Resistencia y desobediencia a leyes injustas

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 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

A inicios de los años sesenta, se estrenó con gran éxito (dos Oscar y once nominaciones) la película de Stanley Kramer ¿Vencedores o Vencidos? (Judgment at Nuremberg). Como muchos sabrán, la película narra el proceso  a cuatro jueces, en el contexto histórico del Juicio de Nuremberg,  por algunas sentencias de esterilización y pena de muerte dictadas contra algunas personas a las que se aplicaron las leyes nazis de depuración de la raza aria y exterminio de judíos, comunistas y personas con taras físicas o mentales. La película plantea si un juez es inocente si se limita a aplicar las leyes vigentes en el Estado, pero también deja flotando en el aire la cuestión de si un ciudadano cumple con su deber si se limita a cumplir las leyes existentes en su país, con independencia de que en conciencia esté más o menos de acuerdo con ellas; en otras palabras, al espectador de la película se le plantea la cuestión ética de su responsabilidad personal y social como ciudadano ante lo que considera injusto, así como el valor incondicional de los derechos humanos. 

Las leyes no llueven del cielo, sino que son producto y reflejo de la voluntad popular mediante asambleas representativas o de la voluntad más o menos arbitraria del déspota. Tienden a regular la dinámica de un país, de las personas y los grupos que lo integran en sus distintos ámbitos (social, económico, cultural, seguridad, ocio, consumo, etc.), pero pocas veces puede decirse que una ley es estrictamente ecuánime, democrática y justa mientras principalmente sea el reflejo y esté al servicio de los intereses de la clase dominante. Así, por ejemplo, la Ley Hipotecaria de 1946 que regula el mercado hipotecario en España, modificada en parte en 2007, busca primordialmente garantizar a las entidades financieras la patente de corso y la parte del león en cualesquiera circunstancias.

Puede ser legal, pero también de ética dudosa que banqueros y altos empresarios reciban indemnizaciones y pensiones hipermillonarias, mientras más de dos millones de parados de larga duración no cobran ningún subsidio de desempleo. O que Defensa reclame entre 800 y 1.000 millones más al año para pagar sus deudas en la compra de un armamento tan sofisticado como inútil (entre 23.000 y 36.000 millones de deuda) a la vez que quedan recortados gastos fundamentales en educación, sanidad y otros servicios sociales. O que, entre un millón de casos más, los ministros Pedro Morenés y Luis de Guindos provengan de puestos directivos en empresas directamente relacionadas con sus carteras, o que F. González,  José Mª Aznar, Pedro Solbes o Elena Salgado ocupen puestos como directivos, asesores o miembros de Consejos de Administración de empresas directamente vinculadas con intereses nacionales básicos y con importantes decisiones adoptadas durante sus respectivos Gobiernos. Y así, hasta el infinito…

Es todo muy legal, pero no hace falta ir a Dinamarca para percibir cierto olor a podrido. La ciudadanía no debe quedar impasible ante tanto desmán presuntamente legal, pues en muchos casos la legalidad está al servicio de un sistema de intereses del poder económico y financiero, y de un sistema de recompensas a los lacayos que han servido pronto y bien a sus señores. Mediante la tapadera de una crisis que en realidad es una simple y nuda estafa, se está perpetrando un linchamiento de los derechos y las libertades de la ciudadanía conducente a un sistema donde una minoría, cada vez más rica y poderosa, impone su legalidad (=su instrumento de defensa y acaparamiento de poder y de dinero) en detrimento de la inmensa mayoría de la población.

Las leyes deben sustentarse y estar basadas en la defensa y el fomento de las libertades y los derechos humanos universales fundamentales. Una ley se acerca a su ilegitimidad en la medida que se aleja de su única razón de existir: las libertades fundamentales y los derechos humanos universales (vivienda, trabajo, salud, educación, etc.).

Los jueces nazis esterilizaron, condenaron y condujeron a campos de concentración y cámara de gas en nombre de la legalidad vigente. Hoy es posible, incluso imprescindible, que la ciudadanía se cuestione si, salvatis salvandis, debe desembarazarse de su pasividad y su silencio, para emprender un camino de compromiso y resistencia frente al poder instituido y algunas de sus leyes, palmariamente injustas y lesivas.

El poder lo sabe y ordena a sus lacayos gobernantes tomar medidas coercitivas con la ciudadanía indignada. Esto explica que se parapeten hoy con instrucciones precisas y medios contundentes tras las “fuerzas del orden” (=su orden), las “fuerzas de seguridad” (=aseguradoras de su sistema), el “brazo armado de la ley” (=un sistema legal, fundamentalmente reflejo y garantía de los intereses del poder económico español, europeo y mundial). Arrecia así la lluvia de multas, sanciones, juicios, identificaciones y represiones que pretenden disuadir a la gente, cada vez mayor en su indignación y en número, mediante el temor a que sufran aún mayor quebranto sus bolsillos y sus derechos.