¿Hay que respetar y cumplir la ley?

Suele decirse que hay que respetar y cumplir la ley, las leyes. Yo digo que depende. Cada vez emergen con mayor nitidez y menor recato leyes cuyo principal cometido consiste en garantizar y salvaguardar los intereses de una minoría rica a costa de la merma del estado del bienestar y del incremento del malestar de la mayoría.

Una ley no deja de ser un ordenamiento concreto del interés general y  los derechos básicos de la ciudadanía sobre los que debe sustentarse. El sentido de la ley de Vivienda, por ejemplo, radica en estipular las medidas concretas del derecho fundamental a una vivienda digna, declarado en la Constitución y la Carta Universal de los Derechos Humanos de la ONU. De no ser así, esa Ley de Vivienda sería injusta y no merecería ser llamada ley. Por lo mismo, se entiende que la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, debe estar en consonancia con el derecho declarado en la Constitución a trabajar y al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. De lo contrario, tal ley sería injusta y no debería ser considerada una verdadera ley.

Algunas de las leyes y códigos vigentes en nuestro país son eminentemente una fotografía a todo color de los intereses de la clase dominante. Nos han repetido tantas veces que vivimos en una democracia que son muchos los que han acabado por creérselo, pero han silenciado (democracia viene del griego “demos”, pueblo) que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, afirmación que incluso en 1978 quedó inscrita en la Constitución. En realidad, nuestro país pasó de una dictadura a un régimen de relativas libertades y a un sistema representativo de partidos políticos, pero nunca ha logrado sacudirse el régimen de los poderes económicos, financieros e ideológicos bajo el que ha estado durante siglos. España, especialmente en los últimos tiempos, es una verdadera plutocracia.

No obstante, los dirigentes y los grupos políticos que van sucediéndose en el ejercicio del poder cada cierto período de tiempo no parecen muy interesados en cambiar este estado de cosas. Como botón de muestra, no tienen deseo alguno de establecer una Ley Electoral razonable y verdaderamente democrática, pero sí ofrecen una amnistía fiscal a cualquier defraudador sin penalización posterior alguna.

Según un estudio sobre los paraísos fiscales publicado recientemente el Tax Justice Network (Red para la Justicia de Tasación Global), en 2010 el dinero privado existente en 80 jurisdicciones extraterritoriales fluctuó entre 21 y 32 billones (millones de millones) de dólares, de los que entre 7,3 y 9,3 billones de dólares eran provenientes de 139 países de bajo o mediano ingreso. Pues bien, ni el FMI ni la OMC ni el Banco Mundial o el BCE quieren saber nada del asunto, pues son buenos y fieles lacayos del poder económico y financiero mundial, que rige el mundo.

Quizá haya llegado ya el momento de negar el estatuto de legitimidad a algunas de las leyes existentes. “Ley”, al igual que “democracia”, “libertad”, “orden”, “paz”, y otros cuantos términos más, se han vuelto declaradamente polisémicos, de tal forma que sus varios significados, manipulados como guiñoles por los amos del dinero y de la guerra,  danzan una falaz danza ante los ojos del pueblo.

Ha llegado también (sin “quizá”) el momento de sacudirse la resignación y la apatía, abandonar los métodos tradicionales de lucha social como única vía de oposición al poder, e iniciar un proceso de desobediencia civil masiva y de cualquier otra forma de acción directa y noviolenta que apunte directamente a la línea de flotación del mastodóntico buque capitalista. Si los grupos políticos denominados “de izquierda”, los sindicatos autodenominados “de clase”, las asociaciones vecinales, culturales y de cualquier otro tipo progresistas, se agregan en primera línea a esta lucha, aún hay esperanza. De lo contrario, las próximas generaciones nos reprocharán justamente haber echado a perder el rico patrimonio de derechos y libertades conquistado durante muchos años de lucha y haberlas dejado sumidas en un mundo de desequilibrios y explotación a base de todas las falacias que no hemos querido desmantelar.

Ciertamente, la palabra sigue teniendo gran valor. Recordemos, pues, primeras palabras del Fausto de Goethe: “En el principio era la Acción”, “im Anfang war die Tat”.