Aeropuertos sin aviones y balanzas desequilibradas

Publicado en El Periódico de Aragón el 30 de marzo

La semana pasada el presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, el hombre con más suerte del mundo por la cantidad de veces que le ha tocado el Gordo de la lotería, inauguró el aeropuerto de Castellón, un aeropuerto sin aviones, pues ni siquiera están iniciados los trámites para que los aviones puedan volar hasta allí, y que ha costado a las arcas públicas 151 millones de euros. El señor Fabra ha introducido así un cachivache más (aeropuertos sin aviones) en el universo de los entes inútiles: paraguas sin lluvia, música sin sonido, libros sin palabras, bombillas sin electricidad, colegio sin alumnado o gaviotas sin vergüenza.

Al señor Fabra, que cuenta con una escultura en su honor de 24 metros de alto y 18 de diámetro en la entrada del aeropuerto, le ha vuelto a tocar la lotería: tras estar imputado, entre otras cosas, en cinco delitos fiscales tras haberse detectado 3,6 millones de euros de origen no justificado entre 1999 y 2003 y un fraude a las arcas públicas de 1,7 millones de euros, la Audiencia de Castellón resolvió archivar cuatro de los cinco delitos fiscales, por entender que estaban prescritos. Remitiéndonos a los hechos contantes y sonantes, al currante y al ciudadano de a pie nunca les prescribe nada, pero la gente que mangonea el cotarro de lo público y del dinero tiene una suerte enorme en asuntos fiscales, financieros y judiciales.  Sin embargo, el caso Fabra no es algo excepcional, sino una gota más en la calma chicha de las aguas judiciales.

Otra gota más: en unas semanas se cumplirá un año de la hiperideologizada sentencia de una Sala de lo Contencioso de Zaragoza sobre un recurso de la asociación aragonesa MHUEL en relación con la presencia de símbolos confesionales en los espacios públicos del Ayuntamiento de Zaragoza. No se trata de que el Tribunal avalase o no la postura del alcalde Belloch sobre el asunto, sino de los fundamentos, sesgadamente ideológicos, en que se basó la sentencia. El Derecho y la aplicación de la ley no funcionan como la matemática, la lógica formal o la metodología científica, pero en ningún caso deberían ser reflejo y aval del poder establecido y de quienes realmente tienen la sartén por el mango en la sociedad donde vivimos el resto de los mortales.

Algo similar tuvo lugar a finales de febrero cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazaba el recurso del doctor Luis Montes y otros 39 trabajadores del hospital “Severo Ochoa” de Leganés exigiendo una indemnización moral y económica por daños y perjuicios a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, promotora institucional de la denuncia, al haberse producido "no solo una sensación de enorme miedo, desconfianza y alarma social en los ciudadanos sino también un daño en la dignidad, honor y buen nombre" de los trabajadores.  Previamente, la Audiencia Provincial de Madrid había ratificado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por las presuntas sedaciones irregulares y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había desestimado la responsabilidad patrimonial de la Administración regional por los daños y perjuicios causados por la actuación de las autoridades y personal al servicio de la misma.

Suele simbolizarse la justicia como una mujer con los ojos vendados que sostiene una balanza, pero a veces da la impresión de que ha dejado la venda a un lado y que el fiel de la balanza no está siempre equilibrado. Partiendo de que buena parte de los jueces y las sentencias se encaminan a hacer justicia (en el mejor y pleno sentido del término), no deja de sorprender en algunos casos la carencia de ecuanimidad, equilibrio y sensibilidad de algunos tribunales. No tiene explicación, por ejemplo, que incluso el Tribunal Supremo no haya valorado realmente el daño infligido en lo moral, lo profesional y lo social a los cuarenta trabajadores sanitarios del Hospital “Severo Ochoa”, de Leganés, legitimando, de hecho, indirectamente la persecución política e institucional a unos ciudadanos.

El mundo del Derecho debería ser muy consciente de que en un país democrático puede fallar el poder ejecutivo o el legislativo y proceder a su renovación sin grandes traumas, pero el mal funcionamiento o el descrédito del Poder Judicial puede acarrear gravísimos daños en el sistema y las reglas  de convivencia que nos hemos otorgado.

Escribe Marx que las leyes y el poder judicial de una nación forman parte de su superestructura: el conjunto de elementos e instituciones jurídico-políticas e ideológicas, tales como el derecho, el estado, las religiones,, etc., que están en función de los intereses de los grupos e intereses dominantes en una sociedad. El mundo de las leyes y las sentencias sería entonces un fiel reflejo y serviría de aval y justificación del sistema económico y político imperante.