Democracia y Estado laico

 Publicado hoy en Diario del Aire

Todos los seres humanos tenemos derecho a conducir nuestra vida libre y responsablemente, según los dictados de nuestra propia conciencia. Asimismo, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. En consecuencia, no puede haber verdadera democracia sin estar basada en la realización efectiva de esa libertad y esa igualdad en plena paridad de condiciones.

Sin embargo, en muchas zonas del mundo no han sido respetadas la libertad y la igualdad en lo que respecta a las ideas y las creencias. Por ejemplo, desde el emperador Constantino (que oficializó el cristianismo en el Imperio) y el emperador Teodosio (que lo declaró a sangre y fuego única religión del Imperio), el cristianismo ha tenido patente de corso en Europa, en España y en otros muchos lugares del mundo, de tal forma que ha creado desde entonces una simbiosis fuertemente arraigada entre el poder civil y el poder eclesiástico. La historia de Europa y de España es, desde este prisma, la historia del mutuo sostenimiento del poder eclesiástico y el poder civil, sin el pueblo o con el pueblo marcadamente marginado.

No obstante, sobre todo desde la Ilustración, la ciudadanía ha ido sintiendo cada vez más la necesidad de la separación real de las instituciones públicas del Estado respecto de las instituciones privadas, principalmente de signo confesional. Esta reivindicación histórica es ni más ni menos el laicismo, que no niega o busca la aniquilación de las creencias y las confesiones religiosas, sino solo situarlas en el ámbito –privado- al que pertenecen.

La verdadera libertad religiosa, siendo un derecho, consiste en que cada confesión y cada ciudadano pueda opinar, decir, hacer o dejar de hacer lo que crea pertinente en el ámbito de lo privado y de su conciencia personal, pero en ningún caso debe olvidarse que la libertad religiosa es un hecho más dentro del marco general de la libertad y de las libertades cívicas. La libertad religiosa no debe sustituir o ir en menoscabo de la libertad de conciencia, por lo mismo que ninguna opción de conciencia debería atentar contra la libertad religiosa. Todas las libertades son manifestaciones de la libertad, sin otros elementos calificativos o determinativos, y cualquier intento de monopolizar esa libertad en nombre de una determinada creencia es un desvarío. La libertad es del ser humano, lo constituye como tal, le otorga dignidad. La libertad es de todos y de cada uno, sin excepción, pertenece al pueblo, a todo el pueblo. Esto es lo que pretende significar el laicismo. De ahí que la libertad sea sustancialmente laica. Por eso el laicismo garantiza la libertad de todos: el laicismo es libertad.

Sobre esta base, el Estado no ha de tener realmente confesión alguna, como tampoco ninguna confesión debe tener carácter estatal. En consecuencia, ninguna religión tiene derecho a imponer sus creencias y sus normas de conducta en una sociedad. El laicismo, pues, es un principio indisociable de la democracia, que garantiza el respeto en igualdad de condiciones a todas las creencias, con tal de que no entren en contradicción con las leyes fundamentales comunes a toda la ciudadanía. 

Por otro lado, decir que un Estado ha de ser laico equivale a afirmar que ese Estado es aconfesional; es decir, no asume como propia e identitaria ninguna confesión (tal como indica la partícula privativa o afijo “a” del término “aconfesional”). En un Estado laico todos han de ser iguales, de tal forma que  ninguna ley o norma privada, por muy importante que algunos la supongan, pueda o deba aspirar a regir la vida de los ciudadanos. En otras palabras, solo el Estado aconfesional es capaz de garantizar el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de la libertad de conciencia, base común de las demás libertades, incluida la libertad religiosa o de culto.

Sin embargo, ciñéndonos al estado de cosas existente en España, buena parte de sus instituciones públicas (locales, autonómicas y estatales), así como sus actos públicos (tomas de posesión de cargos, funerales de Estado, celebraciones, etc.) están estrechamente vinculadas multisecularmente con la iglesia católica (a modo de ejemplo, misas, procesiones, presencia de símbolos religiosos en lugares públicos, y –principalmente- un Concordato aún vigente entre la Iglesia Católica y el Estado español del régimen dictatorial de Franco y unos Acuerdos firmados en 1979).

De ahí que sea imprescindible reivindicar  unas instituciones públicas independientes de cualquier condicionamiento proveniente de las instituciones de carácter privado, pues constituyen el espacio público, común a toda la ciudadanía. Por lo mismo, los representantes públicos deben ejercer sus cargos desde los principios de libertad e igualdad para toda la ciudadanía, de tal forma que, cuando actúen en calidad de tales, han de hacerlo desde la universalidad y la neutralidad, y en ningún caso desde la confesionalidad.

Si las instituciones educativas han de ser viveros activos donde se forman personas libres, con criterio propio, autómomas, comprometidas, solidarias y profesionalmente bien dotadas, la escuela ha de ser igualmente pública y laica, capaz de garantizar efectivamente la libertad de conciencia y de expresión, en plena igualdad de condiciones.

De no ser así, no estaremos hablando de verdadera democracia, sino de patrañas propagandísticas al servicio del poder.