La Presidenta de Aragón, L.F. Rudi, anuncia más recortes (“un
ajuste presupuestario a la altura de lo que se necesita”) para hacer frente al
déficit, pero “sin suprimir el compromiso social”. En otras palabras, más eufemismos
y medias verdades para dar otra ración de lo mismo: recortes. Como una cosa es
“suprimir” y otra “sustraer”, la señora Rudi no suprimirá el “compromiso
social” (¿cuál?), sino que sustraerá lo que haga falta de donde siempre ha sustraído:
lo social (sanidad, educación, prestaciones sociales varias…). No otra cosa es
lo que hasta ahora han hecho las Consejerías de su Gobierno, principalmente las
regidas por el señor Oliván y la
señora Serrat.
La Presidenta Rudi no esconde su enfado
por las cuentas sobre el déficit aragonés que ha publicado el ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro. Sin embargo, le hemos oído pocas quejas por las cifras de
desempleo, la disminución de ayudas a desempleados, el abandono real y efectivo
de las personas dependientes, la supresión de aulas, la imposibilidad de
enseñar en un aula atestada de alumnos de todo tipo y condición, la escasez de
profesorado, la creciente precariedad y explotación de ese bodrio laboral denominado
“ creación de empleo”, las listas de espera en los hospitales públicos, etc.
existentes en Aragón. Los dedos de Montoro y Rudi señalan el mismo sol para con
los mismos macrodiscursos cegar los ojos de una ciudadanía cada vez más
empobrecida y más privada de los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Aragón de abril de 2007. Y
si, de hecho, dan la espalda a estos derechos y libertades, ¿para qué gobiernan
entonces?
La ciudad de Zaragoza, a su vez, observa
el conflicto simultáneo de dos colectivos de trabajadores pertenecientes a
sendos servicios municipales: el transporte público y el área de parques y
jardines. Se pongan como se pongan los gobernantes municipales socialistas, los
grupos que los apoyan (IU y CHA) y el grupo opositor del PP, se trata de
servicios municipales (repito, municipales), de los que posteriormente se
encarga una empresa privada (en este caso, Urbanos de Zaragoza y FCC). Una
concesión municipal no significa que a partir de la fecha de hacerla efectiva
deje de ser municipal o el Ayuntamiento pierda su responsabilidad con la
ciudadanía a la que está destinada ese servicio y con el personal laboral
perteneciente a la empresa. Por mucho que los munícipes se disfracen de
Tartufos, una empresa privada asume un servicio público -en este caso,
municipal-, por los mismos motivos y objetivos que cualquier otra empresa
privada: obtener cuantos más beneficios, mejor.
Tengo entendido que el personal laboral
de TUZSA ofreció al Ayuntamiento en pleno conflicto laboral la posibilidad de
constituirse en empresa pública en régimen cooperativo, cuyos servicios y
estructuras estarían al servicio sin intermediarios de la ciudadanía y cuyos
beneficios revertirían también sin intermediarios en creación de empleo y
mejora de los servicios de trasporte urbano. Dicha oferta fue desoída por los
grupos municipales, unos por defender a ultranza la bondad de lo privado frente
a lo público, otros por ahuyentar cualquier tipo de problemas que perturbaren
su muelle y luenga holganza en sus poltronas municipales, otros por misteriosas
razones que mi mente no llega a alcanzar. El hecho es que desde entonces son
difícilmente creíbles los discursos sobre lo público provenientes de una
supuesta izquierda que tuvo en sus manos la posibilidad de organizar desde
parámetros públicos una empresa al servicio del pueblo, sin intermediarios que obtengan
sus beneficios recortando plantillas, bajando salarios y endureciendo el
horario y las condiciones laborales.
El Ayuntamiento conoce que una empresa
perpetrará estas medidas cuanto sea necesario para garantizar las ganancias y
no puede hacerse el Tancredo ofreciéndose como simple mediador en el conflicto o
asegurando que nada tiene que ver con el mismo. Muy al contrario, se trata de
un servicio municipal y de unos trabajadores municipales. Y si son
flagrantemente abusivos los servicios mínimos decretados para el personal
laboral de los autobuses, parques y jardines de la ciudad de Zaragoza, el
responsable último y directo es el propio Ayuntamiento.
Y por si éramos pocos, parió la abuela y el
campeón mundial de rally, Carlos Sainz,
ha sido contratado como asesor del ejército español en la
conducción de blindados, y la alimentación e hidratación en ambientes
desérticos, e incluso, dada su experiencia en el Rally Dakar, se pondrá a los
mandos de un carro de combate Leopard
2E (de los 108 alquilados a Alemania como vehículos de entrenamiento previo a
la compra de 308 blindados nuevos como parte del “Programa “Coraza”). Desconozco
por qué desiertos imagina atacar o defenderse el ejército español, pero de
momento Carlos Sainz imparte conferencias en la
madrileña base “El Goloso” (de indiscutible protagonismo en la intentona de
golpe de Estrado en el 23F) para los cuadros de mando, conductores y encargados
de mantenimiento de la unidad.
Todo por la Patria (la de la Troika,
claro).
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