El actual Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente, se juntó el martes pasado durante su, al parecer, abundante
tiempo libre con el hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad
y del Santo Sepulcro de Zaragoza, Constantino Ríos, para firmar conjuntamente
(institución pública y organización confesional privada, ¿van comprendiendo?) el indulto de
M. D. Q. B., una mujer de unos 30 años que cumplía una pena de tres “por un
delito contra la salud pública”. Durante el tiempo que pasó aquella mujer en la
cárcel pudo ver cada día en la tele cómo la inmensa mayoría de los
delincuentes, defraudadores, chorizos y blanqueadores del Reino de Aragón y de
España viven fuera, tranquilos y contentos, con sus millones afanados de los
dineros del pueblo.
En su web oficial, se dice del Justicia de
Aragón que es un defensor de los derechos y
libertades de los ciudadanos frente a los posibles abusos de la
Administración pública. Sin embargo, jamás de los jamases se ha visto a
Fernando García Vicente estar en la calle con los desahuciados, los enfermos de
hepatitis C, Stop Desahucios, las Oficinas del paro, los que no tienen energía
eléctrica en sus casas por falta de pago, con las escuelas sin calefacción y en
pabellones de uralita…
Tiene su sede en Zaragoza, en el Palacio de Armijo.
Cuenta con un tupido y costoso ORGANIGRAMA de asesores, gabinetes y
responsables, amén, de administrativos, técnicos, ujieres, etc. http://www.eljusticiadearagon.com/index.php?zona=organigrama
Leo en Wikipedia la historia de Juan de Lanuza
y Urrea, el Justicia de Aragón al que Felipe II mandó decapitar por defender
los derechos del pueblo aragoneses frente al absolutismo del monarca:
“Del
mandato de su padre heredó el problema de las Alteraciones de
Aragón –culminación de una serie de desencuentros crecientes entre
las instituciones aragonesas y el absolutismo real– durante las cuales Antonio Pérez,
exsecretario de Felipe II de
España, caído en desgracia del rey en circunstancias aún hoy no
aclaradas completamente –se le acusó entre otras cosas del asesinato de
Escobedo, secretario de Juan de Austria– por su condición juridíca de aragonés
se acogió al derecho de Manifestación de los Fueros de Aragón
que le permitían ponerse bajo la protección del Justicia, en la cárcel del
justiciazgo, donde no podía ser maltratado ni sometido a tortura, en tanto se
le sustanciaba un proceso con garantías jurídicas.
Para
eludir el obstáculo legal, el rey recurrió a denunciarlo como hereje ante la
Inquisición, ante cuya jurisdición no tenían efecto las garantías de la ley
aragonesa. Al intentar trasladarlo desde la cárcel de manifestados a la de la
Inquisición estallaron en Zaragoza violentos disturbios, ante lo que para
muchos era una burda maniobra de Felipe para burlar las leyes aragonesas, y
hubo de suspenderse el traslado.
El 24 de septiembre de 1591 tuvo lugar un segundo intento, con
nuevos disturbios en medio de los cuales Antonio Pérez logró escapar
refugiandose en Francia.
Ello
provocó la rabia y cólera del rey, quien mandó contra Aragón una tropa de entre
10 000 y 14 000 soldados castellanos, mandada por Alonso de Vargas,
que cruzó la frontera el 8 de noviembre
de 1591.
Lanuza
declaró contrafuero el envío de dicha tropa y se puso al frente de una tropa de
unos 2000 soldados aragoneses.
Ambas
tropas se encontraron en Utebo
el 12 de noviembre
de 1591; la aragonesa se
dispersó ante la superioridad del enemigo y la hueste castellana entró en
Zaragoza sin resistencia.
Lanuza,
después de un mes refugiado en Épila,
tomó la decisión inconsciente de volver a la capital aragonesa, donde
fue detenido el 19 de diciembre
de 1591.
Sin juicio
previo y contra el criterio del propio Alonso de Vargas fue decapitado por
orden personal de Felipe II (I de Aragón) el 20 de diciembre de 1591, 89 días después de jurar su cargo.
Pues bien, puedo afirmar sin temor a
equivocarme que el actual Justicia (¿?) de Aragón (¿?), Fernando García
Vicente, jamás se opondría al rey ni habría rey alguno que lo mandase
decapitar, pues si algo busca y encuentra García Vicente es estar a bien con
los poderosos y mandatarios, sin molestar a ninguno de ellos.
García Vicente es estos días dispensador de
medidas de gracia junto con el hermano mayor de una cofradía católica de largo
nombre. La agraciada, joven, casada, dos hijos y que ya estaba en libertad
condicional, rehabilitada y que había trapicheado con drogas “por amor” (según
informan los papeles del Reino de Aragón, cada vez más oficiales y más
dependientes).
Es de esperar y desear que el actual
Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, y también desde 2002 Cadete de Honor
de la Academia General Militar, siga en sus despachos y en los despachos y
salas de honor de quienes viven de todo ese cuento de hadas que van tejiendo
entre unos y otros, y sobre todo que siga sin salir a la calle, con los
mendigos, perroflautas, desahuciados, enfermos, parados, putas, chaperos, carteristas,
concentrados, manifestantes, indignados, cabreados y tantas y tantas otras
gentes de mal vivir.
El actual Justicia de Aragón debe de tener
la cabeza tan pequeña, tan pequeña que no le cabe la menor duda de que
“justicia” se escribe con mayúscula y acompañada (Justicia –de Aragón-) y en
ningún caso en minúscula y sin más aditamentos (justicia).
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