Mañana polícroma, con una señora
preguntando a gritos destemplados de qué comen los de la pública si estamos
allí “en defensa de la escuela pública”. Como compensación han llegado nuestr@s
querid@s compañer@s de http://www.educatribu.net
y nos han alegrado la mañana.
Hoy he recibido dos ejemplares del nº 80
de la excelente revista Libre Pensamiento, donde se publica un artículo que me
habían solicitado (páginas 74 y siguientes) titulado: “Crónica de una denuncia
ininterrumpida durante año y medio por la escuela pública y laica”.
Como la revista y el artículo aún no
están en Internet, dejo esta evocadora canción, copio y pego el artículo y me
despido hasta mañana.
CRÓNICA
DE UNA DENUNCIA ININTERRUMPIDA DURANTE AÑO Y MEDIO POR LA ESCUELA PÚBLICA Y
LAICA
Desde principios del mes de junio del año
2013, Antonio Aramayona, profesor de filosofía jubilado acude diariamente en su
silla de ruedas con otros compañeros y compañeras al portal de la vivienda de
la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón, Mª Dolores Serrat Moré, en defensa de la escuela pública y laica y en
contra de los recortes perpetrados en el ámbito educativo desde esa Consejería.
El autor nos relata el día a día, los muchos avatares que han ido sucediendo y
la resistencia noviolenta y cívica que lleva a cabo diariamente desde
principios del verano de 2013.
Hola, soy el “perroflauta motorizado”
El 3 de junio de 2013 fui al portal de la
vivienda de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes del
Gobierno de Aragón, María Dolores Serrat, esgrimiendo como única arma un cartel
que reivindica la escuela pública y laica, y denuncia los recortes perpetrados
en educación desde esa Consejería. Meses antes había habido un escrache en las
inmediaciones del domicilio de la Consejera en protesta contra los recortes en
becas de comedor escolar, del que salieron varios detenidos, sancionados y
llevados posteriormente a un juicio que quedó en nada por incomparecencia final
de la señora Consejera.
Como voy en silla de ruedas desde hace
siete años, a los pocos días, Fernando Soler,
un buen amigo médico y cargo directivo de DMD (Derecho a Morir
Dignamente) me puso el nombre de “perroflauta motorizado”, que porto muy a
gusto hasta la fecha.
Los antecedentes
Unos meses antes, un
grupo de zaragozanas y zaragozanos habíamos estado ocupando semanalmente alguna
entidad financiera de la ciudad, pues nos parecía que aguantar diariamente la
situación socioeconómica del país sin hacer nada, resultaba insostenible para
nuestros ánimos y nuestras almas. Algunos bancos se mostraban bastante
tolerantes, considerando que las personas manifestantes dentro del banco lo hacíamos
en silencio, mostrando solo unos carteles (“Auditoría a los responsables de la
crisis”, “Deuda de bancos no es deuda del pueblo”, “La deuda pública ilegítima
es inaceptable”, “Banca pública”, etc.). Otros bancos, en cambio, llamaban enseguida
a la policía para echar a los manifestantes de la entidad financiera.
Por aquellas fechas,
en plena búsqueda de acciones contundentes y noviolentas contra la política
gubernamental española, europea y mundial, Toni Gabaldón, otro buen amigo de
ATTAC TV España, con el que hablo de vez en cuando por Internet, me envió un
artículo de Jean Ziegler, Vicepresidente de Derechos Humanos de la ONU y autor,
entre otros, del magnífico libro Destrucción Masiva. Geopolítica del hambre (Península),
donde tras analizar la situación económica dominante en el mundo, recomienda
“ocupar masivamente los bancos, nacionalizarlos y confiscar las arrogantes
riquezas robadas por los especuladores financieros”. La idea fue madurando en
mí y acabó en una pregunta que no podía quitarme de encima: ¿por qué solo las
entidades financieras? En cualquier caso, ¿a qué estamos esperando?
Leí en el artículo de
Ziegler que vivimos en un “orden mundial criminal y caníbal”, donde los
especuladores financieros deciden de forma legal (las leyes y las principales
instituciones están al servicio de los señores del dinero) quién va a morir de
hambre y quién no. De hecho, Ziegler señalaba que la crisis tiene unos
culpables y responsables que hay que denunciar, auditar y juzgar ante un
Tribunal similar al de Nüremberg. No es de recibo, por ejemplo, que contando
con los recursos agroalimentarios suficientes para alimentar al doble de la
población mundial actual, casi una quinta parte de los seres humanos sufra y
muera de hambre e infraalimentación.
