Los
medios de comunicación pasaron medio de puntillas por la última encuesta de
intención de voto presente en el barómetro CIS de enero de 2013. Compararon los
resultados electorales de PP y PSOE, calibraron la leve subida de IU y UPyD, y
rociaron con una lluvia de palabras sobre el paro el suelo mojado del paro
español. Se les quedó en el tintero alguna que otra cosilla más…
Considerando
el voto directo en la encuesta (en %) y la estimación de voto (en % sobre “voto
válido”), respectivamente, el PP obtiene el 15, 8%
y el 35%; el PSOE, 17% y 30%; IU, 6,4% y 9,4%; UPyD, 3,8% y
6,8%; CiU, 1,7% y 3,6%;
Amaiur, 0,4% y 0.9%; PNV,
0,8% y 1,3%; ERC, 1,9% y 2%. Es decir, se puede comprobar cómo nos
quieren “vender” estimaciones periódicas de voto como si fueran el paradigma de
la objetividad, cuando, de hecho, plasman el desequilibrio ya tradicional entre
la auténtica voluntad popular y la distribución fáctica de unos escaños en el
Congreso y el Senado.
En realidad, teniendo en cuenta la Ley electoral
vigente, con la circunscripción provincial las listas cerradas, la exclusión
del voto nulo como “voto válido” computable, la barrera del 3% y la inducción
bipartidismo eterno, los datos del Barómetro nos ofrecen más bien que reflejan
deficientemente la realidad. Así, por ejemplo, y siempre en término
aproximados, si se da por bueno que el 15,8% de votos del PP queda
aumentado al 35% sobre el voto válido (es
decir, 2,22 veces más) o el 17% de votos del PSOE queda aumentado al 30% sobre
el voto válido (un 1,8 más) a IU le
correspondería entonces no un 9,4% sino un 14,2% o un 11,5% del total de los
votos válidos, respectivamente. Y al contrario, si se da por bueno que el 6,4%
de votos de IU queda aumentado solo a 9,4% (1,5 veces más), entonces al PP no
le correspondería el 35% sobre voto válido, sino el 23,7% y al PSOE tampoco le
correspondería el 30% sino el 25.5%.
En conclusión, los datos no solo muestran el declive
electoral de los hasta ahora dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, o que este
haya obtenido un leve mayor porcentaje de intención de voto que el PP (17% y
15,8%, respectivamente), sino sobre todo el injusto desequilibrio entre las
distintos grupos políticos, al aplicar injustificables diferentes factores de
conversión, así como la infravaloración de los ciudadanos votantes sobre todo de
los grandes núcleos urbanos respecto de los votantes de zonas rurales y/o
provincias con escaso número de votantes, de los que se nutren las mayorías
periódicas del PP y del PSOE, así como otros grupos políticos de corte
nacionalista.
Sin embargo, hay otros datos en el Barómetro del CIS,
generalmente silenciados en numerosos medios de comunicación, que deberían atraer
más la atención de la ciudadanía y de los distintos responsables (¿?)
gubernamentales: el 21% de los encuestados se inclina por la abstención, el
6,6% por el voto en blanco y el 0,2% por el voto nulo, lo que arroja un total
del 28,3% de los encuestados, a lo que hay que añadir el 17,2% que “no sabe” y
el 2,5% que “no contesta”. En otras palabras, el 48% de las personas
encuestadas ni se decantan directamente por alguna opción política ni expresan
su voluntad de ir a las urnas las próximas elecciones.
Si el poder viene del pueblo, tal como declara la
actual Constitución, el 48% de la ciudadanía que no se decanta expresamente por
ningún partido político es también pueblo. Si los parlamentarios del Congreso y
del Senado, así como los miembros electos de las distintos órganos legislativos
de las Comunidades Autonómicas y Locales se tienen por representantes del
pueblo, deberían revisar urgentemente los presupuestos ideológicos e
institucionales sobre los que dicen asentarse y que la realidad muestra
netamente cuestionados por el pueblo.
El Partido Popular, actualmente en el gobierno de la
nación, no debería apelar tanto a su legitimidad alcanzada en los últimos
comicios, donde obtuvo la mayoría absoluta, como al sentir del pueblo, con seis
millones de desempleados, con la educación, la sanidad, la investigación, o la atención a la dependencia gravemente
agredidas, con el poder del dinero dictando el hilo conductor de la vida política,
social y económica del país. Los gobernantes deberían ser los primeros
interesados en que la ciudadanía estuviera bien informada y supiera
objetivamente a qué atenerse, en lugar de negar que la tierra es redonda o que la
corrupción no huele precisamente a nardos.
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