Artículo a publicar mañana en El Periódico de Aragón
Publicado en El Pweriçodico de Aragón
Publicado en ATTAC España el 9 de julio
Publicado en ATTAC Murcia el 9 de julio
Publicado en ATTAC España el 9 de julio
Publicado en ATTAC Murcia el 9 de julio
Mucho
se ha dicho y escrito en los medios acerca de las cumbres del G-20 o de los
países de la eurozona, la prima de riesgo, la crisis del euro o los dictámenes
de algunas agencias de calificación. En un alarde de eufemismos, se habla de
recapitalización de la banca, comportamiento de los mercados o supuestas
actuaciones paraheroicas del Primer Ministro italiano Monti, pero no se dice una sola palabra sobre otros temas, aún más
decisivos.
Por
ejemplo, ni Merkel ni Hollande ni Monti ni Obama ni Rajoy ni nadie parecen estimar importante el saneamiento de la
economía sancionando y suprimiendo los paraísos fiscales donde bancos y
empresas mueven a su antojo el dinero negro que sus clientes quieren ocultar al
fisco, facilitando así la evasión fiscal y los delitos económicos (cosa que
hacen casi los bancos y las cajas, así como buena parte de las grandes empresas
españolas). Tampoco quieren enmendar que una gran parte de los beneficiarios de
las ayudas agrarias de la UE en España
son grandes familias vinculadas con una caduca nobleza aún no extirpada y
algunas Congregaciones religiosas católicas.
Tampoco quieren corregir las políticas fiscales regresivas
que siguen padeciendo precisamente los países más castigados por la crisis
(Grecia, Irlanda, Portugal y España), con la consiguiente escasez de ingresos
por parte de sus respectivos Estados. A modo de ejemplo, mientras España
recauda el 32% del PIB, Suecia percibe el 54%, debido básicamente a que sobre
todo las rentas superiores pagan aquí muchos menos impuestos.
Hay quien ahora se rasga las vestiduras porque el Gobierno
español, siempre sumiso y obediente a los dictados provenientes de Bruselas,
anuncia que subirá los impuestos (en realidad, se está refiriendo únicamente al
IVA sobre productos básicos que afectan al 60% de la cesta de la compra),
ocultando que se cuidarán muy mucho de pedir cualquier esfuerzo fiscal
suplementario a las rentas altas y obviando así cínicamente que las empresas
españolas más importantes siguen obteniendo grandes beneficios, mientras los
trabajadores van perdiendo año tras año poder adquisitivo, pues sus salarios
cada vez disminuyen más respecto de la tasa de inflación.
Merkel llama a los recortes que sufre el pueblo
“contraprestaciones” (Gegenleistungen), pero en realidad se trata del
desmantelamiento sistemático del modelo de sociedad y del estado del bienestar.
Asimismo, la distancia entre las rentas salariales altas y bajas en España cada
vez es mayor, pero a los dirigentes hispanos y europeos este hecho parece
traerles sin cuidado.
Si el Gobierno de Rajoy quisiera hacer desaparecer la
economía sumergida (aproximadamente, el 23% del PIB: unos 245.000 millones de
euros), contaría con unos 38.500 millones de euros anuales más para reducir el
déficit. Si tuviese intención de combatir el fraude fiscal (unos 90.000
millones de euros), si se acercase a la política fiscal existente en muchos de
los países de la UE para los más ricos recaudaría otros 2.500 millones. Si
recuperase el Impuesto sobre el Patrimonio, podría ingresar otros 2.100
millones y si recuperase el tramo pagado por las grandes empresas en su
Impuesto de Sociedades (35%), obtendría 5.300 millones. Si acabara, en
fin, con los privilegios económicos
y fiscales de la Iglesia Católica, tendría en sus arcas 11.000 millones más.
Sin embargo, en Madrid y Bruselas se opta por todo lo
contrario: recortes en servicios públicos básicos, bajos salarios, reformas
laborales a favor exclusivamente del empresariado, disminución del gasto
público y desregulación plena de las finanzas en beneficio de los grandes
intereses de “los mercados”. Todo, pues, sin el pueblo y en detrimento de los
derechos y del bienestar del pueblo.
Es preciso exigir una comisión que depure las
responsabilidades de la crisis en España, en Europa y en el mundo, que lleve a
tribunales a sus responsables, que audite públicamente la génesis y el
desarrollo de la deuda descomunal generada, que establezca la posible
ilegitimidad de no pocos contratos y pactos. Es preciso exigir un referéndum
español y/o europeo sobre las medidas económicas adoptadas en detrimento del
bienestar del pueblo.
Pero sobre todo, por mucho que se silencie o se mencione
solo con la boca pequeña, es imprescindible poner inmediatamente en marcha un
ITF, Impuesto sobre las Transacciones Financieras, realizadas en Europa y en el
mundo (respaldado ya recientemente por el Parlamento Europeo), capaz de regular
y redistribuir la actividad económica en el mundo. Aplicando simplemente el
0,3% o el 0,5% a tales transacciones, básicamente de carácter especulativo (4
billones de dólares diarios en los mercados de compraventa de moneda y 700
billones de dólares en los mercados de derivados), España recaudaría cada año 6.300 millones de
euros, Europa, 586.000 millones y todo el planeta más de 1,3 billones.
Con el ITF la especulación, la
explotación y la miseria quedarían sustituidas por unos servicios básicos
(sanidad, educación, agua potable, infraestructuras…) dignos y suficientes para
todos los seres humanos que vivimos en la Tierra, una sociedad más justa y un
mundo sostenible.
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