyes y códigos vigentes en nuestro país son eminentemente una fotografía a todo color de los intereses de la clase dominante. Nos han repetido tantas veces que vivimos en una democracia que son muchos los que han acabado por creérselo, pero han silenciado (democracia viene del griego “demos”, pueblo) que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, afirmación que incluso en 1978 quedó inscrita en la Constitución. En realidad, nuestro país pasó de una dictadura a un régimen de relativas libertades y a un sistema representativo de partidos políticos, pero nunca ha logrado sacudirse el régimen de los poderes económicos, financieros e ideológicos bajo el que ha estado durante siglos. España, especialmente en los últimos tiempos, es una verdadera plutocracia.

No obstante, los dirigentes y los grupos políticos que van sucediéndose en el ejercicio del poder cada cierto período de tiempo no parecen muy interesados en cambiar este estado de cosas. Como botón de muestra, no tienen deseo alguno de establecer una Ley Electoral razonable y verdaderamente democrática, pero sí ofrecen una amnistía fiscal a cualquier defraudador sin penalización posterior alguna.

Según un estudio sobre los paraísos fiscales publicado recientemente el Tax Justice Network (Red para la Justicia de Tasación Global), en 2010 el dinero privado existente en 80 jurisdicciones extraterritoriales fluctuó entre 21 y 32 billones (millones de millones) de dólares, de los que entre 7,3 y 9,3 billones de dólares eran provenientes de 139 países de bajo o mediano ingreso. Pues bien, ni el FMI ni la OMC ni el Banco Mundial o el BCE quieren saber nada del asunto, pues son buenos y fieles lacayos del poder económico y financiero mundial, que rige el mundo.

Quizá haya llegado ya el momento de negar el estatuto de legitimidad a algunas de las leyes existentes. “Ley”, al igual que “democracia”, “libertad”, “orden”, “paz”, y otros cuantos términos más, se han vuelto declaradamente polisémicos, de tal forma que sus varios significados, manipulados como guiñoles por los amos del dinero y de la guerra,  danzan una falaz danza ante los ojos del pueblo.

Ha llegado también (sin “quizá”) el momento de sacudirse la resignación y la apatía, abandonar los métodos tradicionales de lucha social como única vía de oposición al poder, e iniciar un proceso de desobediencia civil masiva y de cualquier otra forma de acción directa y noviolenta que apunte directamente a la línea de flotación del mastodóntico buque capitalista. Si los grupos políticos denominados “de izquierda”, los sindicatos autodenominados “de clase”, las asociaciones vecinales, culturales y de cualquier otro tipo progresistas, se agregan en primera línea a esta lucha, aún hay esperanza. De lo contrario, las próximas generaciones nos reprocharán justamente haber echado a perder el rico patrimonio de derechos y libertades conquistado durante muchos años de lucha y haberlas dejado sumidas en un mundo de desequilibrios y explotación a base de todas las falacias que no hemos querido desmantelar.

Ciertamente, la palabra sigue teniendo gran valor. Recordemos, pues, primeras palabras del Fausto de Goethe: “En el principio era la Acción”, “im Anfang war die Tat”.

Banca pública, banca de todos ATTAC TV

No es gripe, es un infarto

 PUBLICADO HOY EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Supongamos que usted se levanta con gripe. Si la cosa no mejora, va al médico, que le receta unos cuantos medicamentos y le aconseja esperar unos días a que le hagan efecto. Usted pasa unos días con el cuerpo baldado y con diversas molestias, pero también sabe que no es nada grave y en poco tiempo estará recuperado. Supongamos ahora que sufre un infarto de miocardio: con suerte, alguien le llevará a urgencias o vendrá un equipo médico a su casa para intentar salvar su vida. Cuando, restablecido, le comuniquen qué ha pasado, usted sabrá que ha estado entre la vida y la muerte.

Cuando observo el devenir político y económico de España tengo la impresión de que en muchos ámbitos y en las mentes de muchas personas no se tiene conciencia de que ya no cabe hablar de gripe, pues estamos en pleno proceso de infarto agudo de miocardio. Veo, por ejemplo, acciones encomiables por parte de personas y colectivos sociales en contra de los desahucios de la vivienda por impago de la hipoteca, o la campaña “No vull pagar” en las autopistas catalanas, o la convocatoria de una huelga general el 14-N, o el movimiento “Exigimos un referéndum” para poner en manos del pueblo el refrendo o la desaprobación de las medidas económicas y los recortes adoptados por el Gobierno Popular. Sin embargo, todo ello será insuficiente y llegará demasiado tarde si el país está luchando por su supervivencia sobre una camilla de Urgencias.

