Terreno público regalado al Opus Dei junto a Valladolid

Por ALBA C. en Diagonal SABERES

En Arroyo de la Encomienda, localidad de cerca de 20.000 habitantes muy próxima a Valladolid capital, el consistorio ha aprobado la ce­sión de terrenos públicos para la construcción de un centro de educación primaria y secundaria a una fundación vinculada al Opus Dei, organización a la que ya se le ha adjudicado la gestión de las dos escuelas infantiles públicas existentes en la localidad.
La puesta en funcionamiento y gestión del centro de educación infantil, primaria y secundaria, en régimen de centro concertado, es decir, financiado con dinero público, la llevará a cabo la Fundación Arenales, vinculada al Opus Dei. Al proyecto optaba otra candidata, la Fundación Gredos-San Diego, con un programa de educación laica. Pero para evaluar estas ofertas presentadas y decidir a cuál de las dos se le adjudicaba el proyecto, el alcalde creó un comité de expertos. Formado por personas de orientación claramente conservadora y religiosa, el comité emitió un dictamen en el que se decanta por la opción de la Fundación Arenales, argumentando su decisión en que esta fundación “es partidaria de la teoría del humanismo cristiano y que el proyecto pedagógico del Opus es el más correcto”. Por otro lado, el comité calificó el proyecto de la Fundación Gredos-San Diego como “confuso, ya que parte de la negación de la libertad”. La fundación Gredos-San Diego ha obtenido numerosos premios por su actividad educativa.
En Arroyo de la Encomienda existen cuatro centros públicos en los que se imparte educación primaria, pero este nuevo centro será la única opción para cursar allí educación secundaria.
Estaba previsto que las obras comenzaran este mes de abril para que se pudiera empezar a impartir clases ya el próximo curso en septiembre, pero ante el retraso de la Junta de Castilla y León en responder si otorga o no el concierto, la Fundación Arenales ha decido posponerlo, por lo que de momento el próximo curso no estará en funcionamiento.
El 3 de abril se conoció que la Fundación Arenales ha enviado una carta a las 300 familias que ya se han inscrito para solicitar plaza culpando a la Consejería de no haber empezado las obras, ya que consideran como “imprescindible” que exista el compromiso de concertar la educación que imparta ese centro.
Al señalar que el centro sería concertado, el Ayuntamiento de Arroyo se estaba arrogando competencias que no le corresponden, ya que los conciertos los ha de otorgar la Junta de Castilla y León y además a centros que como mínimo lleven un año en funcionamiento. Sin embargo, la Fundación ya ha tramitado la solicitud de reconocimiento y concertación.
Las dos únicas escuelas infantiles públicas existentes en Arroyo de la Encomienda están gestionadas por una entidad privada ligada al Opus Dei, la Fundación Escuna, cuyo proyecto está orientado a tener continuidad en los centros Peñalba (masculino) y Pinoalbar (femenino), los más famosos centros educativos del Opus en Valladolid, cuando los niños lleguen a edad escolar. Así lo ha reconocido la directora de una de estas escuelas infantiles.

Alcalde imputado

El director del centro de Arroyo será Alberto Barrera, conocido miembro del Opus Dei y concejal de Cultura, Deportes y Turismo en el Ayuntamiento de la cercana localidad de Simancas. Pero el impulsor de este proyecto de guarderías y cesión de suelo público para este centro educativo, ambos concedidos al Opus Dei, es el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo. Natural de As Nogais (Lugo), fue concejal en su pueblo primero por el BNG y luego por el PSOE. En Arroyo de la Encomienda llegó al Ayunta­miento de la mano del PP, partido que abandonó cuando comenzaron sus problemas con la justicia para crear el grupo Indepen­dientes por Arroyo de la Enco­mienda, que posee 12 de los 17 concejales del municipio. Todo un camaleonismo político.
El Juzgado de Instrucción n.º 1 de Valladolid dictó auto de procesamiento contra él y otras siete personas, entre ellas el portavoz del PP en la diputación de Valla­dolid, Jesús García Galván, y varios representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L., acusándoles de delitos contra la Administración pública, el orden socioeconómico y el urbanismo, así como de malversación de caudales públicos. Los hechos imputados: convertir en urbanizable el 70% del suelo de la localidad para concesiones urbanísticas en beneficio de la empresa Mahía desde 1999 a cambio, presuntamente, de recibir 30 millones de pesetas y una casa en Vilagarcía de Arousa. También se desconoce cómo Jesús García Galván financió la adquisición de otros dos pisos y dos chalés. El juez le imputó también haber regalado al Concello de As Nogais unos columpios usados propiedad del Ayuntamiento de Arroyo, valorados en 2.000 euros, sin el preceptivo expediente.