UNA PRIVATIZACIÓN QUE SALDRÁ CARA, por A. Piazuelo

Por Antonio Piazuelo

Este pasado mes de julio, casi con agostidad y sin un debate medianamente serio entre la ciudadanía, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la privatización de un 49% del servicio de saneamiento y depuración de aguas –junto con algunos flecos más-, encomendado a una nueva sociedad municipal, Ecociudad Zaragoza, en la que el Ayuntamiento mantendrá el 51% de las acciones. Esta privatización parcial de un servicio esencial para la ciudad contó con el voto favorable de PSOE, IU y CHA, mientras el PP se oponía porque, en palabras de su concejal Jorge Azcón, no quería “ser cómplice de malvender un patrimonio muy importante”. O sea, que los grupos de izquierda son partidarios de privatizar un servicio público y la derecha no lo es (el mundo se volvió del revés, podría pensar alguno). En las líneas que siguen trataremos de ver qué hay detrás de este aparente y confuso sinsentido y de analizar las consecuencias que esta decisión tendrá sobre los zaragozanos.

A la confusión contribuyen, desde luego, algunas perlas que ha aportado la discusión en pleno. Por ejemplo, la de los portavoces de CHA e IU, señalando que “el modelo elegido es un sistema mixto que permite al Ayuntamiento seguir manteniendo el control de la gestión del agua”. Y el propio Pablo Muñoz (IU) se felicitó porque esta privatización, dice, es “un avance hacia la remunicipalización del servicio de vertidos”. Sin contar con el vicealcalde, Fernando Gimeno, que recordó que todas las instalaciones siguen siendo propiedad del Ayuntamiento. Ignoramos qué cosa pueda ser eso de “remunicipalizar” un servicio que ya era responsabilidad y competencia municipal, y mucho menos entendemos qué ventaja se obtiene de “seguir manteniendo el control de la gestión del agua” y de que las instalaciones sigan siendo propiedad del Ayuntamiento. Como mucho, eso significa que esas cosas siguen como estaban.

El caso es que ya advertimos, cuando se creó la Sociedad Municipal del Agua que ése era el paso previo a la privatización del servicio, total o parcial pero privatización en todo caso. Y así ha sido porque, se diga lo que se diga, lo único cierto es que, al vender el 49% de las acciones al capital privado, lo que ocurre es que esa empresa pública se convierte en empresa mixta con un 49% de capital privado, y disculpen la perogrullada. De lo que se derivan dos consecuencias tan claras como el agua recién depurada:

La primera es que la gestión del agua ya no estará controlada por al Ayuntamiento y que la sociedad gestora se regirá por las leyes que regulan las sociedades. O sea que el capital privado opinará, decidirá y votará. Y, como es lógico y natural, hará todas esas cosas en función de sus propios intereses, como ocurre en todas las sociedades. ¿Es tan difícil entenderlo?

La segunda es que todas las partidas de gasto que soportan el ciclo del agua (¿unos 30 millones de euros?) salen fuera del presupuesto municipal. Eso abre dos posibilidades: una es no gastar ese dinero y destinarlo a pagar deuda, y la otra es aplicarlo a otros gastos. Esto último es lo que se ha decidido, para garantizarse el voto de IU y CHA.

¿Por qué es eso tan importante para los dos partidos? Muy sencillo: porque así justifican su apoyo al denostado Juan Alberto Belloch ante sus bases y su electorado. Lo que tampoco garantiza que ese dinero vaya a destinarse realmente a las partidas propuestas por CHA e IU. Pensamos que es muy posible que finalmente no se ejecuten los gastos previstos en las modificaciones de crédito que se realicen o, por lo menos, así lo ha hecho el responsable de Economía hasta ahora en todos los acuerdos presupuestarios. Y la verdad es que este detalle no parece preocupar demasiado a los dos partidos en los que se apoya Belloch para gobernar. El objetivo, digámoslo con claridad, es que se mantenga la actual situación, con ellos fuera del gobierno municipal, para seguir pescando en su caladero particular de votos, tal como señalan las encuestas y corrobora el sentido común.

Lo malo es que todo esto tiene un precio, y un precio que van a pagar los ciudadanos de Zaragoza con sus impuestos porque dudo mucho que alguien sea capaz de creer que la compra del 49% del capital de la sociedad por inversores privados vaya a resultar gratis o que los inversores aporten su dinero de manera desinteresada. Parece otra perogrullada decir ahora que el capital privado tiene la obligación (incluso la obligación legal) de intentar ganar dinero con sus inversiones, de manera que podemos ir contando con que, al gasto del ciclo del agua, habrá que añadir los beneficios que sin duda obtendrá el capital invertido. Lo que quiere decir, según nuestros cálculos, que los zaragozanos habrán de contribuir con un mínimo del 40% más de lo que antes estaban pagando. Y, si no, al tiempo.

Pero no parece que tal cosa importe mucho. De momento se ha conseguido lo que se pretendía mantener la estabilidad del equipo de gobierno en el Ayuntamiento. Una estabilidad que beneficia a todos porque los dos partidos que le apoyan (CHA e IU) obtienen los beneficios políticos deseados y los apoyados mantienen sus cargos. Por cierto, retribuidos con sueldos que están entre los más altos de España.