miércoles, 20 de febrero de 2013

POR QUÉ NO ME CREO EL PRESUNTO DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN


 
Llevo todo el día preguntándome por qué me niego, de hecho, a escuchar o ver un solo segundo del presunto Debate del estado de la nación. Me salen al paso raudas respuestas, todas ellas sesudamente racionales, pero no me dejo engañar: en realidad y sobre todo, no quiero saber nada de tal Debate porque no me creo una sola palabra de lo que dicen, prometen o denuncian.
Hace muchos años, tuve ocasión de observar muy de cerca una mesa de trileros en la madrileña calle Preciados. Era una cuadrilla perfectamente engranada en la que cada uno cumplía un determinado rol. El objetivo era engatusar a la posible víctima, que finalmente se arrancaba a jugar, con aire de suficiencia, como si ya supiera cuál era el cubilete exacto donde estaba la bolita. La cara que se le quedaba, al perder, era patética, pero no se atrevía a protestar, porque unos supuestos curiosos como él (en realidad, compinches del trilero oficial) daban toda la razón a este, que supuestamente había jugado sin trampa ni cartón (¡todos lo habían visto y daban fe de ello!). Hoy tengo esa misma sensación de aquella tarde veraniega en el centro de Madrid.
Salvando las personas y el talante personal de los parlamentarios (sería demasiado osado e injusto generalizar de esa forma) no les creo, salvo a Izquierda Plural, con cuyos postulados coincido en su mayor parte. Sus técnicas de persuasión están vacías y fofas, y sobre sus cabezas sobrevuela la pregunta de por qué no han hecho lo que ahora dicen si los grupos mayoritarios (PP y PSOE) y los grupos que se han coaligado con ellos para avalar gobiernos y mayorías (PNV, CiU, CC, UPN y otros) han tenido en sus manos llevarlo a cabo desde hace treinta años.
Empezaré a prestarles atención cuando no solo hablen, sino comiencen a llevar a cabo una banca pública al servicio de la ciudadanía y desde una perspectiva de economía social; un salario mínimo interprofesional digno y suficiente, acorde con al menos la media (1.000 euros) de los existentes en la UE; un impuesto de transacciones financieras al servicio de y controlado por la ciudadanía y el pueblo; una escuela laica y pública, donde no solo no se recorta presupuesto, sino que se vuelcan en ella las expectativas y los valores de la ciudadanía: una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad; pensiones suficientes y dignas; juicio y prisión para los empresarios, políticos y banqueros que defrauden dinero o que lo blanqueen fraudulentamente; una fiscalidad en beneficio de todos, en la que contribuyan cada ciudadano y cada empresa en justa consonancia con lo que poseen y ganan; derogación del Concordato franquista de 1953 con la iglesia católica y de los Acuerdos de 1979; espacios públicos, actos institucionales y representantes políticos realmente aconfesionales;  nacionalización de los sectores estratégicos de la economía; etcétera…




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