La desobediencia civil va abriéndose camino
El campo
reivindicativo fue así ampliándose, a la vez que iban habitando en mi interior
cada vez más personas iniciadoras del movimiento de desobediencia civil como
Thoreau, Gandhi o Mandela, hasta que un día decidimos una veintena de personas
citarnos dos veces a la semana en la céntrica plaza de España en Zaragoza para
convertirla en una concentración similar a la de “Plaza de las Madres de Mayo”,
donde cada uno podía reivindicar y denunciar lo que deseare mediante carteles y
siempre en silencio y desde la noviolencia.
El grupo fue consolidándose, pero personalmente veía que aquello
adolecía de falta de contundencia, pues el poder y las fuerzas que están al
servicio de su “orden”, ni siquiera se sentían concernidas ni denunciadas. En
resumidas cuentas, entre una veintena y una treintena de personas de enorme
corazón y generosos ideales se estaban convirtiendo, a pesar de sus deseos y
planes, en un espectáculo folclorista
más de la ciudad, que suscitaba las simpatías de unos, las fobias de otros y la
indiferencia general de la mayoría.
Centrando la lucha en la educación
La evolución interior
desembocó ese tres de junio de 2013 en el portal de la vivienda de la Consejera
de Educación del Gobierno de Aragón. Nunca había hecho algo parecido en
solitario y estaba lleno de incertidumbre. He dedicado gran parte de mi vida a
la educación mediante la enseñanza de Filosofía y de Ética en diversos
Institutos de Secundaria de Madrid y Zaragoza, y me he considerado siempre un perpetuo
aspirante a filósofo (es decir, a intentar constantemente aproximaciones al mundo y a la
vida con otra mirada), por lo que he procurado siempre enseñar apasionadamente
filosofía y ética (pienso que cualquier otra forma de enseñarlas sería un acto
mecánico y baldío). Con gran indignación y pesadumbre iba viendo la demolición
sistemática de la escuela pública y del derecho universal a la educación gratuita
y de calidad en mi país y en el mundo entero. Cada mañana, al levantarme,
sentía verdadero malestar, casi dolor, ante este panorama. De ahí mi resolución
final: un lunes, tres de junio de 2013, estaba plantado allí, en el lado
izquierdo del portal de la Consejera de Educación, sin plantearme hasta cuándo
iba a permanecer allí, pero con mucha claridad sobre el porqué y el para qué de
esa acción. A los pocos días fueron uniéndose otras personas en el portal, y
raro es hoy el día que allí no hay un puñado de ciudadanas y ciudadanos
reivindicando la escuela pública, laica y de calidad.
Recortar en derechos
es una acción des-humanizadora
El
derecho universal a la educación, al igual que todos los demás derechos
recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos son simplemente un
re-conocimiento de un hecho fundamental: son esos derechos los que expresan y
constituyen la humanidad misma de todos y cada uno de los seres humanos; dicho
de otro modo, sin esos derechos (alimentación, vivienda, sanidad, educación,
libre opinión y libertad de expresión, reunión y manifestación,
autodeterminación, libertad de conciencia, etc.) el ser humano queda privado de
los elementos primordiales que lo constituyen como humano y queda sometido a un
proceso de des-humanización. De ahí que los recortes realizados por el Gobierno
español al dictado de la Troika ponen de manifiesto el proceso des-humanizador
que está padeciendo la ciudadanía española, europea y mundial, y –por
consiguiente- reivindicar los derechos humanos y las libertades cívicas
fundamentales rebasa con mucho el ámbito de la acción sociopolítica, en su
sentido estricto, y cobra su pleno sentido en la defensa de la humanidad misma
de cada ser humano, que lo constituye como humano. Centrando la cuestión en el
derecho universal a la educación y en la presencia de unos ciudadanos en el
portal de una Consejera autonómica de Educación en defensa de la escuela
pública y laica y contra los recortes llevados a efecto en este ámbito, es un
posicionamiento diario a favor de que otro mundo es posible, libre, justo, en
paz, sostenible: en resumidas cuentas, humano.
