El TC sigue pareciendo poco TC

(De El País, domingo, 22 de agosto)

Con el escándalo de la sentencia del Estatuto catalán sin cerrar todavía, sobre el Tribunal Constitucional se cierne una nueva y más agria tormenta. En el PSOE temen que el PP quiera tumbar en el alto tribunal la recién promulgada Ley del Aborto y vuelva a negarse a renovar a los cuatro magistrados del Constitucional designados por el Senado, a fin de mantener una previsible mayoría contraria a dicha ley. Aunque en julio se decidió por un solo voto que la ley no quedara en suspenso, el bloque conservador contaría ahora con la ventaja del voto del catalán Eugeni Gay, magistrado del sector progresista pero cuyo activismo católico le llevaría a votar con los conservadores para tumbar la ley.

Otro factor que podría animar al PP a boicotear la renovación es que el Tribunal acordó una "tramitación preferente" del recurso contra el aborto, lo que impide que se guarde en un cajón o que se ponga a la cola de los demás recursos.

En el PSOE confiesan encontrarse "preocupadísimos" y fuentes parlamentarias socialistas han afirmado que la ley del aborto "pende de un hilo". Nada más reincorporarse al Parlamento trabajarán de firme para intentar la renovación el próximo 7 de septiembre, tal como acordaron PSOE y PP el pasado mes de julio tras examinar a 20 candidatos.

Pocos días después de la sentencia del Estatuto catalán, el Pleno del Constitucional se pronunció en contra de suspender la aplicación de la Ley del Aborto. Pero en esa deliberación se registraron votos cruzados: el progresista Eugeni Gay votó junto al núcleo conservador a favor de la suspensión. En cambio, los conservadores Guillermo Jiménez y Vicente Conde votaron con los progresistas e inclinaron la balanza en contra de dejar la ley en suspenso.

El voto particular en el que Gay explicaba su postura a favor de dejar en suspenso la ley del aborto fue toda una declaración de intenciones. A pesar de admitir que ni la Constitución ni la ley orgánica del Tribunal contemplan la posibilidad de dejar en suspenso una ley, Gay aseguró que "en este caso particular" procedía la suspensión ante la existencia de un "verdadero perjuicio irreparable, cual sería la eliminación de vidas humanas".

El magistrado recordaba después que la sentencia que despenalizó el aborto en 1985 lo definió como "un caso límite en el ámbito del Derecho", que exigía plantearse "el alcance de la protección constitucional del nasciturus". Y para Gay, es precisamente la protección de la vida humana la que "excepcionalmente" permite suspender la vigencia de la ley del aborto.

En cambio, el alineamiento de los conservadores Guillermo Jiménez y Vicente Conde con el sector progresista cabe interpretarlo como un seguimiento de una "reiterada y firme" doctrina constitucional: la de que tras la entrada en vigor de una ley estatal, no puede impedirse su aplicación mediante un recurso de inconstitucionalidad. Y ese fue el sentido del voto de los dos magistrados, independientemente de su postura sobre el aborto.

Al contrario que en el caso de Eugenio Gay, los votos de Jiménez y de Conde en contra de la suspensión no predeterminan en absoluto sus intenciones respecto al fondo del recurso. Antes al contrario, las impresiones recabadas apuntan exactamente a lo contrario: Jiménez y Conde votarán previsiblemente a favor de una sentencia contraria a la ampliación de los supuestos de aborto mediante una ley de plazos.

Naturalmente, el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, significado miembro del Opus Dei y primer firmante del recurso, no desconoce ninguna de todas estas circunstancias. Y ha comprendido que la oportunidad de tumbar la ley puede ser única. Pero solo en este momento.

Sobre el papel, a favor de la constitucionalidad de la ley votarían la presidenta, María Emilia Casas, y otros cuatro magistrados del bloque progresista. En contra, los cinco magistrados del bloque conservador y el católico Eugeni Gay. El resultado sería así de 6 votos a 5 en contra de la norma, lo que supondría declarar inconstitucional la ampliación de la ley del aborto.

En el caso de que el PP aceptase cumplir su compromiso y renovase a los magistrados que designa el Senado -que hace ya casi tres años que tendrían que haber sido sustituidos- saldrán del Tribunal el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata. En cambio, del bloque progresista saldrá solo la presidenta, María Emilia Casas.

Si como está previsto, de los cuatro nuevos magistrados que elija el Senado acceden dos de cada sector, los conservadores saldrían perdiendo un efectivo. En el Tribunal sólo quedarían los conservadores Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y los dos nuevos designados por el Senado. Aún con el voto de Gay, quedarían en minoría y el resultado de 6-5 recaería a favor de la constitucionalidad de la ley del aborto.

En el caso de que el PP optase por bloquear la renovación, posiblemente tendría que paralizar también la de los cuatro magistrados que deben ser renovados por el Congreso y cuyo mandato termina en noviembre. Antes de noviembre es casi imposible que hubiese sentencia sobre el recurso del PP contra el aborto. Y en noviembre tendrían que dejar el Tribunal el conservador Javier Delgado, y los progresistas Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay. Tras esa renovación, además de perder el previsible voto de Gay, los conservadores quedarían con una teórica inferioridad de siete magistrados frente a cinco. Una situación que difícilmente aceptarán los populares y más si la presidencia recae sobre un progresista.

Es increíble que un juez del Tribunal Constitucional, cuyas funciones fundamentales han de ser salvaguardar que hechos, leyes y situaciones estén siempre en consonancia con la Constitución de 1978, haga depender su voto de su ideología. Es un escándalo que los jueces del TC parezcan marionetas en manos de los partidos políticos. El descrédito no ha llegado solo a la política, sino también, y quizá aún más, a la judicatura.