Con los últimos datos conocidos en torno
al “caso Bárcenas”, los 22 millones de euros depositados en Suiza mediante una
cuenta opaca, el lavado de, al menos, diez millones de euros acogiéndose a la
reciente amnistía fiscal perpetrada por el ministro Montoro, el despacho en
Génova a disposición hasta la fecha de Bárcenas, oficialmente fuera del PP, los
sobresueldos de 5.000 a 15.000 euros entregados mensualmente a la cúpula y
a altos cargos del PP, el silencio de
Rajoy y los sucesivos secretarios generales del PP, etc. no solo están en
entredicho unos determinados políticos y personajes varios, sino el sistema mismo
de la Administración del Estado, de los órganos de representación del pueblo (del
que supuestamente proviene el poder) o de la simple independencia del sistema
judicial, sino principalmente está sobre el tapete el sistema judicial mismo.
Puede fallar el poder legislativo, pero
el problema resultaría subsanable, por ejemplo, a través de unas elecciones.
Puede fallar el poder ejecutivo, pero se puede salir del atolladero igualmente
mediante las urnas o incluso con un simple cambio de gobierno. Si falla, en
cambio, el poder judicial, el sistema político y social corre el riesgo de
desmoronarse.
En el caso Urdangarín, su consorte
Cristina y los gobiernos autonómicos balear y valenciano, son ya de segundo
orden las penas y sentencias que los imputados en el caso recibieren, pues a la
ciudadanía le interesa espera ante todo el talante y la actuación consiguiente de
la judicatura misma. Un trato de favor, pasar por alto elementos esenciales del
caso, un sobreseimiento mediante un brindis mágico al sol o la prescripción del
delito, llevaría ipso facto a dejar de mirar a los encausados, para centrar la
mirada en el sistema judicial mismo.
No otra cosa puede decirse del caso
Gürtel, con sus derivaciones actuales sobre el caso Bárcenas y el Partido
Popular. De momento, aparte de unas simplezas y unas vaguedades pronunciadas
por algunos de sus dirigentes, el Partido Popular aún no ha dicho esta boca es
mía: o no les consta o se remiten a la investigación judicial, como si no
estuviésemos aún suficientemente escaldados con otras investigaciones
judiciales sobre las actuaciones de no pocos miembros del Partido Popular.
Al parecer, los examinados pertenecen al
Partido Popular, pero quien va a recibir la calificación final del examen es el
propio poder judicial.
(¿Copiarán los jueces en el examen?)
Creo que harán bien el examen,hay una parte de la Judicatura ,joven, que no está por la labor de no hacer las cosas bien y tambien ,segun informaciones fiables,(hoy mismo la Cadena Ser) hay mucho descontento en el Sindicato de Policia al verse ninguneado su trabajo ,al dejar a un lado comprometedores informes de corrupción de los politicos del partido que está en el poder.
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