La
Constitución española (104.1) declara que “las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”,
pero el actual Gobierno está empeñado en volver a convertirlas en guardias de
la cachiporra. Quizá porque, proyectando su canija y represora idea de
sociedad, los actuales gobernantes no saben resolver los conflictos que pueden
surgir en el “el libre ejercicio de los derechos y libertades” más que mediante
multas, sanciones y represión.
Gallardón y Fernández Díaz, Justicia e
Interior (tanto monta, monta tanto) pretenden convertir en delito cualquier
conato o acto de protesta ciudadana. Para ello están ultimando una serie de
modificaciones legislativas del Código Penal y de la Ley Orgánica de Protección
de la Seguridad Ciudadana (triste concepto tienen hoy los actuales gobernantes
de la seguridad y la inseguridad) para que la constitucional garantía de la
seguridad ciudadana acabe siendo una máquina repartidora de duras multas,
enjuiciamientos e incluso cárcel para quienes contravinieren sus órdenes y su
nostálgico proyecto de sociedad.
Maestros
en la manipulación del lenguaje, asocian la protesta con poner en peligro la
“paz social”, con la “alarma social”, el “terrorismo de baja intensidad” y las
“técnicas de guerrilla urbana antisistema”. Ay de quien en su ardor o
ingenuidad quede con otros o invite a otros por algún medio, incluido internet,
a un acto de protesta que previamente no haya autorizado el gobernante, de la
cachiporra, pues su acción podrá ser interpretada como un delito de alteración
del orden público y castigada con penas de hasta tres años de cárcel. Pronto
podrá comprobar también que ese gobernante, lejos de enviar a la policía a
detener a quienes, por ejemplo, han timado y se han lucrado de miles de
impositores y ahorradores a quienes han arruinado, puede enviar su policía a
reprimirlo, multarlo o detenerlo.
Ay
de quien opte por la resistencia noviolenta, pasiva o pacífica ante una
situación o acción que considera injusta, renunciando a hacer o cumplir algo
incompatible con su conciencia o dificultando el funcionamiento de determinados
mecanismos injustos o ilegítimos de alguna institución o algún estado de cosas,
pues su acción u omisión serán tenidas como delito contra el orden público por
“resistencia a la autoridad”. Se acabó eso de que la autoridad originariamente
es una manifestación de la excelencia de una persona en su forma de ser o en
algún ámbito del saber, pues ahora la autoridad se mide solo por su capacidad
de castigar y la contundencia de sus fuerzas antidisturbios.
Usted solo podrá ir o venir o
concentrarse o manifestarse allí donde la autoridad le conceda permiso, previa
solicitud presentada en plazo. El artículo 21 de la Constitución les importa,
de hecho, un carajo a los actuales gobernantes de la cahiporra. Les importa un
carajo que la Constitución reconozca “el derecho de reunión pacifica y sin armas”
y que el “ejercicio de este derecho no
necesitará autorización previa” salvo cuando existan “razones fundadas
de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”. En
cualquier caso, no espere usted que de la boca de algún gobernante salga una
palabra sobre redistribución de la riqueza, apresamiento de los delincuentes
por blanqueo de dinero, fraude fiscal, paraísos fiscales o apropiación indebida
por parte de entidades financieras. Al parecer, eso no provoca alarma social ni
perturba la paz social, amén de que es imposible vigilar al vigilante y
enchironar al enchironador.
Si usted
es considerado responsable de un “escrache” por parte de las autoridades de la
cachiporra (ojo, perroflauta motorizado) ha de saber que estará siendo acusado
de un delito contra la seguridad ciudadana. Le acusarán de invadir la intimidad
de otra persona (generalmente, perteneciente a esas mismas autoridades) y de
acosarla en el ámbito de su esfera privada. Se acabaron las faltas, pronto
habrá solo delitos. De momento, el Delegado
del Gobierno de España en Aragón, Gustavo
Alcalde, ha retirado las sanciones de 200 euros impuestas a 51 miembros de
Stop Desahucios por un supuesto escrache realizado el pasado 9 de abril en las
inmediaciones del domicilio del diputado y concejal del PP, Eloy Suárez, pero, tras mil vericuetos
legales, mantiene la sanción de 1.500 euros a Pablo Híjar, supuesto “portavoz” y “organizador” del grupo. Siempre
es necesario un cabeza de turco ejemplarizante.
Entretanto,
a los gobernantes de la cachiporra les perece de perlas que el 85% de los diputados del PP valenciano pidan el indulto
para el exalcalde de Torrevieja, Pedro
Hernández Mateo, condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación,
o que la secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal inaugure la Convención Nacional de Nuevas Generaciones,
elogiando la defensa de la libertad del dirigente de NNGG Ángel Carromero, controvertido personaje del que el Gobierno está
estudiando su indulto y ahora asesor del grupo municipal popular en el
Ayuntamiento de Madrid cobrando 50.474 euros brutos anuales.
Y
es que, como dice Francisco de Quevedo,
“donde hay poca
justicia es un peligro tener razón".
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