Andan los empresarios muy cabreados porque Rajoy no se decide a pedir el rescate: decenas de miles de millones de euros inyectados en el sistema financiero español, principalmente en las entidades más adeudadas, que el empresariado espera que redunde en sus negocios y en su propio beneficio. Hasta aquí el dolor asoma en el diafragma y en un costado, sube hasta la garganta y produce un complejo estado de malestar general.

Y llega el infarto de miocardio: los acreedores imponen desde Bruselas que la deuda bancaria, estrictamente privada, se haga pública; que el Estado español asuma la deuda como propia y garantice el pago de la misma; que todo ello se haga ajustando el déficit a lo que los acreedores dictaminen, cosa que solo se podrá conseguir, según la doctrina económica oficial, a base de recortes en servicios sociales básicos (educación, sanidad, pensiones, dependencia, reducción salarial, precarización del empleo, tasas ciclópeas de paro…).  En otras palabras, la deuda privada de la banca se convierte en deuda pública o soberana por la que el Estado español se compromete a amortizar dicha deuda en las condiciones que el sistema político-financiero acreedor decida imponer. Como durante muchos años, más aún, seguramente durante varias generaciones, la economía española estará directamente condicionada por el pago de dicha deuda, a costa de mantener el desvarío de una situación denominada con el eufemismo “medidas de austeridad”, la ciudadanía española estará condenada a vivir en régimen de pobreza y precariedad, a merced de quienes deciden año tras año las condiciones cambiantes en la amortización de esa deuda (es de recordar que Grecia, a la que cada vez nos parecemos más, apenas tiene dinero para pagar los intereses de su deuda). He aquí el infarto.

Rajoy y su Gobierno, sobre el colchón de una cómoda mayoría absoluta en el Parlamento, pueden pedir un rescate que, de hecho, condenará a unas condiciones muy desfavorables de vida a la ciudadanía actual, así como a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En juego no está solo la capacidad económica de las personas y las familias, sino también y sobre todo un profundo cambio de sus vidas y de la sociedad en su conjunto. En pocos días o semanas puede acabar una forma de vivir y convivir en el estado de bienestar que nuestros abuelos, padres y nosotros mismos hemos ido consiguiendo a base de esfuerzo y de lucha. La solución pasa por análisis y acciones de urgencia. De lo contrario, como dijo Warren Buffet, el tercer hombre más rico del mundo, "sin duda existe la guerra de clases, pero es mi clase la que la está ganando”. Es decr, se trata de un infarto.

Hay que apoyar sin ningún género de dudas las acciones (huelgas, manifestaciones, referéndums, concentraciones…) realizadas contra la agresión capitalista de la ciudadanía, pero en el estado de urgencia grave en que nos hallamos es necesario aplicar sin dilación una campaña de formación de la ciudadanía en sus derechos y sus obligaciones, así como un proceso continuo de acción directa, noviolenta, en todos los ámbitos, a todas horas, sin tregua ni descanso. Para ello es preciso que despierten de su letargo los grupos políticos, salgan de su ostracismo los sindicatos, y todos juntos, con toda la ciudadanía, vivamos y actuemos como si fuera el último día de la sociedad en que hemos estado viviendo.

Los paraísos fiscales y la fuga de capitales

 

Un estudio sobre los paraísos fiscales(1) que publicó en semanas recientes el Tax Justice Network –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la evasión tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por ende contribuye a agudizar la pobreza.

 

El estudio hace un estimado –que considera conservador– de que para 2010, el monto de fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo reserva y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de dólares (o sea, millones de millones).

 

De este total, alrededor de un tercio, esto es entre 7,3 y 9,3 billones de dólares, provendría de 139 países de bajo o mediano ingreso.  Es más, el 61% de este monto corresponde a un grupo de solo 10 países, que incluye a Brasil, México, Venezuela y Argentina.  Se trata principalmente de rentas financieras acumuladas desde los años ’70 por las élites privadas de estos países, y que no se han registrado en sus países de origen.  Estas cifras abarcan solo los activos financieros; no se ha calculado otro tipo de inversiones, por ejemplo en oro, bienes raíces, yates, etc.

