Diario de un perroflauta motorizado, 180

 

Día casi primaveral cuando no sopla el cierzo. Adrián, Marisol, Félix y Jorge han estado hoy en el portal de la Consejera con el perroflauta motorizado.

Mucho tiempo ya sin que la policía pida la identificación de las personas en el portal de la Consejera. Pasan los coches de la Policía Local y la Nacional, responden al saludo que el perroflauta motorizado les hace desde el portal. Formamos parte ya del “mobiliario urbano” de la calle Alfonso I, dan por supuesto que llevamos mucho tiempo ya allí. Hubo un tiempo en que arreciaron las furgonetas policiales, las identificaciones, los conatos de amedrentar, hasta llegar a la multa. Ahora el Delegado del Gobierno en Aragón duerme, las cachiporras están custodiadas en el armario del policía, nuevas leyes acechan a la espera de que la multa se agrande y la cachiporra sea el mayor falo de la seguridad ciudadana que quieren desde el Gobierno.

Gustavo Alcalde, Delegado del Gobierno de España en Aragón, debería estar solo, en un cubículo solitario, para allí reflexionar largo y tendido sobre su afán sancionador contra cuant@s se muevan en dirección indeseada o disientan de lo que corresponde a la mayoría silenciosa de Rajoy.

La Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid considera en un auto que el escrache realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en abril de 2013 alrededor del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es “un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil” y es “expresión del pluralismo de los ciudadanos”. En otras palabras, que no parece haber delitos de coacciones, manifestación ilícita, desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, como quería el fiscal. Todo ella me lleva a concluir que el verdadero escrache lo sufren diariamente los desahuciados, los arrojados a la calle, los enfermos crónicos y tantos otros, de los que no se ocupa jamás de los jamases el ministerio público. Y eso que 2013 ha sido el año en que más desahucios se han producido en este país, en vías de recuperación según la propaganda oficial del Gobierno central y periféricos.

Para mayor abundancia, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel ha archivado las diligencias abiertas por un escrache realizado en 2013 al diputado nacional del PP Santiago Lanzuela, expresidente de Aragón, por no ser los hechos "constitutivos de infracción penal alguna". Concretamente, el 14 de abril de 2013 hubo una concentración de ciudadan@s frente al domicilio de Lanzuela en Cella (Teruel) sin que, durante el mismo, se realizaran "descalificaciones o acusaciones personales", según dicta el mencionado auto.

Gustavo Alcalde, Delegado del Gobierno de España en Aragón, debería repensarse cuáles son los motivos reales para sancionar al perroflauta motorizado y a Marisol con 200 euros por negarse a abandonar el portal de la Consejera, sin que la policía adujese otras razones que “órdenes recibidas”. O la sanción de 1.500 euros impuesta al compañero Pablo Híjar como represalia por el escrache que 9 de abril de 2013  Stop Desahucios realizó en Zaragoza en las inmediaciones del domicilio de Eloy Suarez (diputado y concejal del Partido Popular).

Esas órdenes apuntan, directa o indirectamente, al Delegado del Gobierno, al que se le debe suponer que conoce el fundamento político, social y ético de dichas órdenes, que actualmente chocan frontalmente con las últimas resoluciones judiciales sobre escraches y similares.

Gustavo Alcalde resuelve multar por vía administrativa, al margen de la vía judicial, al igual que el ministro Fernández Díaz suspira por que entre en vigor su Ley de “Protección” de la “Seguridad Ciudadana”, con sanciones de una cuantía enorme y aplicables igualmente por vía administrativa. El dictamen de la justicia, pues, les sobra. Les vale ante todo la cachiporra. La cachiporra de la policía y la cachiporra de las sanciones y las multas.

Quizá detraigan de mi pensión el importe de la multa de 200 euros, más los intereses de demora y otros gastos derivados del no pago. Eso seguirá siendo un robo y un expolio, pero será también algo anecdótico. Lo principal y fundamental es que, tarde o temprano, el Delegado del Gobierno de España en Aragón, Gustavo Alcalde, tendrá que exponer los motivos de dicha sanción. La desobediencia a las órdenes de los agentes fue precedida de una respetuosa y cívica pregunta a esos agentes acerca de los motivos por los que había que abandonar ese lugar de la vía pública, obteniendo únicamente a cambio como respuesta: “órdenes recibidas”.

Tengo demasiado respeto por la política, por la vida de la “polis”, para aceptar que un Delegado del Gobierno central en mi tierra es capaz de comportarse como un sátrapa o un mamporrero de tres al cuarto. Sigo esperando una respuesta: ¿por qué y para qué esa sanción, señor Delegado?, ¿a qué viene esa sanción?

Estaré esperando cada mañana esa respuesta en el portal de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, María Dolores Serrat.

Hasta el próximo día, adentrado ya el noveno mes en el portal de la Consejera aragonesa de Educación.