Es
innegable que los miembros de ETA cometieron matanzas y asesinatos. Es
igualmente innegable que fueron apresados, juzgados y cumplieron condena, de
acuerdo con la legalidad española. Y también que son libres de reunirse donde
quieran y acordar juntos lo que crean conveniente, siempre que no contravengan
los derechos humanos y las leyes españolas.
Esos
ex presos de ETA han pedido más excarcelaciones de presos, en aplicación de la
derogación de la doctrina Parot, y se han reafirmado sin ambages en “las vías
políticas” para alcanzar sus objetivos. Ciertamente, no han mostrado
arrepentimiento, pero el Código Penal no lo exige. Y reconocen el daño causado
en y por “el conflicto”, cuyas consecuencias enclavan en un marco “multilateral”
(afirman que las víctimas y el sufrimiento se han producido en ambas partes).
En
este asunto algunas opiniones suelen ser solo selectivamente empáticas con los
agentes del conflicto, si recordamos
someramente qué es eso de empatía: ponerse en el “pathos” del otro, tener la
voluntad de percibir las ideas y las emociones que otra persona puede pensar o
sentir. Con esto no me refiero a estar de acuerdo con el crimen perpetrado por
un etarra, sino solo a intentar salir de las limitaciones de la perspectiva
únicamente propia.
Por mucha
propaganda política que se nos haya querido lanzar desde la parte española, una
buena parte de la población vasca reclama el “derecho a decidir”, la
“autodeterminación”, el “autogobierno” o la “independencia”. En las últimas
elecciones vascas su opción política obtuvo una amplísima mayoría nacionalista,
a pesar de la cantidad de obstáculos puestos a determinados grupos políticos
abertzales por “apoyar el terrorismo”. Asimismo, ya en el referéndum de
diciembre de 1978 votó en Euskadi solo el 30% del censo (el “sí” a la
Constitución obtuvo en Euskadi 479.205 votos, el “no” 163.191), y la
abstención, promovida por el PNV, 859.427 votos. Invocar, pues, la Constitución
española al pueblo vasco en esta cuestión es, como mínimo, poco ajustado a la
realidad.
Equivocados
o no, un grupo de vascos y de vascas optaron por la lucha armada contra el
Estado español como única vía real para conseguir la independencia de Euskadi.
Contra el régimen franquista, primero, y contra los gobiernos españoles
surgidos a partir de 1978, se armaron, mataron, asesinaron, volaron con bombas
y perpetraron atentados sangrientos. Pues bien, en sus mentes, lejos de
considerarse criminales y terroristas, se consideraron “gudaris”, soldados y
combatientes vascos. Y así los ve también una porción de la ciudadanía vasca. Lo
han vivido como una guerra, han estado inmersos en su guerra, y –como ellos han
declarado profusamente- en una guerra siempre hay víctimas. Ellos también hacen
recuento de sus víctimas: además de las asesinadas por el GAL, cada año Amnistía
Internacional ha denunciado a España por cometer torturas en comisarías y
cárceles, obteniendo solo el silencio o la negación por parte de los sucesivos
Gobiernos españoles. Y no otra cosa piensan y sienten los 110.00 participantes
en la marcha por los presos de ETA.
Mal que
les pese a algunas personas, los etarras fueron asesinos, pero ahora, cumplida
la condena legal, la justicia los han declarado ciudadanos libres. Seguramente,
consideran que han cumplido con su deber. Probablemente, en el futuro su pueblo
les rendirá homenaje y les dedicará calles y plazas. Esto repugna a muchas
personas que pertenecen al otro bando, pero este esquizoide y doloroso drama
existente en toda sociedad que ha pasado por un conflicto armado, lo conocieron
bien en el pasado en Argelia, en Bosnia, en algunas repúblicas ex soviéticas, y
en muchos otros lugares del planeta. El pueblo vasco pide simplemente ahora un
referéndum, el mismo derecho a decidir, a la autodeterminación, que numerosas
personas y partidos políticos españoles reclaman, por ejemplo, para el Sahara
Occidental o el Tíbet.
Los
etarras han sido capaces de dejar de matar, pero los gobiernos españoles han
sido incapaces de permitir pulsar y escuchar la voluntad popular de un
territorio, Euskadi, hasta ahora administrativa, política y militarmente en dependencia
del Reino de España (garante de la unidad de una nación no debe ser el
ejército, sino la voluntad popular).
Personalmente,
me parecen execrables los crímenes de ETA. Me duelen sin paliativos los
asesinatos, los tiros en la nuca, las bombas, el llanto lde los familiares y de
los amigos. Pero me abstengo ya de seguir volcando sobre los ex presos de ETA
una retahíla de adjetivos descalificativos y de topicazos repletos de demagogia,
pues legalmente han pagado por sus crímenes. De paso, me cabrea sobremanera ver
aún encarcelado a Arnaldo Otegi por
unos cargos que causan tanta irrisión como pena, y sigo sin hallar explicación
racional a que en Euskadi no se celebre pronto un referéndum sobre su futuro y
a que ETA aún no haya entregado su armamento.
El Gobierno de Rajoy persiste exclusivamente en la vía de la prohibición y la
sanción, dando la espalda a las vías democráticas que permite la ley. Un error
que conduce solo a un callejón sin salida.
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