He leído atentamente las alegaciones presentadas por Europa
Laica, mediante “audiencia por escrito”, al Consejo de Estado, sobre el
anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y no puedo menos
que valorar positivamente el trabajo realizado y las alegaciones y gestiones
llevadas a cabo para conseguir la "audiencia por escrito" del Consejo
de Estado, y para, una vez convertido el Anteproyecto en proyecto en el Congreso,
poder igualmente presentarlas a los grupos parlamentarios.
Sin embargo, considerando la celeridad y la contundencia con
que se va ejecutando el cambio de rumbo y de contenidos en materia educativa
por parte del actual Gobierno del Partido Popular, me pregunto si los métodos,
las vías y los ritmos de oposición a la LOMCE por parte de Europa Laica
sucumbirán necesariamente a un retraso burocrático e institucional que hará
baldías, de hecho, sus gestiones y alegaciones tanto en el Consejo de Estado como
en el Congreso de los Diputados. El actual sistema, cada vez más caduco,
inocula caducidad a quienes osan acercarse hasta la viscosidad de sus
tentáculos.
En primer lugar, basta repasar someramente la composición
del actual Consejo de Estado para cerciorarse de que las alegaciones
presentadas por Europa Laica contra la LOMCE tienen muy escasa, por no decir
nula, posibilidad de ser atendidas y mucho menos aceptadas. ¿Así las cosas,
corremos el riesgo de que tantas energías empleadas acaben en un acto “in vacuo”,
en el vacío? Y no puede vaticinarse otra cosa distinta, dada la mayoría
absoluta del Partido gobernante y la indefinición del hasta ahora principal
grupo de oposición y otros grupos parlamentarios, cuando pudiere llegar a
determinados grupos parlamentarios.
Hoy el combate verdadero y real (utilizo muy
intencionadamente el término “combate”) está en las calles y en las plazas, en
los centros de trabajo y en las asociaciones, colectivos y organizaciones
ciudadanas que acometen diariamente ese combate. Hay poco tiempo ya para
planteamientos que queden a la expectativa del cumplimiento de determinados
proyectos a medio y largo plazo ni de la actividad de las organizaciones
políticas y sindicales tradicionales ni de la fofa generosidad de algunas
instituciones del Estado de postín, pues no están en condiciones ya de
garantizar la salvaguarda de los derechos y libertades de la ciudadanía,
incluido el derecho a la libertad de conciencia en plena igualdad de
condiciones y la existencia de una escuela pública, laica, universal y de
calidad.
Como advierten, entre otros, los profesores Josep Fontana,
Susan George y Jean Ziegler, si nos quedamos anclados dentro de los engranajes
del sistema, aceptando las reglas de juego impuestas por el propio sistema y
ateniéndonos a sus tiempos y procedimientos, solo nos resta esperar más
desigualdad, menos derechos, más confesionalidad y más represión para que nadie
lo cuestione. Por el contrario, esos profesores ponen lúcidamente su esperanza
en que los movimientos de contestación social lleguen a meter el miedo en el
cuerpo al sistema, pues los beneficiarios económicos, políticos e ideológicos
del mismo ya no quieren ni pueden entender otro lenguaje.
Como botón de muestra, hace ya años expliqué a algunos
sindicatos y a algunos miembros destacados del movimiento laicista que, tras
muchos años y muchas legislaturas de
todo tipo y pelaje, y ateniéndonos a la realidad en lugar de a consignas, solo
podría tener éxito la lucha contra la presencia de la asignatura de religión en
la escuela pública si el profesorado de los centros públicos comunicase a los
Órganos Directivos autonómicos, provinciales y locales que, apelando al derecho
fundamental de libertad de conciencia, se declaraban objetores de conciencia
para impartir la asignatura “Alternativa a la Religión”, en todas sus
denominaciones. Si tal movimiento de objeción fuese importante se produciría
ipso facto el bloqueo del funcionamiento del centro educativo en lo que
respecta a la enseñanza de doctrinas y creencias religiosas durante su horario
lectivo. Pues bien, Europa Laica podría y debería ser una importante correa de
impulsión y trasmisión de tal
iniciativa.
Los actos y gestiones de corte institucional
encaminados a abrir brecha hacia la aconfesionalidad de las instituciones del
Estado son necesarios y merecen el apoyo de todas y de todos. Sin embargo, a
fin de no quedar finalmente convertidos en motivos decorosos y decorativos, las
gestiones institucionales deben estar permanentemente sostenidas en acciones
ciudadanas directas y pacíficas, mediante las cuales las estructuras de poder
vean perturbado su status quo. De no ser así, el porvenir del laicismo en
España está en el aire
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