Hace unos días el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) citó
como imputado al diputado de Izquierda Unida Juan Manuel Sánchez por ocupar la
finca militar Las Turquillas de Osuna (Sevilla) el pasado verano junto a otros
53 jornaleros, militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).
¿Base oficial de la acusación?
Delito de “desobediencia grave” y
“usurpación”, al ocupar la parcela del Ministerio de Defensa durante 18
días hasta que la Guardia Civil les desalojó el pasado 10 de agosto. Aquellos
jornaleros denunciaban así que las 1.200 hectáreas, de las que “Defensa”
(¿defensa contra quién? ¿quién nos ataca? ¡Abajo los eufemismos!) utiliza solo
20 ¡para una yeguada!, deben ser consideradas infrautilizadas o en desuso, en
lugar de, como espacio y tierra públicas, ser destinadas a dar trabajo y pan al
campesinado que carece de ellos y que aspira a laborar en las tierras ocupadas
en régimen social de cooperativa.
Según la Constitución de 1978, aún
vigente, España se rige por una economía social de mercado, pero, de hecho,
“social” ha sido borrado de la vida ciudadana y “mercado” ha sido sustituido
por “mercadeo” de los ricos y terratenientes. Por eso suena a sarcasmo que el
fiscal del TSJA que lleva el caso haya llegado a afirmar que con la ocupación
de la finca militar “estaríamos ante una
hipótesis delictiva específica, de signo colectivo, que protege un bien
jurídico de marcado acento social”. El “marcado acento social” de la finca Las
Turquillas de Osuna solo es perceptible para unos pocos, entre ellos, el
fiscal, y a golpe de cornetín. En otras palabras, “social” es a la finca
militar lo que la música es a la música militar.
El ejército es el principal terrateniente del estado y cuenta con 11
millones de metros cuadrados para su enajenación, para con tales
ventas obtener algo de liquidez, dadas sus cuantiosas deudas por compra de un
armamento caro y sofisticado, tan inútil como la propia institución. A lo que
hay que añadir el segundo mayor terrateniente dentro del territorio español: la
santa iglesia católica, apostólica y romana (SICAR).
Como
botones de muestra de otras heridas gangrenadas en pleno tórax del país, un tal
Samuel
Flores Romano, es el hombre que más tierras ha acumulado en España a lo largo
de los últimos años: 23.000 hectáreas de terreno, superando las 20.000 de la
duquesa de Alba, y sin llegar a las 40.000 de Juan Abelló y su mujer, la
aristócrata Ana Gamazo. Quienes conocen la totalidad de sus fincas aseguran que
sus reses podrían ir de Albacete a Sevilla sin salir de sus tierras. Sus fincas
se reparten entre Castilla-La Mancha y Andalucía. Se asegura que el Rey Juan
Carlos ha pasado buenas jornadas en compañía de su amigo Samuel y ¡en 1988 cazó
un venado! (Franco se especializó en cachalotes).
Las 40.000 hectáreas de Abelló están
repartidas
en cinco fincas en Toledo, cuatro en Ciudad Real y una en Jaén. Dehesa del
Lobillo (Ciudad Real) es la más importante. Las 20.000 de la Duquesa de Alba se reparten entre Córdoba (donde
posee 17 fincas), Sevilla, Cádiz, Extremadura y Salamanca. Por si fuera poco, la duquesa de Alba y otros grandes terratenientes y grupos
agroalimentarios son los mayores beneficiarios de los subsidios agrícolas de la
Unión Europea (UE), llevándose millones de euros al año.
Hace
años, durante un intento más de penalizar el aborto durante un mandato de
Aznar, tuve a bien declararme delincuente mediante un cartel que confesaba: YO
TAMBIÉN HE ABORTADO (milagros de la naturaleza…). Hoy quiero igualmente declararme ocupante de
todas y cada una de las fincas de militares, nobles y clérigos, tan baldías
como ellos mismos y que privan de trabajo y de pan a quienes los necesitan. Por
eso aplaudo y apoyo la ocupación e incautación de alimentos en grandes
superficies comerciales, tal como Sánchez Gordillo y los jornaleros del SAT
también han ido realizando.
NOTA: Los datos presentes en este
artículo han sido sustraídos de varios sitios web existentes en Internet y que,
como tales, presupongo a disposición del pueblo usuario. Quedo a la espera de
las posibles noticias procedentes del mencionado fiscal del TSJA.
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