Hoy ha sido un
maravilloso día en el portal de la Consejera aragonesa de Educación, adonde no
han parado de llegar personas para felicitar y abrazar a Marga y a mí por la
sentencia absolutoria (Marisol está de viaje durante unos días; la echaremos
mucho de menos).
No es cosa de
tres personas, sino de tod@s cuant@s amen la vida digna y libre, la escuela pública
y calidad.
Me he pasado más
de un año esperando y deseando que en mi ciudad y en todas las ciudades del
país hubiese muchos lugares (“portales”) donde se reivindicase y denunciase un
ámbito de la vida y de los derechos y libertades amputados por los poderes
gubernamentales. La sentencia absolutoria de Marisol, Marga y Antonio (“los
Aramayonas”, nos llaman algunos) hace más propicia y benigna esas posibles
iniciativas.
Hemos publicado
esta mañana el siguiente comunicado:
Mediante sentencia 305/14 de siete de
julio de 2014 (cuya copia en pdf se adjunta) relativa al juicio de faltas
84/14, el magistrado Rafael Lasala Albasini, ha resuelto la libre absolución de
Marga Ribas y Marisol Ibáñez, a quienes el ministerio fiscal había retirado ya
los cargos, y de Antonio Aramayona, para quien el fiscal había solicitado la
imposición de una multa de 160 euros.
Consideramos que la sentencia, sustentada
en la sentencia 2/2003 del Tribunal Constitucional, supone el claro
reconocimiento de que la libertad de expresión, noviolenta y cívicamente
ejercida en la vía pública, está por encima de la potestad sancionadora de los poderes públicos del Estado. En esta
línea, se ratifica que, siendo la libertad uno de los valores superiores y la
seguridad jurídica uno de los principios configuradores del Estado de Derecho,
no siendo ningún poder público ilimitado, y estando la potestad sancionadora del Estado sujeta
a unos estrictos límites, la potestad sancionadora se “deslegitima” si de algún
modo se traspasan tales límites.
Ni que decir tiene la importancia que
ello tiene para el ejercicio de la libertad de expresión de los tres encausados
en el domicilio o despacho de un cargo público (en este caso, la vivienda de la
Consejera aragonesa de Educación), sino de toda la ciudadanía que quiera
manifestar noviolentamente en la vía pública sus ideas, sus valores, sus
reivindicaciones y sus denuncias.
Por otro lado, la sentencia establece que
la desobediencia a la autoridad ha de suponer previamente que el acto de esa
autoridad cuenta con “una base legal que la sustente”. Tanto el 4 como el 5 de
junio (días donde fuimos sancionados) los agentes adujeron como norma legal el
artículo 26 h de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, no se dan en la
actuación de Antonio Aramayona los casos contemplados como acción contraria a
la seguridad ciudadana, por lo que el magistrado no encuentra “base para la
emisión de la orden recibida por los agentes”, más teniendo en cuenta el
comportamiento cívico y educado que mantuvieron en todo momento tanto Aramayona
como los mismos agentes.
Insiste la sentencia en que tampoco ha habido vejaciones, molestias o
coacciones al cargo público en cuyo portal se encontraba (concretamente, la Consejera
aragonesa de Educación), ni esta ha interpuesto en algún momento denuncia por
tal motivo, por lo que no caben medidas sancionadoras cuyo objetivo fuere prevenir
la reiteración de la conducta de Aramayona (estar en ese portal), pues no ha
habido una previa denuncia por parte de la Consejera. Más aún, recuerda el
magistrado que la señora Consejera aragonesa de Educación desistió en el pasado
de la acción penal entablada por ella misma a raíz de un escrache en las
inmediaciones de su domicilio, por lo que no parece necesaria protección alguna
de una acción que ya antes desistió y ahora no pretende (hasta el momento ni ha
denunciado ni se ha querellado ni siquiera ha dado señales de vida por esta
causa).
La absolución de Marga Ribas, Marisol
Ibáñez y Antonio Aramayona de las faltas contra el orden público no solo
refuerzan la reivindicación no violenta de los derechos y libertades
fundamentales y la denuncia de las lesiones de tales derechos y libertades en
la vía pública por parte de la ciudadanía , sino que ponen en cuestión el
concepto mismo de “orden público” en el que sustentan a menudo sus medidas,
órdenes y acciones algunas autoridades y poderes públicos del actual Gobierno.
Nos ratificamos en la defensa de la
libertad de expresión, de la escuela pública y laica, de la denuncia contra los
recortes perpetrados contra el derecho universal a la educación, de los
derechos universales y las libertades cívicas fundamentales, y de la libertad y
la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos.
Seguimos y seguiremos en esta brega e
invitamos a la ciudadanía a hacer lo mismo en los lugares y ámbitos que su
conciencia ética y cívica les dicte.
En Zaragoza, a diez de julio de 2014
Antonio Aramayona
Marisol Ibáñez
Margarita Ribas
Hasta mañana
Felicidades Antonio,estamos contigo .Desde torrero Amalia y Jose Antonio.
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