Llegaron cuatro a Zaragoza (María, Aguasanta, Álvaro y Elena) con la voluntad de entrevistarse
con alguien de Ibercaja y arrancarle un compromiso sobre el Proyecto Social de
Autogestión que pusieron sobre su mesa como posible solución para llegar a un
acuerdo sobre las 36 familias y unas 100 personas que viven en la Corrala
Utopía de Sevilla, propiedad de Ibercaja. Pero se fueron con las manos vacías,
pues Ibercaja ni retiró la Orden de
Desalojo, ni mostró voluntad alguna de sentarse a negociar y dar respuesta a
los vecinos de La Corrala Utopía.
En mayo de 2012, varias decenas de familias sevillanas
humildes y sin techo okuparon el edificio, que llevaba cinco años vacío y
abandonado, a la espera de que llegara el momento propicio para hacer negocio y
ser objeto de la enésima especulación. Llevan dos años sin agua y sin luz,
resisten como los jinetes en la tormenta que cantaba The Doors y son un ejemplo
de solidaridad, de dignidad y de lucha. Allí
está A.,
recién operada de un tumor y Toñi en huelga de hambre y varias
personas en paro desde hace años y varios hijos menores a su cargo, y el
octogenario Pancho, y X., enfermo de cáncer y en pleno
proceso de quimioterapia.
La Corrala Utopía tiene fecha de desalojo. El Juzgado de
Instrucción n.º 3 de Sevilla notificó el último día de enero el auto de
desalojo, por el que esas 36 familias tienen un plazo de 15 días para abandonar
voluntariamente el edificio. El 15 de febrero próximo o se largan o corren el
riesgo de que la policía pueda presentarse en cualquier momento para desalojar
el edificio. Ellos y ellas, menores y ancianos, sanos y enfermos se quedan así
en la puta calle.
Al parecer, Ibercaja sigue
guardando silencio, a pesar de haberse comprometido en una reunión en Madrid
con el Defensor del Pueblo Andaluz, la semana pasada, a dar una respuesta. Leo
en el apartado “Responsabilidad social corporativa” de su web oficial que la primera y principal responsabilidad del Grupo Ibercaja es
“la creación y distribución de riqueza (…) siendo, además, ética en sus formas,
solidaria con su entorno y respetuosa con el medio”. Sigo leyendo allí que para
Ibercaja están “estrechamente vinculados en un sentido bidireccional” la
“rentabilidad y la responsabilidad social”, pues “no perdura una empresa si no actúa de forma ética y
responsable”. Me asombran y me duele este doble lenguaje, esta doble moral
entre lo que se afirma y lo que a veces se hace. ¿Dónde caben, dentro de esas
declaraciones de principios, las 36 familias, las 100 personas de la Corrala
Utopía de Sevilla?
Leo recientemente en la prensa que a
Ibercaja le preocupa “la deriva que pueda tomar la instrucción judicial contra
el exdirector general de Caja Inmaculada, García Montes, denunciado por
la propia CAI por presuntos delitos de apropiación indebida y administración
desleal”, así como el “desfile de excargos de la CAI por los juzgados”, pues
“puede ser muy perjudicial para su imagen”. ¿Tienen algo que ver con su imagen
o con la “responsabilidad social” del Grupo esas 36 familias sevillanas a punro
del desalojo y de la marginación extrema?
Leo el artículo 47 de la Constitución
Española: “Todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos
promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general para impedir la especulación”. Leo ese artículo y
concluyo lo mal y poco que gobiernan nuestros gobernantes, pues ni cumplen ni
hacen cumplir la Constitución (¿qué sentido tiene entonces su
desgobierno?).
Leo el artículo 25.1 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios”. 22.938 personas actualmente sin techo en España. 100 personas más
en riesgo de ser desalojadas de un edificio propiedad de Ibercaja.
Leo el artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales,
aprobado por Asamblea General de la ONU: “Toda
persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su
familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de
existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
El viernes pasado, siete de febrero, el Defensor del
Pueblo andaluz, Jesús
Maeztu Gregorio de Tejada, tras una
reunión, con carácter de urgencia, con inquilinos de Corrala Utopía, a
la que no asistieron, a pesar de haber sido convocados, Ibercaja, entidad
propietaria, y el Ayuntamiento de Sevilla, instó a las instituciones implicadas
a hacer todo lo posible por evitar el desalojo y buscar una solución para esas
36 familias y 100 personas.
¿Quo
vadis, Aragón, España, con esta gente?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si lo deseas, puedes hacer el comentario que consideres oportuno.