Chapapote confesional

PUBLICADO HOY EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El año pasado conocimos que el pregonero de la semana santa en Alagón era el director de la Academia General Militar de Zaragoza, el general Francisco José Gan Pampols, a propuesta de las cofradías alagoneras por sus visitas al municipio “con motivo de su cargo”.  El señor Gan tiene pleno derecho a hacer efectiva su libertad de conciencia como desee, pero el general Gan, no: un cargo público no debe intervenir ni asistir a actos y ceremonias religiosas y confesionales en razón de su cargo.

Este año el Fiscal superior de Aragón, José María Rivera Hernández, será el pregonero de la semana santa de Tarazona. Igualmente, el señor Rivera tiene pleno derecho a ejercer su libertad de conciencia como desee, pero el Fiscal general de Aragón, no: los cargos e instituciones públicas, que forman parte del Estado, deben abstenerse de participar e intervenir, en razón de sus cargos, en actos y ceremonias de carácter confesional. Da la casualidad de que el Fiscal superior de Aragón es primo del actual Presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel Rivera, beneficiario del milagroso portento de ser el único diputado que ha permanecido en las Cortes de Aragón en todas las legislaturas. También es otra casualidad que el alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte Mesa, sea también Presidente del PP y de la Diputación Provincial de Zaragoza. Como se ve, las redes sociales, por muy tupidas que sean, no existen solo en Internet.

Estos dos botones de muestra dejan patente que el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado está especialmente arrinconado en la denominada “semana santa”, si bien es extraño que haya una semana más santa que otras para un creyente, mientras que para el resto de la población, cada vez mayor en número, no lo es ninguna. Obispos, canónigos, corporación municipal, curas, monaguillos, cofrades, imaginería de todo tipo y condición, la Guardia civil del acuartelamiento de Casetas, mantillas, peinetas, cadetes, tambores, trompetas, Policía Local a caballo y a pie luciendo galas y plumeros, legionarios, ministros, devotos, penitentes y un sinfín de piezas más componen el abigarrado y heterogéneo  puzle denominado en nuestro celtibérico país “semana santa”.

Es obligado insistir en que cada ciudadano y cada ciudadana tienen el derecho de ejercer su libertad de conciencia (la libertad religiosa no es más que un caso más dentro del derecho de libertad de conciencia) del modo que consideren oportuno con tal de no dejar lesionados los derechos ajenos. Por ello y en consonancia con el principio constitucional de la igualdad de todos ante la ley, cada persona puede expresar su libertad de conciencia, religiosa o no, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. Nada pues que objetar a la celebración católica de su semana santa y a la expresión religiosa de los fieles católicos en esas fechas. Todo que objetar, sin embargo, a que las instituciones y cargos públicos del Estado participen, en razón de sus cargos, en actos confesionales: representan a todos por igual y no deberían conculcar el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones.

Es inevitable, sin embargo, que en determinadas festividades haya unos vasos comunicantes entre lo religioso y lo civil, no perjudiciales para nadie. De hecho, es posible que a una considerable porción de participantes en las procesiones les mueva principalmente el interés por formar parte activa de las mismas desfilando con sus túnicas, tambores y capirotes, al igual que una treintena de bares y restaurantes zaragozanos invitan otro año más a la “ruta gastronómica de Tapas de la Semana Santa”, en alusión a la famosa Ruta del Tambor del Bajo Aragón.

Por la misma razón, el Gobierno de Mariano Rajoy, además de conceder diecinueve indultos con motivo de la semana santa, podría ayudar un poco menos a las entidades financieras con el dinero de todos y obligar también a estas a concertar la dación en pago de las viviendas hipotecadas de muchos miles de seres humanos, condenados hasta ahora a la incertidumbre y a quedarse en la calle. Por ejemplo, dos reclusos de Zaragoza han quedado indultados por la solicitud de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Santo Sepulcro, de Zaragoza, y uno más a petición de la Hermandad de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza, de Teruel. ¿No es esto un claro ejemplo del chapapote confesional en que se hallan muchas instituciones del Estado, en este caso en el ámbito de una “justicia” impartida por el poder ejecutivo?

Con la que está cayendo, la zaragozana Hermandad de la Sangre de Cristo ha presentado las imágenes restauradas del Cristo en la Cama y la Virgen Dolorosa. La restauración ha costado 10.000 euros, de los que la Diputación Provincial de Zaragoza (Luis María Beamonte, ¿recuerdan?) ha aportado 8.614 euros.  Y mientras!, el alcalde Juan Alberto Belloch, flanqueado por los suyos, estos días a procesionar y todo lo que haga falta.