PUBLICADO AYER EN EL HUFFINGTON POST
Hace unos 2.400 años vivieron en la ciudad
de Mégara, situada en el golfo de Egina, frente a la isla de Salamina, unos
hombres que formaban la escuela megárica, cuyo objetivo básico era cultivar la
verdad, siguiendo los pasos del recientemente fallecido Sócrates, así como el
arte de discutir y argumentar. Uno de sus más conocidos representantes fue
Eubulides, autor del argumento del cornudo:
“Lo que no has perdido lo tienes; no has perdido los cuernos, por lo tanto
tienes cuernos”.
Estos días pasados me he acordado
mucho de este argumento del cornudo, precisamente porque está quedando cada vez
más palmario que seguimos teniendo lo que no hemos perdido, por mucho que la
publicidad institucional y los mantras advenidos desde el poder pretendan
hacernos creer lo contrario. Formando un suculento bocadillo, entre el espíritu
de la transición y la sacra entronización de la monarquía parlamentaria (art.
1.3 Constitución) está metida la mortadela del Estado social y democrático
de Derecho (art. 1), con lo cual intentan hacernos
creer que la democracia y el Estado de Derecho están regidos por el principio de “la igualdad
ante la ley de todos los españoles, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (artículo 14), por
lo que todos podemos estar ya solazándonos en las cálidas playas de “una sociedad democrática avanzada” (Preámbulo).
Sin embargo, la realidad es terca y
descreída si pasa por el tamiz del tiempo y de la mente crítica de una persona.
Como botones de muestra, las leyes han ido haciéndose a imagen y semejanza de
los intereses de los legisladores y de los dueños de la sociedad donde moran
los legisladores; no pocas instituciones y privilegios permanecen tan incólumes
como en 1975; los dueños del cotarro siguen siendo los amos del cotarro; ningún
vigilante es vigilado por otros vigilantes y todo baila al son de los
mercaderes y los guerreros; proliferan no pocos pelotazos con impunidad. Cada
Consejo de Ministros democrático ha concedido el indulto a sus amigos y a los
amigos de sus amigos; los choricetes y los colgaos han dado con sus huesos en
la cárcel a las primeras de cambio, mientras desde el principio de nuestra
sociedad -dicen que democrática avanzada- unas fianzas de pacotilla o unas
cárceles de cinco estrellas han acogido a la gente de posibles, de buena
familia y de buenas costumbres; los multiseculares desequilibrios económicos,
políticos, sociales y culturales han ido últimamente en aumento; nadie ha osado
derogar aún el Concordato de 1953 entre la Iglesia Católica y el Estado español…
Efectivamente, estas y otras muchas cosas no las hemos perdido.
¿Por qué estos días pasados me he acordado
especialmente del argumento del cornudo? La sombra del artículo 56.3 de la
Constitución, difícilmente conciliable con el principio de igualdad de todos
los españoles (“la persona del
Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”) parece ser muy
alargada: no solo parece amparar en la impunidad e irresponsabilidad los
posibles negocios, chanchullos y andanzas de un monarca, actual o emérito, de
este Estado social y democrático de Derecho, sino también la de su familia. Efectivamente,
estamos constatando cómo el aparato del Estado se pone a disposición de uno de
sus miembros para su defensa y su salida de rositas de la quema. De hecho, en
defensa de la hermana del actual rey, la Infanta Cristina de Borbón y Grecia,
han acudido, además de la nutrida y cara (¿quién la paga?) defensa particular,
la Fiscalía, la Abogacía del Estado y cuantos nuevos informes de la Agencia
Tributaria fueren precisos. Puede que se ajuste a la ley, pero me suena y me
sabe a obsceno (de ob caenum, literalmente
"de la basura”), repulsivo, detestable.
Tengo la impresión de que, volviendo al sofisma del
cornudo de Eubulides, tenemos lo que no hemos perdido. Pretenden acogerse ahora
a la doctrina Botín, como si el nombre mismo pudiera sonarnos a una medida
legal democrática en beneficio del pueblo entero, y –para colmo- la Fiscalía que constitucionalmente tiene como cometido
(art. 124 Constitución) “promover
la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de
los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y
procurar ante éstos la satisfacción del interés social” insiste en que sentar en el banquillo a la infanta Cristina es un caso
único y una discriminación. Sin embargo, la mayor singularidad es la propia
actuación de la fiscalía y sus constantes descalificaciones al juez instructor,
José Castro.
Vale, lo acepto, Eubulides, tenemos
lo que no hemos perdido, tenemos cuernos, unos cuernos muy bien puestos, pues
nos ha tocado vivir en un país donde la abogada del Estado, Dolores Ripoll,
defensora de facto también de la Infanta, afirma que eso de que “Hacienda somos
todos” es un decir, un eslogan publicitario no aplicable a derecho. Es decir,
una nueva versión de la paradoja del mentiroso Epiménides, el cretense, cuando
afirma que todos los cretenses mienten (¿verdadero o falso?).
¿Cómo no terminar siendo unos cornudos si el propio
Francisco de Quevedo dejó escrito?:
Siempre tenemos razón para ser cornudos: porque si la
mujer es buena, comunicarla con los prójimos es caridad; y si es mala, el
alivio propio.
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