Publicado hoy en El Periódico de Aragón
El 3 de agosto de 2012 el Gobierno de Rajoy
envió a Bruselas el presupuesto bienal 2013-2014, que incluía un “ajuste”
global por 102.149 millones de euros a fin de cumplir el “objetivo de déficit”
(llaman “ajustes” a los brutales recortes de los servicios públicos fundamentales).
La educación no se libró de este tsunami demoledor: el Gobierno del PP prevé
una reducción de la inversión pública en educación entre 2010 y 2015 del 4,9%
al 3,9% del PIB. Si España ya estaba por debajo del PIB medio europeo en educación,
el recorte comunicado a Bruselas supone además la pérdida de unos 10.000
millones de euros en cinco años.
Desde entonces, se han cumplido
tales previsiones rigurosamente y el mundo de la enseñanza pública ha ido
depauperándose a ritmo de los dictados de la Troika: decenas de miles de
profesores menos, suspensión de programas de apoyo escolar, menos presupuesto,
menos becas de comedor, menos becas de material escolar, menos becas
universitarias, mayor número de alumnos por aula, más exámenes de reválida, más
religión en las aulas, más políticas en favor de la enseñanza concertada, mayor
abandono de la escuela pública, menos igualdad real de oportunidades reales. ¡Y
lo que aún queda!
Como
contraste, en julio pasado Francia contrataba para el nuevo curso 8.200
profesores y 28.000 auxiliares para apoyo y refuerzo en los centros, y atención
a los alumnos discapacitados, dentro de la reforma educativa acordada con
familias y profesorado por el ministro de Educación, Vincent Peillon, que aportará al sistema público 60.000 profesores
en cinco años (54.000 en la escuela y 6.000 en la enseñanza superior y
agrícola), a fin de compensar la pérdida de 80.000 puestos sufrida durante el
mandato de Sarkozy.
Por otro lado, el Gobierno de François Hollande presentaba el pasado 9 de septiembre la Carta de la
Laicidad, una declaración de principios, derechos y deberes republicanos y
laicos en y para la escuela, que consta de 15 artículos, donde, tras recordar
que Francia es “una República indivisible, laica, democrática y social que
respeta todas las creencias” (1), explica, entre otras cosas, que ”la República
laica organiza la separación entre religión y Estado. No hay religión de
Estado” (2), “garantiza la libertad de conciencia. Cada uno es libre de creer o
no creer” (3), “el laicismo permite el ejercicio de la ciudadanía, conciliando
la libertad de cada uno con la igualdad y la fraternidad” (4), “protege de todo
proselitismo y toda presión que les impida hacer su libre elección” (6), el
profesorado debe ser “estrictamente neutral” (11) y a la vez “está obligado a
transmitir a los alumnos el sentido y los valores del laicismo” (10) y el
alumnado no puede ampararse en sus creencias religiosas para cuestionar los
programas o las reglas de la escuela (12-13). Acaba afirmando que “por sus reflexiones y actividades, los
alumnos contribuyen a dar vida a la laicidad en el seno de su centro escolar”
(15).
Todas estas medidas adoptadas en
nuestro país vecino en materia de educación chocan contra la cada vez más
abierta confesionalidad de las instituciones del Estado español. Como botones
de muestra de plena actualidad, la enseñanza privada, especialmente la
confesional, incluida la que segrega al alumnado por sexos, está recibiendo
gratuitamente del Gobierno suelo público para la construcción de nuevos centros;
los grupos de presión de signo confesional no solo han logrado eliminar de las
aulas la asignatura Educación para la Ciudadanía, sino que han aumentado
cuantitativa y cualitativamente la enseñanza de la Religión y Moral Católica en
la enseñanza pública dentro del horario lectivo, sin olvidar que buena parte de
las principales editoras de libros de texto están en manos de instituciones católicas.
Pero en nuestro país algunos no quieren entender que el laicismo permite a cada
uno construir su propia libertad respetando la de los demás.
El
curso académico ha empezado con suma placidez y seguramente la situación de
calma chicha seguirá igual hasta el 24 de octubre, fecha elegida por la
Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública para llevar a cabo una jornada
de huelga indefinida en el ámbito educativo (desde Infantil a la Universidad).
Además, habrá una gran concentración el día 23 de septiembre con motivo de la
inauguración del curso universitario por parte del ministro Wert y el Príncipe Felipe y está prevista una recogida de firmas contra la LOMCE y los
recortes educativos. Son medidas dignas de pleno apoyo, pero también
insuficientes por escasas, apocadas y poco contundentes. Una huelga de un solo
día sirve para muy poco (sin embargo, en
Mallorca el colectivo de profesoras y profesores ha iniciado el curso con una
huelga indefinida, secundada por todos los sindicatos). Y una concentración,
por muy masiva que fuere, se la lleva el viento.
No
se trata solo de protestar (un día o una semana…) contra los recortes y por la
escuela pública, sino de luchar sin tregua y con los medios que más duelen,
siempre noviolentos, hasta conseguir que la escuela pública cuente con personal,
infraestructuras, recursos y, servicios más que suficientes para llevar a
efecto cumplidamente el derecho y la obligación de una educación pública, laica
y de calidad.
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