Cataluña, el imperio de la ley y el río revuelto donde ganan algunos pescadores

 PUBLICADO HOY EN ARAINFO.ORG

 En la mañana del lunes, 9 de noviembre, el Parlamento catalán ha presentado una Declaración, aprobada por 72 de los 135 diputados, por la que inicia el proceso de separación/desconexión del Estado español, así como el consiguiente proceso constituyente. Quizás sea una prueba de la torpeza de la clase política española y catalana (especialmente, Mariano Rajoy, su gabinete y su Partido) para tender puentes y ofrecer diálogo real, aceptando un hecho diferencial innegable: desde hace más de un siglo, una parte considerable de catalanes y catalanas no se sienten españoles ni quieren pertenecer bajo ningún concepto al país denominado España.

Sin embargo, paralelamente el hecho catalán representa el gordo de la lotería para la clase política cada vez más consolidada cara al 20-D  (PP, PSOE y C’s):  hasta las elecciones generales la “unidad de España”, el imperio de la Ley”, “España no es negociable”, etc. van a ser un fecundo semillero de posibles votos para los partidos que encarnen tal postura, mientras que los grupos políticos que no se adhieran ardientemente a la causa española serán ipso facto sospechosos de antipatriotismo o de imperdonable tibieza ante la indisolubilidad de la nación española.

En efecto, en el aire parecen pulular mensajes subconscientemente guerracivilistas, que dividen a la ciudadanía, de hecho, en tres bandos: uno (Mas, CUP, Junts pel Si…) que comete el sacrílego delito de saltarse las leyes y desobedecer las instituciones del Estado español, principalmente el Tribunal Constitucional; otro, que se autodefine y autoproclama defensor de la ley y de la democracia, así como “cumplidor de las reglas de juego democráticas” (PP, PSOE, C’s); por último, los que, abrazando públicamente la causa de la unidad de España, piden un referéndum o alguna vía inequívocamente democrática para dilucidar sin lugar a dudas la voluntad mayoritaria del pueblo catalán (Podemos, IU y algún que otro partido más).

Jamás he escuchado tan a menudo como ahora la apelación a “la Ley” y “las “Leyes” (especialmente la Constitución española). La Ley, sin embargo, no es más que el proyecto o esbozo, sometido al tiempo y a la mutación constante de las circunstancias sociales, culturales, políticas y económicas, de la realización efectiva y permanente de unas instancias aún más fundamentales y constitutivas de la ciudadanía y del país donde esta habita: los derechos humanos, plasmados en la Carta Universal de Naciones Unidas y en la Constitución Española de 1978.

Una ley adquiere su razón de ser por su conexión con y su plasmación de los derechos humanos fundamentales, de tal forma que una ley no es legítima y una autoridad se deslegitima en la medida en que se aleja del cumplimiento efectivo de los derechos humanos (piénsese, por ejemplo, en las leyes nazis antijudías o en los Principios del Movimiento Nacional franquista). Ley y democracia coinciden en la medida en que ambos desembocan en el establecimiento de los derechos humanos fundamentales. El ser humano adquiere su dignidad y su humanidad en sus derechos fundamentales (vivienda, salud, educación, trabajo, etc.), de tal forma que recortar tales derechos equivale a deshumanizar a los seres humanos privados o mermados de tales derechos.

La apelación a la Ley por parte de los líderes y partidos más consolidados y sostenidos por la votación popular y también por los poderes fácticos, no resuelve la cuestión catalana (mucho menos la cuestión, de momento larvada, vasca) desde el mismo momento en que la Ley sacrosanta no deja resquicio alguno para declararse independiente. Repitieron y repitieron hace años a la sociedad vasca (principalmente a los miembros de ETA) que la violencia no es nunca el camino para reivindicar la independencia de un pueblo. Sin embargo, analizando las leyes y la Ley existentes en España, no existe hoy por hoy el menor resquicio democrático contemplado en y por la Ley para obtener la independencia de un territorio. “La Ley” es, en realidad, un círculo vicioso: a) deja la violencia y reclama por vía democrática la independencia de tu tierra; b) pero eso es imposible porque lo prohíbe el artículo 2 de la Constitución española: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Cataluña no me hiere o lesiona mis derechos, sino que los enriquece. Con o sin independencia, estaré siempre tan unido al pueblo catalán, como al andaluz, gallego, vasco, taustano o riojano, como al francés, galés, malasio, chileno o neozelandés. Las fórmulas políticas institucionalizadas son convenciones del poder para que sus intereses económicos estén garantizados frente a los del vecino. Un día se habló de los Estados Unidos de Europa. ¿Por qué no plantearnos ahora los Estados Unidos de Iberia (con el permiso, o con la inclusión, si así lo decide, de Portugal)?