Dueños de nuestra propia suerte

Publicado hoy en El Periodico de Aragón

En la Grecia y la Roma clásicas, la ocupación filosófica prioritaria era cómo llegar a ser feliz, es decir, cuál es el camino que conduce a una forma de vida y un estado de ánimo que proporcionen auténtico placer y ayuden a asumir de forma positiva las desgracias y las frustraciones. La gente amaba la vida e intentaba pasarlo bien, ahuyentando en lo posible la tristeza y los estados depresivos. En resumidas cuentas, querían llevar una vida buena y una buena vida, por lo que también aceptaban con naturalidad que la muerte debía ser igualmente buena y digna. Acabar con la propia vida era un derecho socialmente aceptado, e incluso la ley romana contemplaba el suicidio por cansancio de vivir como un motivo aceptable, ya que la vida pertenece solo a cada persona, que tiene plena autonomía para decidir libre y responsablemente cómo vivir y cómo morir bien.

Sin embargo, en esa misma época los esclavos y los soldados tenían prohibido suicidarse. Para el resto, se trataba incluso de un acto honorable, pero soldados y esclavos no tenían ese derecho porque su vida no les pertenecía: los soldados pertenecían al Estado y los esclavos, a su amo. Salvo en esos casos, consideraban que bien vivir y bien morir es un acto de libertad personal, que nadie puede suplantar o vedar, de tal modo que cualquier pretensión de controlarlo atentaría contra el derecho inalienable de todos y de cada uno a decidir sobre su vida y su muerte con plena autonomía.

Pues bien, los obispos católicos hispanos vuelven a arremeter contra la timorata Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida (conocida como ley de muerte digna) prevista para el próximo período de sesiones parlamentarias. Hace unas fechas, el jerarca supremo del catolicismo visigótico, Rouco Varela, concertó con el católico militante ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que la iglesia católica no se opondría a la mencionada Ley, al menos hasta que el señor Ratzinger hubiese visitado Madrid en agosto para la Jornada Mundial de la Juventud y hasta haber constatado la colaboración del Gobierno español en el éxito de dicha Jornada. Sin embargo, los obispos y las facciones más reaccionarias de entre las huestes católicas ven en los plácidos molinos de viento de esa Ley un intento de "colar la eutanasia", comparándola con "la matanza de ancianos", por lo que vuelven a expresar su condena respecto de la Ley de muerte digna.

Lo que realmente está en juego es la autonomía y la libertad de cada persona. Los obispos critican "una concepción de la autonomía de la persona como prácticamente absoluta", pues afirman que la vida y la muerte pertenecen en último término a su dios, del que se declaran servidores e intérpretes. Poco hay que comentar a este respecto: si así lo creen, no tienen más que vivir y morir como crean conveniente, siempre que tuvieren claro que a los demás nos asiste el derecho fundamental e inalienable de decidir libre y responsablemente cómo vivir y morir bien y dignamente, y que nada ni nadie puede negar o controlar tal derecho. MI autonomía es absoluta, pues depende de mí, solo de mí y nada más que de mí mismo. Mi vida y mi muerte no pertenecen a nadie, salvo a mí mismo, puesto que no tengo amo ni dueño.

En cualquier caso, la iglesia católica hispana no tendría el poder que tiene si las instituciones públicas del Estado no se lo otorgasen de facto. Rouco Varela tendría los mismos derechos y obligaciones, ni uno más ni uno menos, que mi vecino de escalera, si Zapatero, Jáuregui, Bono o Juan Carlos de Borbón le reconociesen el mismo poder y los mismos privilegios que a cualquier otro ciudadano. La iglesia católica sigue recibiendo más de 10.000 millones de euros al año porque hasta el momento no ha habido un Gobierno o un Parlamento que hayan resuelto derogar el Concordato de 1953 y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Vaticano. La iglesia católica podría celebrar como cualquier otra institución privada su Jornada Mundial de la Juventud con tal de que pagasen de su bolsillo los viajes y los fastos, sin que el 50% estuviese financiado con dinero público, sin que Esperanza Aguirre obligase a los centros públicos de enseñanza madrileños a entregar llaves, abrir puertas y poner a disposición funcionariado público a los católicos que acuden a tal evento privado.

En 1974, 40 personalidades de la ciencia y de la cultura, entre ellas tres premios Nobel, dieron a conocer un Manifiesto sobre la eutanasia, que, entre otras cosas, dice: “Creemos en el valor y en la dignidad del individuo. Esto implica que se le trate con respeto y se le deje libre para poder decidir razonablemente sobre su propia suerte”.