Con verdadera estupefacción leía en este diario que el Consejero
de Sanidad, Bienestar Social y Familia del
Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván Bellosta, ha creado un incentivo de hasta 12.000
euros para los médicos que prescriban medicamentos de una forma “racional”. Emmanuel Kant dio un brinco en su tumba
al conocer la aplicación de la racionalidad al mundo de las recetas, pero
pronto regresó a su descanso eterno cuando vio que aquella racionalidad nada tiene
que ver con la razón (teórica y/o práctica), sino solo con la ración y el
ahorro, pues el señor Oliván quiere que el médico recete ahorrando “para el
sistema sin disminuir la calidad en la prestación farmacéutica que reciben los
pacientes". O sea, menor ración de tarta y tarta más barata, pero sin
llegar necesariamente al hambre.
El Consejero aragonés de Sanidad sabe de economía y de comercio, ámbitos donde ha estudiado y
trabajado, y quizá también (milagros más portentosos ha sancionado la iglesia
católica) de sanidad, de la que es Consejero por obra y gracia de la Presidenta
Rudi. Quizá por eso habla primordialmente de ahorro, incentiva al médico
que ahorra, jubila a los especialistas más experimentados para ahorrarse unos
euros, quita camas de hospitales, aumenta listas de espera, trasvasa a la
privada cuanto puede o frena en seco la construcción de hospitales en evitación
de posibles riesgos sísmicos. La cosa es ahorrar en aras del dios Reducción del
Déficit, aunque personalmente se le
olvide, por ejemplo, ahorrar en coche oficial y chófer para su trayecto diario de
Huesca a Zaragoza y viceversa. Con lo ahorrador que sería viajar en autobús y,
de paso, darse un baño de pueblo, de gripes y estornudos colectivos, de
conversaciones diarias sobre cuánto hay que esperar para una radiografía o una
mamografía…
El Consejero quiere curarse en salud (nunca mejor dicho) y
asegura que el ahorro en prescripciones “racionales” de medicamentos no va en
menoscabo de la salud del paciente, por lo que se enzarza en una maraña de parámetros,
gastos y desembolsos, para concluir que “no se incentiva el ahorro” sino “recetar
lo que se tenga que recetar, en su justa medida" (versión autóctona del vacuo
“hacer lo que hay que hacer” y “hacer lo que Dios manda y como Dios manda” de Rajoy).
Sin embargo, al Consejero Oliván le traiciona el
subconsciente y puntualiza que el aumento del incentivo hasta 12.000 euros (hasta
ahora se incentivaba con dos días libres por cuatrimestre o hasta 400 euros) persigue
como objetivo “premiar al profesional que trabaja bien", lo que hace
presuponer que el resto de los médicos trabaja no-bien, es decir, mal. ¿Insinúa Oliván que los médicos que recetan según un criterio deontológico
médico no coincidente con los criterios incentivadores del Consejero trabajan
mal o se apartan del Juramento Hipocrático (“en cualquier casa que entre, lo
haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de
toda corrupción”)? ¿Le parece ético al Consejero apuntar que conseguir tales
incentivos de hasta 12.000 euros es "una manera de recuperar el poder
adquisitivo" perdido por los médicos “tras las recientes supresiones de
complementos retributivos”?
El médico cura o trata de curar, y cualquier otra
consideración es pervertir la esencia misma de la profesión médica y sus
valores. Un médico debe recetar lo que considera más adecuado para cada
paciente, ni más ni menos. Aristóteles
ya se refería al cuidado de la salud como la función “natural” del médico, con
independencia de que un médico sea europeo o australiano, socio de Madrid o del
Barça, ahorre o no. El médico está para atender lo mejor posible la salud del
paciente. Y punto pelota.
Paralelamente, leía en este diario que el Gobierno aragonés
ha dado el visto bueno a un convenio de colaboración (223.926 euros) entre el SALUD
y una Congregación religiosa para dar prestación farmacéutica a los pacientes
residentes en un centro neuropsiquiátrico zaragozano fuera de los cauces
habituales de distribución y dispensación de medicamentos, a fin de evitar los
“problemas funcionales, económicos y de disponibilidad” que conlleva
adquirirlos a través de las oficinas de farmacia, como el resto de la
ciudadanía. Los profesionales farmacéuticos difícilmente entenderán esta medida
(no viven del aire, ni siquiera del tiempo empleado, sino solo de esos márgenes),
como tampoco puede comprender esa diferencia social cualquier persona enferma residente
en su domicilio particular, que paga en medicamentos el copago, el repago y
cuanto le digan.
La Ley 6/2002 de Salud de Aragón establece que el derecho ““a obtener los medicamentos y productos
sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer
su salud” (II,4,1 d) ha de llevarse a cabo “sin discriminación alguna por razón
de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal, económica o social” (II,4,1 a).
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