Artículo de Soledad Gallego, hoy, en El País
http://elpais.com/elpais/2013/05/24/opinion/1369406456_822152.html
Es posible que el empeño del ministro Ruiz Gallardón por conectar con
el sector más duro del PP, mediante la nueva regulación del aborto o el
intenso deseo de controlar el funcionamiento del aparato judicial,
tenga que ver con sus ambiciones políticas y su deseo de adquirir peso
dentro de su organización, aunque sea imitando al Tea Party. Resulta más
difícil explicar por qué recorre el mismo camino el ministro de
Educación, José Ignacio Wert, del que resulta difícil creer que piense
desarrollar una gran carrera política.
Y, sin embargo, Wert es el ministro que se ha embarcado en dos de los
mayores enfrentamientos ideológicos posibles en este país: el
acatamiento de la voluntad de la Conferencia Episcopal en lo relacionado
con la educación, y la exigencia de regular desde el Estado el uso de
las lenguas oficiales en las comunidades con idioma propio. La ley Wert
puede pasar a la historia como la primera que se aprueba en el
Parlamento con el compromiso expreso del resto de los grupos de
derogarla en el minuto en que sea posible.
Mirando con calma el problema de las leyes de educación en España, su
rápida fecha de caducidad, quizá se podría llegar a la conclusión de
que no habrá calma ni sosiego, no se podrá avanzar en el necesario
consenso, hasta que no se denuncie antes el mal llamado Concordato, es
decir, el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos
de educación y cultura, firmado en 1979.
El ministro socialista Ángel Gabilondo demostró en su día, en unas
tercas negociaciones, que el PSOE y el PP podían llegar a un pacto
social y político por la educación que incluyera más de ciento cincuenta
objetivos consensuados. Todo este trabajo, que habría que agradecer a
la porfiada voluntad del ministro, pero también a la profesionalidad de
sus interlocutores del PP, quedó en nada por culpa de la presión de la
Conferencia Episcopal y del dañino acuerdo con la Santa Sede.
Hasta que no se rompa ese acuerdo no será posible que la sociedad
española mantenga unas relaciones amistosas y normales con la jerarquía
de la Iglesia, como sería lo apropiado. Conviene saber que para
denunciar ese acuerdo basta con que así lo vote la mayoría simple del
Congreso. Obviamente, eso no es posible en la actual legislatura, pero
debería ser alcanzable en alguna de las próximas. La ley Wert es la
mejor ocasión para que el PSOE formalice esa voluntad, presentando una
proposición de ley que, aunque no sea aprobada, deje marcada su promesa
de acometer la normalización de unas relaciones que en todo el periodo
democrático no han conseguido alcanzar un equilibrio respetable por
todos.
Es importante aclarar que no hay nada en la Constitución que
justifique que la nueva ley obligue a que haya una asignatura de
religión, a que sea evaluable, a que exista una materia alternativa
obligatoria igualmente evaluable y a que su nota media compute a la hora
de pedir una beca. La Constitución se limita a garantizar “el derecho
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Se
trata del reconocimiento de una libertad, pero no implica la obligación
del Estado a dar una prestación.
La falta de costumbre de la jerarquía católica española a debatir en
el terreno de los argumentos, en contra de lo que ha sucedido con la
Iglesia francesa o incluso italiana, habituadas a la discusión
intelectual, hace que prefiera moverse en el campo de los mitos y las
presiones. ¡Siempre se ha estudiado religión en las escuelas públicas
españolas! Es posible, pero, desde luego, casi nunca ha sido una
asignatura obligatoria. De hecho, desde la primera ley educativa, de
1857, hasta hoy solo figuró como enseñanza obligatoria de 1899 a 1901 y
durante el franquismo. ¡En Alemania se considera una materia científica y
evaluable! Cierto, pero precisamente por eso es el Estado el que decide
su contenido y su evaluación, y no la jerarquía de la Iglesia. ¡En
Italia se imparte la religión en las escuelas! Cierto, pero de manera
voluntaria, no evaluable y sin que pueda haber una actividad alternativa
obligatoria. Un poco de seriedad, señor Wert.
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