 

Al hacer un balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran parte de los países considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos no se hubiesen sustraído de su sistema financiero.  En efecto, los 139 países mencionados, que incluyen a todas las principales economías en desarrollo, “registraban una deuda externa bruta agregada de US$4,08 billones en 2010”. Al restar las reservas en el exterior de estos países, invertidas mayoritariamente en valores en el Primer Mundo, se constata que “su deuda externa neta agregada suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones para 2010”. De allí se concluye que, si a ello se suman los recursos desviados al sistema offshore, estos países supuestamente endeudados, “no tienen nada de deudores: son prestamistas netos, del tenor de $10,1 a $13,1 billones”.

 

El problema, sin embargo, es que “los activos de estos países están en manos de un pequeño número de individuos ricos mientras que las deudas recaen en la gente ordinaria de estos países a través de sus gobiernos”.

 

La pérdida en términos tributarios es también enorme: teniendo en cuenta las ganancias no declaradas que han generado estas inversiones offshore desde 1970, la pérdida en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor de US$ 3,7 billones, estima el estudio.

 

El TJN -red internacional dedicada a la justicia tributaria, con sede en el Reino Unido- desarrolló una metodología nueva para hacer estos cálculos, que estima mucho más verídica que los métodos que han utilizado tradicionalmente las instituciones financieras internacionales. Por lo mismo, expresa una fuerte crítica a estos organismos, pues, “han prestado una mínima atención a este ‘agujero negro’ de la economía global”, siendo que ellos “tienen un acceso fácil no solo a los recursos analíticos, sino también a muchos de los datos primarios que se requieren para cuantificar con más precisión las dimensiones de este problema”.  Y pregunta: “¿Por qué se hacen la vista gorda?”

 

La pérdida para los países en desarrollo es aún mayor, si a ello le sumamos el hecho que la mayoría de acuerdos de inversión extranjera –incluidos los TLCs- se acompañan de acuerdos de doble imposición.  Estos acuerdos generalmente prevén que los inversionistas extranjeros puedan tributar en su país de origen, y no en el país que les provee los recursos, mano de obra, servicios, etc. con los cuales realizan sus ganancias.  Muchas veces, mediante subterfugios como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, estas empresas terminan sin pagar en ninguno de los dos países: o sea, se produce una doble evasión, y estas rentas se desvían hacia los paraísos fiscales.

 

Cambiar los esquemas de negociación

 

Una cosa es reconocer el problema pero otro es lo que los países latinoamericanos puedan hacer para comenzar a solucionarlo.  En entrevista con ALAI, David Spencer, abogado norteamericano especializado en legislación financiera y asesor de TJN, opina que una mayor colaboración entre gobiernos de la región podría mejorar su capacidad de negociación.  Considera que UNASUR, por ejemplo, podría intensificar esfuerzos en este sentido.  A la vez, le llama la atención la escasa colaboración que se da en el seno de grupos como el G77, para abordar este tema ante las instancias correspondientes de la ONU.  Una de las soluciones que sugiere Spencer es insistir que los centros financieros provean información a otros países sobre los activos que sus residentes mantienen en su sistema financiero.

 

El abogado reconoce, sin embargo, que existe una fuerte resistencia de las economías avanzadas para abordar el tema con seriedad, pues ellas “se benefician enormemente de este flujo de capitales hacia sus instituciones financieras: del City Bank en Nueva York a City Bank Cayman Islands; o del Morgan Bank a Morgan Panamá, por ejemplo.  Estas instituciones financieras dependen fuertemente de los depósitos de latinoamericanos ricos, y no quieren detener el flujo de fondos”; hecho que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que las cosas no cambien.

 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las principales economías desarrolladas) en principio ha expresado preocupación por esta fuga de capitales; pero poco ha hecho para impedirla.  Spencer reconoce que la OCDE estableció una especie de "lista negra" de 40 países considerados paraísos fiscales, pero puso como requisito para que un país sea borrado de la lista, que firme al menos 12 acuerdos de intercambio de información.  Lo que hicieron estos paraísos fiscales fue firmar acuerdos entre ellos, y así casi todos salieron de la lista, sin que nada haya cambiado.

 

Spencer señala que una puerta de negociación posible es el hecho que a EEUU, por ejemplo, también le interesa obtener información tributaria sobre sus residentes con activos en América Latina.  Entonces esto hace posible establecer acuerdos de intercambio de información fiscal.  En cambio resulta mucho más complejo hacerlo con los paraísos fiscales, donde no se aplican las mismas reglas.  Y de hecho, gran parte de los fondos regionales sustraídos se encuentran en países como las Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas o Panamá.

