viernes, 23 de octubre de 2015

El 135, señor Sánchez, el 135




PUBLICADO HOY EN EL HUFFINGTON POST
El socialismo español ha ido últimamente presentando novedades polémicas y propuestas para su programa como si fuese el protagonista  redivivo de aquel videojuego de Super Mario Bros. Por un lado, nos ha presentado como fichajes craks a la exdiputada de UPyD, Irene Lozano, y a la excomandante Zaida Cantera. Por otro, con el fin de remediar los males de una enseñanza esquilmada y recortada especialmente en los últimos cuatro años, propone ampliar la educación obligatoria desde los 0 a los 18 años y sacar la asignatura de religión de las aulas en horario lectivo a fin de hacer efectiva la escuela laica, lo cual ya prometieron Zapatero y Rubalcaba con el resultado, una vez tocado poder, de dejar las cosas como estaban e incluso donar más dinero aún a la Iglesia Católica. De ahí que sea tan creíble como las propuestas anteriores su enésimo compromiso de revisar el Concordato de 1953 y los Acuerdos de 1979 entre el Estado Español y el Estado del Vaticano.

Entre otras muchas cosas, dicen también el socialismo español y su secretario general, Pedro Sánchez, que subirán el salario mínimo, que habrá mayor cobertura para las personas desempleadas y menos corrupción, que se cerrará las puertas a los indultos y se limitará los aforamientos. Hablan también de no contratar con empresas que se muevan financieramente en paraísos fiscales, aunque guardan silencio de la regulación e imposición de tasas de todos los flujos financieros que se producen en ese mundo gaseoso y tramposo denominado “mercado”, paraísos fiscales incluidos.  

Sin embargo, abriéndome paso entre tanta maleza propositiva, busqué ante todo la llave maestra de cualquier intención o propuesta política posible: el artículo 135 de la Constitución, que garantiza la prioridad de pagar a los acreedores (por mucho que esos acreedores –bancos y otras entidades financieras-  hayan contribuido sustancialmente a aumentar la deuda pública) a satisfacer los servicios y las necesidades sociales fundamentales de la ciudadanía.

Mientras el artículo 135 consagre, mediante el eufemismo de “estabilidad presupuestaria”, que bajo ningún concepto el Estado y las Comunidades Autónomas podrán “incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”, los Presupuestos Generales, los programas electorales y cualquier medida de gobierno estarán bajo la vigilante mirada de la Troika financiera: el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Sánchez y el socialismo español pueden proponer y prometer lo que crean conveniente, pero la realidad cruda y nuda es que ellos mismos nos dejaron atrapados en un sistema económico garantizado por el artículo 135, que nos condena a ser perpetuos deudores y al desmoronamiento definitivo del anterior estado del bienestar.

Como es sabido, el 23 de agosto de 2011, en plena siesta veraniega del fauno y del pueblo español, el Presidente socialista del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo socialista en el Congreso y el Senado, junto con el Partido Popular y UPN, reformaron  sin fisuras con su 90% de diputados y senadores el citado artículo 135, con la oposición del resto del Parlamento, y sin que fuese solicitado un referéndum por un 10 % de los representantes de una de ambas Cámaras dentro del plazo previsto, según establece la Constitución española, sagrada e inviolable solo cuando le conviene al poder.

Al parecer, en febrero pasado, Pedro Sánchez se comprometió a llevar al Congreso la reforma del artículo 135 de la Constitución, pero al Politburó socialista español le parece ahora complicada tal propuesta. Quiere reformarlo, pero solo si y cuando se reforme la Constitución en su conjunto. Es igual. De poco sirve prometer el oro y el moro sobre educación, sanidad, renta básica, pensiones, dependencia, vivienda…, mientras quienes tienen la última y definitiva palabra sean la Troika y su artículo 135 de la Constitución Española. Por el momento, consideradas las previsiones de déficit, ya han calculado que al Gobierno del 2016 le tocará recortar (ajustar un punto porcentual del PIB, según la jerga oficial del sistema) de 10.000 a 12.000 millones de euros y decidir de dónde recorta y a costa de qué recorta. Ese será su verdadero programa: no el programa de las palabras, sino el de los hechos. Comenzando por no tocarlo o por hacer que el artículo 135 de la Constitución española esté al servicio prioritario de los derechos y las necesidades fundamentales de la ciudadanía.



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