No son palabras, sino seres humanos

Publicado hoy en El periódico de Aragón

Cuando se tiene la oportunidad de ver como una mujer, acompañada de su marido enfermo de cáncer, apenas puede llevar un botellín de agua a su boca debido al temblor que la invade al salir de los Juzgados de Zaragoza, tras haber asistido a la subasta de su vivienda,  objeto anterior de desahucio, se tiene la certeza de que no solo se está lesionando el derecho universal y constitucional a una vivienda digna, sino que es un ser humano el realmente agredido y maltratado.

Nos suelen presentar los derechos humanos y las libertades ciudadanas como si fuesen entidades ajenas y externas, pero eso es una falsificación de la realidad: no tenemos propiamente derechos, sino que somos esos derechos, que existen en y a través de nosotros, a la vez que son ellos los que nos constituyen como humanos. El derecho a la salud, por ejemplo, no existe por estar reconocido en la ley, sino que tal derecho resulta reconocido por pertenecer constitutivamente a la humanidad misma de cada persona.

En el transcurso de la historia de la humanidad, se han ido sedimentando, descubriendo y reconociendo los derechos humanos fundamentales y universales, cristalizados lentamente en ese tesoro colectivo de derechos y libertades, que nos identifica como humanos.  

Que una sola persona (no digamos ya centenares de millones) muera de hambre o de malnutrición es un crimen de lesa humanidad, pues no solo se está conculcando un derecho, sino que se está dejando morir a un ser humano. “La dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, sobre los que, según afirma Naciones Unidas, están basadas “la libertad, la justicia y la paz en el mundo”, tienen su origen y fundamento en el ser mismo de todos y cada  de uno de los seres humanos.

Por lo mismo, un sistema económico, político y militar que garantiza solo la supremacía de las grandes potencias, pero, de hecho, presupone que el propio bienestar ocasiona necesariamente la lesión de los derechos humanos elementales de varios miles de millones de personas es un sistema ilegítimo, injusto y odioso, al que hay que oponerse incondicionalmente con todas las energías y por todos los medios, pues ese sistema es inhumano y deshumaniza.

“Los derechos humanos constituyen el  ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades”, proclama la Carta de la ONU. Hoy tal declaración es un lacerante acto de hipocresía, pues vivimos dentro de un sistema que no tiene la menor intención de cambiar este estado de cosas.

Para una considerable parte de la humanidad es un sarcasmo hablar de libertad de pensamiento, conciencia, opinión, expresión, reunión o asociación, pero mucho más de pan, de agua potable, de educación, de atención sanitaria y de servicios sociales. Por lo mismo, resulta sarcástico hablar en parlamentos y foros institucionales de “derecho a la seguridad social, derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”, derecho al trabajo, “derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Frente a la agresión contra los derechos y las libertades de la ciudadanía española, europea y mundial, debemos poner fin a tantas tragaderas, denunciar tanto engaño y tanta palabrería, y cooperar a la realización efectiva de los derechos y libertades de los seres humanos. Nuestro cometido fundamental debe ser la salvaguarda del más valioso patrimonio de la humanidad: los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Es un deber ético contribuir en la medida de nuestras posibilidades al bienestar común, al desarrollo integro y cabal de todas y cada una de las potencialidades y derechos de los seres humanos.

Esta salvaguarda puede y debe hacerse mediante fórmulas de denuncia y reivindicación que no den tregua a los adversarios de las conquistas sociales, laborales, culturales y sanitarias de nuestro país y de la humanidad entera. Resulta urgente la defensa incondicionada del estado de bienestar y de los derechos y libertades fundamentales por cualquier medio noviolento, incluida la desobediencia civil y cualquier forma de oposición no violenta que paralice u obstaculice el engranaje de un sistema injusto y agresor de los derechos y libertades de los seres humanos.

Derechos y libertades no son meras palabras, sino expresión de la entraña misma de los seres humanos. Por eso, hemos de luchar permanentemente por los derechos y libertades y por un bienestar sostenible, a fin de hacerlo cuanto antes y sin componendas extensivo a todos y cada uno de los pueblos de la Tierra. Se trata, en fin, de un proceso humanizador de la vida y del mundo.