El poder manda
una y otra vez a las fuerzas de su “orden”
Es
fácilmente comprensible que las reacciones por parte del poder no se hicieron
esperar. Las identificaciones por parte de la Policía Nacional han sido
numerosas, si bien en ningún momento han sido motivo de conflicto pues se han
comportado con la misma educación y civismo con que han sido tratadas por
nosotros. Hacia octubre de 2103 Marisol Ibáñez y yo fuimos multados por la
delegación del Gobierno con una sanción de 200 euros por “desobediencia a la
autoridad” (negarnos a “obedecer las órdenes policiales” de abandonar el portal
de la Consejera). Marisol recurrió la sentencia y aun se encuentra metida en
los vericuetos legales de un recurso de alzada. Personalmente, además de
negarme a pagar, he decidido no alegar ni recurrir esas y otras posibles
sanciones venideras, pues considero que la institución sancionadora (en este
caso, la Delegación del Gobierno en Aragón) está demoliendo sistemáticamente la
escuela pública y laica, y está atentando directamente contra una serie de
derechos humanos y libertades ciudadanas fundamentales (en este caso, el
derecho a una educación universal, pública y laica, sin discriminaciones y en
igualdad de condiciones). Por ello, no puedo ni quiero ni debo considerar
dotados de legitimidad a estos gobernantes ni reconocer su presunta potestad de
sancionar legítimamente una conductas que se limitan a defender públicamente la
escuela pública y laica, y a denunciar los recortes perpetrados en este ámbito.
Otra vuelta de tuerca y más sanciones
El 3 de junio de 2014 un centenar de
personas celebramos en el portal de la Consejera durante una maravillosa mañana
y una maravillosa tarde el primer aniversario de nuestra presencia y nuestra
reivindicación de una escuela pública y laica. La policía identificó a todo el
mundo, para después acordonar una zona de una decena de metros por ambos lados
de la céntrica y peatonal calle Alfonso I de Zaragoza, donde se halla el
portal. Sin embargo, lejos de desistir en las celebraciones, hubo actuaciones
de todo tipo y una presencia firme y alegre de todas esas personas ante el
portal de la Consejera y después en las cercanías del mismo.
La reacción del poder no se hizo esperar.
Al día siguiente, 4 de junio de 2014, varios coches de la policía estaban
custodiando el portal de la Consejera desde primeras horas de la mañana y a los
pocos minutos de mi llegada, ante mi negativa de abandonar el portal mostrando
mi cartel de siempre, recibí otra sanción, cuyo monto aún no me ha comunicado
la Delegación del Gobierno. Al día siguiente, por los mismos motivos, la
Policía Nacional volvió a sancionar a otra compañera, Marga Ribas y a mí.
Permanecimos allí hasta que finalizó el horario habitual de nuestra protesta
desde el primer día, ese 3 de junio de 2013: de 11 a 13 horas, todas las
mañanas del año, de lunes a viernes.
Aquella mañana del 5 de junio de 2014, un
Policía alto y mesurado, recitó impasible las nuevas directrices que le habrían
comunicado por la mañana y sobre las que diligentemente nos informó: a) es
deber de la policía “proteger a cualquier persona de cualquier acoso que pueda
estar sufriendo” y nosotros estábamos acosando a una persona que tiene un cargo
público en una institución pública; b) a partir del día siguiente, las multas
iban a ser diarias; c) el importe de estas multas venideras podría ascender
hasta 3.000 euros; d) no era descartable que fuera la propia Consejera quien se
personase en el Juzgado para denunciarnos por acoso personal. Aquella
información suponía una nueva vuelta de tuerca por parte del poder para
hacernos desistir de estar cada día el portal de la Consejera de Educación. Sin
embargo, nos limitamos a firmar el volante de la sanción y permanecer en el
portal, como si nada nuevo hubiese ocurrido.
El 6 de junio, viernes, prensa y agencias
estaban en el portal a la espera de que apareciese y ejecutase la prometida
primera sanción diaria de hasta 3.000 euros, pero nadie apareció: ni un coche
policial ni un solo agente a pie. El martes de la semana siguiente se despejó
la incógnita: Marisol Ibáñez, Marga Ribas y yo fuimos citados para el tres de
julio a un juicio por lo penal inmediato por “desobediencia a la autoridad”, al
negarnos, siempre desde la racionalidad, el civismo y la noviolencia, a
retirarnos del portal donde reside la Consejera aragonesa de Educación.
El juicio
El juicio se celebró a las diez de la
mañana del 3 de julio de 2014 con normalidad, si bien más de un centenar de
personas se dieron cita en el Edificio Fueros de Aragón de la Ciudad de la
Justicia, apoyando, animando y vitoreando la libertad de expresión y la escuela
pública, laica y de calidad. A los pocos días recogimos la sentencia.
Pues bien, según sentencia 305/14 del
Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza de fecha 7 de julio de 2014 en relación
con el Juicio de Faltas (I) 84/14, además de resultar absueltos Marga, Marisol
y yo, que un ciudadano se niegue a una orden policial de irse de donde está no
significa que incurra en una falta de
desobediencia a los agentes o a la autoridad.
Como piedra angular de la sentencia, se establece el reconocimiento de
que la libertad de expresión, noviolenta y cívicamente ejercida en la vía
pública, está por encima de la potestad sancionadora de los poderes públicos
del Estado, dado que la libertad es uno
de los valores superiores y la seguridad jurídica uno de los principios
configuradores del Estado de Derecho.