 

Para TJN, la búsqueda de soluciones como éstas a la fuga de capitales y la evasión fiscal debería constar entre las primeras prioridades de las políticas mundiales de reducción de la pobreza.

 

- Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.

 

(1) James S. Henry, The Price of Off-shore Revisited, Tax Justice Network, Julio 2012.  http://tjn-usa.org/storage/documents/Price_of_Offshore_Revisited_72612.docx

http://alainet.org/active/59232

Filosofía para inquietos, mi libro por si quieres descargártelo

En la sección LIBROS de mi sitio web www.antonioaramayona.com  acabo de colgar mi último libro FILOSOFÍA PARA INQUIETOS, que puedes descargar gratuitamente cuando gustes.
¡Espero y deseo que te guste!
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Una constante en la historia de la humanidad

La santa Mafia de Federico Trillo

Leía esta mañana en El País el reportaje dedicado a Federico Trillo y no dejaba de tamborilear en mi cabeza el título  de  la clásica obra de Jesús Ynfante “La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia”.

La historia de España está cubierta regularmente de espesas y santas nieblas, esparcidas desde hace muchos años por el Opus Dei. Una niebla de rosario y comunión diarios, capaz de batallar contra el aborto hasta la última gota de su hiel, capaz de velar corrupciones, chanchullos, prebendas y enchufes de todo tipo y condición.

Al parecer, Trillo ha entrado en la embajada española en Londres como elefante en cacharrería. Salió de rositas e indemne con su jefe Aznar de la chapuza del Yak-42 (seguramente, su director espiritual le aconsejó que en determinadas circunstancias no solo no es pecado, sino que se ejercita una obra de misericordia si mientes como un Epiménides, el de la paradoja del mentiroso.

Ahora toca ordenar la embajada, y qué mejor que hacerlo con gente de orden (“un porcentaje muy alto de gente del Opus Dei”, según un asiduo a las recepciones. Se cuenta en el reportaje citado, que una de las frases más oída por allí es “Nos conocemos de misa, ¿verdad?”, y cómo va a ser de otro modo si el 12 de octubre había hasta monjas (“nunca había visto monjas en la embajada”, añade un testigo de autos).

Se dice igualmente en el reportaje que Trillo es valiente (digo yo, repasando hemerotecas, que según las circunstancias…) y que no oculta que es del Opus Dei y de misa diaria. Incluso el señor embajador por la gracia de su dios (no hay que descartar que así lo crea) ha colocado en la sala de espera de la Embajada la talla de un santo: al Santo, al Padre, al providencial fundador del Opus Dei.

A todo esto, la embajada, el embajador, el personal variopinto, los asesores y el personal de seguridad son pagados (en este caso, me atrevería a decir, religiosamente) por el pueblo español, a quien se le repite machaconamente que la ley de leyes, inmutable e inmarcesible, es la Constitución, cuyo artículo 16.3 afirma que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

Más datos sobre evasión fiscal

En 2002 fueron descubiertas 200 cuentas opacas de ciudadanos españoles
en el Lienchtenstein Global Trust Group (LGT). Hacienda instó a
regularizar la situación a 67, de los cuales a día de hoy sólo un 20%
lo han hecho.
Entre los pillados destacaban 7 ciudadanos catalanes con depósitos no
declarados en el paraíso fiscal.
Se trata de Josep Bas Puig, empresario catalán del sector químico
(fraude de 4,2 millones); Luis Gari Sentmenat, administador de una
empresa náutica en Barcelona (fraude de 7′98 millones); el arquitecto
barcelonés Alfredo Arribas (fraude de 311.471 euros); Enrique Clapers
Alegre, de la alta sociedad catalana (fraude de 296.905 euros); el
empresario del sector de la decoración Jaume Graells (fraude de 1,2
millones de euros) o el auditor vinculado al sector editorial Jorge
Sierra Arrayán (fraude de 313.442 euros). El séptimo de los catalanes
pillados no es ninguno otro que Artur Mas Barnet, padre del actual
presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un fraude de 823.262
euros. De la cuenta era beneficiario en 2002 el mismo Artur Mas hijo,
entonces consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat.

