PUBLICADO HOY EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
Los sindicatos aragoneses de la
enseñanza, con el apoyo de la Comunidad educativa de la enseñanza pública, se
concentrarán hoy ante el Gobierno de Aragón contra la supresión de plazas de
profesorado y el desmantelamiento de los centros públicos. Con ya más de año y
medio de mandato, el Gobierno de Luisa
Fernanda Rudi se ha limitado a secundar obediente y sumisamente las líneas
políticas marcadas desde Moncloa y desde Génova. De hecho, el mundo de la
enseñanza es cada vez más consciente de que lo que está verdaderamente en juego
no es solo la educación, sino el modelo mismo de sociedad y de convivencia,
seriamente agredido en la actualidad por las fuerzas neocons, neoliberales y “populares”.
En efecto, los mismos que despilfarran el
dinero público en medidas favorecedoras de los estratos sociales y económicos
más afines a sus intereses aseguran no disponer de dinero para mantener la
plantilla de profesoras y profesores en los centros públicos, con la
consiguiente merma en la atención a la diversidad, la enseñanza personalizada
y, en suma, la calidad de la enseñanza. Al mismo tiempo, va deslizándose
subliminalmente por la mente de no pocas familias la idea de que lo público es
inferior a lo privado y lo concertado, por lo que la conclusión está servida:
la regresión a un modelo de enseñanza donde los estratos sociales inferiores
llevan a sus hijas e hijos a la escuela pública, mientras el resto los coloca
en colegios privados y concertados. En otras palabras, no estamos hablando ya
de educación, sino de estructuración de la vida social al gusto de las clases
superiores.
Masificar un aula conlleva unas
ineludibles consecuencias. Un aula de treinta y muchos niños y niñas, muchachos
y muchachas, implica dejar en el desamparo la atención y el rendimiento de cada
integrante de ese, pues difícilmente es sostenible una dinámica educativa
positiva en esas condiciones. El Gobierno de Mariano Rajoy y el Gobierno de Rudi han pretendido presentar el
incremento de la ratio alumnos/aula como si se tratase simplemente de cambiar
el color de las paredes de la escuela, lo cual no solo denota ignorancia e
irresponsabilidad, sino sobre todo la expresa o implícita voluntad de que
determinados estratos sociales tengan una formación deficiente o insuficiente.
Como
nuestros gobernantes parecen vivir cada vez más en Babia, parecen
olvidar y querer hacer olvidar que en el inicio de la democracia española había
un 10% de niños de 6 a 11 años todavía no escolarizados. De los 12 a los 14
años, solamente un 65% iba a la escuela, y casi dos tercios de los jóvenes de
entre 15 y 16 años no seguían estudios secundarios postobligatorios. En el año
1980, la cuarta parte de la población mayor de 16 años era analfabeta funcional
o carecía de estudios. Como puede comprobarse, éstas son cifras muy alejadas de
las tasas de escolarización universal de 6 a 17 años, que ya se habían
alcanzado en los países europeos occidentales. Quizá no sería desmesurado
preguntarse hoy si los cuadros del Partido Popular están añorando el regreso a
este estado de cosas. En cualquier caso, ateniéndonos a sus medidas y recortes,
parecen haber planeado que vayamos camino de ello.
Quebrar la conciencia del alumnado de la
importancia de lo común mediante la transmisión a otros compañeros, curso tras
curso, de los libros de texto bien cuidados, inflar el horario lectivo con
adoctrinamientos y creencias religiosas, en perjuicio de los conocimientos
racionales y científicos, la supresión de becas de comedor (con el consiguiente
deterioro de la dieta alimentaria del niño y la indeseable comparación entre
comidas traídas por cada alumno desde casa), la eliminación de becas
universitarias (con la posibilidad de que las familias con menores recursos no
puedan costear los estudios superiores de sus hijas e hijos) son botones de
muestra de la involución social que el Gobierno actual y los poderes fácticos
económicos y políticos pretenden perpetrar en nuestra sociedad. Así las cosas,
queda hecho una piltrafa el artículo 14 de la Constitución española: “Los españoles son iguales
ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”.
Quizá sea una obligación moral exigir a
la actual Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno
aragonés, María Dolores Serrat, fiel
reflejo del ministro de Educación, José
Ignacio Wert, que rectifique las medidas adoptadas y apueste realmente por
una enseñanza pública, laica, universal y de calidad. Sin embargo, visto lo
visto, sería como pedir peras al olmo o como querer sumar peras y manzanas,
tarea de la que es especialista Ana
Botella, alcaldesa putativa de Madrid (es decir, reputada o tenida por padre,
hermana, alcaldesa, etc., no habiendo sido elegida como tal).
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