Siguiendo este hilo conductor, afirma la
sentencia que, no siendo ningún poder público ilimitado y estando la potestad sancionadora del Estado
sujeta a unos estrictos límites, dicha potestad sancionadora se “deslegitima”
si de algún modo se traspasan tales límites.
La sentencia y su alcance
Ni que decir tiene la importancia que
ello tiene para el ejercicio de la libertad de expresión no solo de los tres
encausados en el domicilio o despacho de un cargo público (en este caso, la
vivienda de la Consejera aragonesa de Educación), sino de toda la ciudadanía que
decida manifestar noviolentamente en la vía pública sus ideas, sus valores, sus
reivindicaciones y sus denuncias.
Por otro lado, la sentencia establece que
la desobediencia a la autoridad ha de suponer previamente que la orden de los
agentes cuenta con “una base legal que la sustente”. Pues bien, dado que en el
caso de la presencia de las tres personas encausadas durante más de un año en
el portal de la Consejera aragonesa de Educación los agentes policiales
adujeron solo como norma legal el
artículo 26 h de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, dictamina el juez
que no se dan en mi actuación los casos contemplados como acción contraria a la
seguridad ciudadana, por lo que el magistrado no encuentra “base para la
emisión de la orden recibida por los agentes”, más teniendo en cuenta el
comportamiento cívico y educado que mantuvieron en todo momento tanto yo como
los mismos agentes.
Insiste la sentencia en que tampoco ha habido vejaciones, molestias o
coacciones al cargo público en cuyo portal se encontraba (concretamente, la
Consejera aragonesa de Educación), ni esta ha interpuesto denuncia alguna por
tal motivo, por lo que no caben medidas sancionadoras cuyo objetivo fuere
prevenir la reiteración de mi conducta (permanecer diariamente en ese portal),
pues no ha habido una previa denuncia por parte de la Consejera. Más aún,
recuerda el magistrado que la señora Consejera aragonesa de Educación no se
personó en el juicio por un escrache anterior en las inmediaciones de su
domicilio y que ella misma había denunciado por vía penal, por lo que deduce
algo irónicamente el juez que no parece necesaria protección alguna de una
acción de la que ya antes desistió la Consejera y que ahora no pretende (hasta
el momento ni ha denunciado ni se ha querellado por esta causa).
Ventanas y puertas abiertas a toda la ciudadanía
La absolución de Marga Ribas, Marisol
Ibáñez y Antonio Aramayona de las faltas contra el orden público no solo
refuerzan la reivindicación no violenta de los derechos y libertades
fundamentales y la denuncia de las lesiones de tales derechos y libertades en
la vía pública por parte de la ciudadanía , sino que ponen en cuestión el
concepto mismo de “orden público” en el que sustentan a menudo sus medidas,
órdenes y acciones algunas autoridades y poderes públicos del actual Gobierno.
Al mismo tiempo, abren nuevas vías,
amparadas ahora legalmente, a toda la ciudadanía de ejercer pública, libre y
cívicamente el derecho a la libertad de expresión en defensa de las ideas y los
ideales, de los valores, los derechos y las libertades que cada persona o
colectivo de personas juzguen adecuadas y necesarias o como denuncia de la
política de demolición sistemática de tales derechos y libertades por parte de
los poderes públicos del Estado.
Quedan la huelga general indefinida y la desobediencia civil
He asistido a muchas manifestaciones y
concentraciones, he redactado y apoyado muchos escritos en defensa de la
escuela pública y contra los desmanes cometidos regularmente por distintos
gobernantes. Durante una temporada ocupé también Bancos, Cajas, Delegaciones de
Hacienda, pero observé que nada de eso hace daño al poder instituido (daño,
nunca violento, solo en el sentido de efectividad y contundencia). Por eso
resolví permanecer cada mañana, de lunes a viernes, en el portal de la vivienda
de una Consejera de Educación de este país. Y mantengo la esperanza de que un
día prenda la mecha y haya muchos “portales” en muchas ciudades defendiendo los
derechos y las libertades de la ciudadanía y denunciando la demolición sistemática
de los mismos. En cualquier caso y ocurra lo que ocurra, siempre nos restarán
la huelga general indefinida y la desobediencia civil, polícroma, noviolenta y
ajustada a cada circunstancia. También, ocurra lo que ocurra, seguiré en el
portal de la vivienda de la Consejera aragonesa de Educación por la escuela
pública y laica y contra los recortes.
Antonio Aramayona
@antaramayona
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