El Honorable President de Cataluña, Artur Mas, empeñado en seguir a la
cabeza del movimiento más o menos soberanista catalán, ha conseguido que el
Parlament catalán apruebe pedir al Congreso de los Diputados de la capital del
Reino de España la celebración de una consulta para pulsar la opinión y
voluntad del pueblo catalán sobre la independencia de Cataluña. Ante tal iniciativa, de la caja de Pandora
españolista han surgido toda suerte de invectivas y amenazas con el propósito
de disuadir al Gobierno catalán de tales propósitos independentistas.
Ingenuo de mí, me pregunto qué
tiene de malo preguntar a la gente de un colectivo qué es lo que quiere, en
lugar de que unos cuantos profesionales del politiqueo (que no de la política)
se estén tirando los trastos a la cabeza augurando al adversario toda suerte de
desgracias. Ingenuo de mí, sí, sigo sosteniendo que la democracia consiste en
gobernar según la voluntad de la ciudadanía, así como garantizar y hacer
efectivos sus derechos y libertades. Y no se puede ser buen gobernante sin
discernir en qué consiste y qué desea esa voluntad del pueblo. En lugar de presentar
la senyera frente a la rojigualda, sería bueno para todos conocer de una vez
qué quiere y qué no quiere la mayoría de la ciudadanía catalana. ¿A quién le
hace daño enterarse de ello? ¿Por qué tanto temor de celebrar una consulta o un
referéndum o como se convenga en llamarlo sobre la voluntad soberana de un
pueblo?
Basado en esas mismas razones, me
pregunto también, ingenuo de mí, por qué no se realiza consultas sobre
cuestiones aún mucho más urgentes y necesarias para el pueblo (catalán, madrileño,
aragonés, sudanés o filipino). Por ejemplo, contemplando la destrucción
sistemática del derecho constitucional al trabajo y el deber de trabajar, es imprescindible
que el gobernante pregunte al pueblo si está de acuerdo o debería ser retirada
la Reforma Laboral del Partido Popular, pues de nada sirve que la ministra Báñez advoque la ayuda de la Virgen del
Rocío o que el ministro Fernández Díaz
confíe en la intercesión de Teresa de
Ávila, si la clase trabajadora cada vez está más desempleada, explotada,
mal pagada y precarizada, y si cada vez es mayor la brecha entre ricos y
pobres.
Por mucho que me esfuerzo, no
encuentro explicación a que Mas se haya convertido en el adalid de la consulta
soberanista en Cataluña, pero no haya creído necesario consultar a su pueblo,
basado en las mismas razones, sobre la privatización de servicios públicos
de salud, la depauperación creciente de los servicios
públicos de educación, o que salgan de rositas muchos de sus amigos y
correligionarios en asuntos tan turbios como el Palau o Banca Catalana. En este
aspecto, Mas comparte con Rajoy y
cía la misma cerrazón política de no consultar nada a nadie, ya que adivinan
los posibles resultados de tales consultas.
En la historia de España de los últimos
treinta y pico años solo ha habido un referéndum sobre la Constitución, otro
más por donde se nos coló la OTAN (de entrada, sí…) y otro sobre Constitución
europea. Una vez más, la Constitución española en su artículo 92.1 queda como
mero papel mojado: “Las decisiones políticas de
especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos
los ciudadanos”.
El pueblo debería ser consultado, por ejemplo, sobre si la Infanta
Cristina de Borbón, Miguel Blesa y otros miles de casos más
análogos deben tener un juicio justo e igualitario como el resto de la
ciudadanía. Igualmente, sobre los dineros del pueblo desviados a los bancos,
sobre los dineros destinados al Ejército y a la iglesia católica, sobre el
Concordato de 1953 y los Acuerdos de 1979 entre el Estado Español y el Estado
del Vaticano, sobre las amnistías fiscales y los miles de indultos
administrados por el Gobierno de turno, sobre qué tipo de ley reguladora del
aborto se desea, sobre la subida de la luz y otros productos imprescindibles en
manos de unos pocos oligopolios, sobre la existencia de un goteo constante de
altos cargos colocados en grandes empresas (puertas giratorias) tras el
desempeño de sus cargos, sobre la reforma constitucional de aspectos decisivos
para la vida de la ciudadanía (por ejemplo, la reforma del artículo 135
realizada con nocturnidad y alevosía en el año 2011 sobre el déficit y la
“estabilidad presupuestaria”), sobre las quitas de deuda a algunos partidos
políticos y algunos sindicatos por parte de entidades financieras (¿a cambio de
qué?), sobre el reciente proyecto de ley del PP sobre protección de la
seguridad ciudadana…
Y puestos ya a consultar, confieso mi terca
curiosidad en conocer por qué desde el poder nadie mueve un dedo acerca de la
regulación y el control impositivo de los flujos financieros, una política
fiscal realmente progresiva, la regulación e incluso persecución fiscal y
policial de paraísos fiscales, y, en fin, el enjuiciamiento y el encarcelamiento
de los chorizos en general
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