Fuente noticia:
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/35354-herv%C3%A9-falciani-y-heinrich-kieber-dos-empleados-de-la-banca-que-pusieron-en-jaque-la-connivencia-de-los-estados-europeos-con-las-grandes-fortunas-defraudadoras.html

Mi declaración de principios

Con esto de la crisis hasta los más legos en economía hemos acabado siendo keynesistas o friedmanistas, y otras cosas por el estilo. Aun reconociendo la necesidad de los análisis y estudios de los expertos en economía, es necesario también ir a las raíces mismas del corazón de los bisabuelos, abuelos y padres que lucharon denodadamente por la libertad y los derechos fundamentales, revivir sus convicciones más firmes. Aquí y ahora quiero dejar constancia de las mismas y sumarme a ellas como principios fundamentales de la vida y del mundo.

El ser humano tiene derecho a ser feliz y contar con los medios necesarios para ganarse la vida digna y honradamente, sin que cada noche le asalten la zozobra, la incertidumbre causadas por otros seres humanos que viven a su costa.

La tierra es para el que la trabaja, y no debe haber un solo jornalero al que le falte un trozo de tierra, sin estar a merced de la voluntad y los intereses del amo o del terrateniente.

Cada ser humano tiene el derecho de obtener el fruto de su trabajo, sin que otro ser humano robe parte del mismo, consiguiendo hacerse rico a base de explotar por sistema a otros seres humanos.
Todo ser humano tiene derecho a disponer libre y responsablemente de su propia vida y el final de su vida.

Es imposible “crecer” ad infinitum, a no ser a costa de arrasar la naturaleza y saquear a otros pueblos más débiles.

Es posible ser relativamente feliz teniendo y comprando bastante menos.

No somos consumidores ni votantes. Eso son solo etiquetas que pretenden pegarnos en el cogote. Somos ante todo personas, seres humanos.

El principal hilo conductor de toda persona y cada país ha de ser la realización efectiva de los derechos humanos.

Cada uno debe contribuir con una parte de su salario, proporcionalmente al grado de su riqueza, a tener unos servicios comunes y públicos de calidad, accesibles a todos y a todas en plena igualdad de condiciones y sin discriminación alguna.

El primer deber de un gobernante es redistribuir justamente la riqueza y los recursos de su país.

La banca pública es imprescindible y está al servicio incondicional de la ciudadanía.

La banca privada ha de ser suprimida si sus reglas de juego efectivas son la usura y la ganancia indiscriminada.

La banca privada y la empresa privada son responsables de sus propios errores y deudas, sin que el sistema económico de un país deba hacerse cargo de tales errores y deudas.

Un Estado no puede mantener privilegios con un sector de la ciudadanía. Por lo tanto, está de más cualquier financiación de las confesiones religiosas con dinero público.

La aristocracia y los títulos nobiliarios han de quedar eliminados. Sus poseedores regresarán a su estado originario: ciudadanos que ganarán el pan con el sudor de su propia frente.

Ningún país necesita ejércitos ni estar sometido a la dictadura de los señores de la fabricación y comercio de armamento.

No se sostendrá un solo colegio concertado con dinero público, mientras no esté garantizada en todos y cada uno de los rincones de mi país una escuela pública, laica y de calidad.
Si no se aprende con gusto y con placer, no se aprende nada. Si no se enseña con gusto y con placer, no se enseña nada.

Ningún cargo público, incluida la Jefatura del Estado, puede quedar al margen de la voluntad popular.

Es preciso que en mi país estén socializados los medios de producción.

Hay una clase social cuyo poder reside en su capacidad de explotación de otros seres humanos explotados. Cualquier armisticio con esa clase es una trampa. Dicha clase social ha de ser combatida sin tregua alguna.

No puedo vivir sin agua: moriría. No puedo vivir sin aire: moriría. No quiero ni puedo vivir sin luchar con todas mis fuerzas, incondicionalmente, por que otro mundo –de personas libres, iguales, noviolentas, formadas, con criterio propio, solidarias, dueñas de sí mismas- sea posible y real.

Peligro: Tratado Europeo de Estabilidad

En Enero de 2013 la mayoría de países europeos aplicarán el Pacto de Estabilidad (Tratado europeo de estabilidad, coordinación y gobernanza). Un pacto que implica, entre otras cosas, serias limitaciones al gasto público; los estados se verán obligados a limitar sus presupuestos lo que afectará directamente a la sanidad y la educación por ejemplo. Un pacto que no ha sido consultado con los europeos y condena el futuro de los estados miembro. Un pacto para la nueva Europa, la Europa de la austeridad, un pacto que asfixiará a los países y a los pueblos.

Viva el Jalogüin