Constitución y sanseacabó

 Publicado hoy en El Periódico de Aragón

Ya se lo dijeron a los independentistas vascos que empleaban la violencia para conseguir sus objetivos: “hay cauces reales y legales dentro de la Constitución para que podáis expresar vuestras reivindicaciones”. Y los independentistas vascos que empleaban la violencia se organizaron en partidos políticos que renunciaron definitivamente a la violencia y desde allí dieron a conocer sus programas políticos, que apostaban por la independencia. Sin embargo, a renglón seguido unos fueron a la cárcel por “enaltecimiento del terrorismo” y a los demás se les dijo que sus demandas no tenían cabida en la Constitución española de 1978. Y sanseacabó.

Ahora la historia se repite con Cataluña. Una buena parte de los catalanes solicitan, al menos, un referéndum para conocer la voluntad independentista o no de la población. CiU y ERC (amplia mayoría en el arco parlamentario catalán) han emprendido la vía directa hacia la independencia de Cataluña respecto de España, han fijado el 9 de noviembre de 2104 como fecha para realizar una consulta al pueblo catalán al respecto e incluso han establecido las preguntas de dicha consulta. Sin embargo, se topan con el mismo argumento contundente: la independencia de un territorio perteneciente hasta ahora al Reino de España no tiene cabida en la Constitución española de 1978. Y sanseacabó.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, habla de iniciar una reforma constitucional en clave federalista, aunque coincidiendo con el PP en la defensa innegociable de la “unidad de España”. El Presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, se limita a decir que el referéndum solicitado por los catalanistas “no se celebrará”. El fundamento sustancial de ambas posturas radica en el supuesto carácter intocable e inviolable de la Constitución, Ley de Leyes en el marco jurídico del país. Y sanseacabó.

Sin embargo, la Constitución ha sido modificada cuando así lo han acordado los dos partidos mayoritarios (mayoritarios, no solo gracias al voto de la ciudadanía, sino también a la existencia de un Ley Electoral injusta y desequilibrante por sus cuatro costados). Así, el 7 de julio de 1992 se realizó la primera reforma constitucional (artículo 13.2) con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, para añadir el derecho al sufragio pasivo (derecho a ser elegido) al ya existente sufragio activo (derecho a elegir) de los extranjeros en elecciones municipales. No hubo referéndum al no solicitarlo el 10% de diputados o senadores (art. 167.3). En resumidas cuentas, la Constitución puede ser reformada, cambiada, derogada y renovada.

Asimismo, el 23 de agosto de 2011 PP, PSOE y UPN (90% de los senadores y diputados) acordaron en unas horas y con nocturnidad la reforma del articulo 135 de la Constitución, bajo la presión inapelable y el dictado de la Troika del mundo rico europeo y mundial. Tras la reforma de dicho artículo, el montante del conjunto de la deuda pública no puede superar el 60% de PIB y según el principio implantado de “estabilidad presupuestaria” queda fijado un techo máximo de déficit estructural para las comunidades autónomas y el Estado, concretado en una Ley Orgánica que nunca podrá contravenir el techo previamente marcado por Bruselas. El resto de los grupos políticos protestaron por haberse perpetrado  así esta reforma constitucional, pero todo fue en vano: quedaba con ello patente quién manda realmente en España y que nuestros gobernantes tienen actualmente más el carácter de gestores de las “órdenes procedentes de arriba” que de dirigentes de un país. De igual forma, el conjunto de los senadores y los diputados del PP y PSOE mantuvieron cerrada la boca y tampoco se celebró un referéndum, entre otras cosas porque, de haberlo celebrado, la ciudadanía hubiese sido consciente del desastre que se le venía encima en el ámbito social y económico.

Sería muy prolijo presentar las fatales consecuencias que la reforma del artículo 135 ha acarreado a la ciudadanía española, pues, como dice el profesor Vicenç Navarro, los recortes indiscriminados del gasto imposibilitan corregir el enorme retraso de gasto público social de nuestro país (35 años después de iniciarse la denominada “democracia”, España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, junto con Portugal). Pero, al parecer, para PSOE y PP era más relevante garantizar el pago de la deuda a loa países y entidades financieras ricas que el bienestar de la ciudadanía.

No pocas personas nacidas en España tienen un buen chichón en la cabeza por habérseles caído encima la bandera de 21x14 metros y 40 kilos de peso que puso Aznar en la madrileña Plaza de Colón. En su nombre, bajo la mirada vigilante de don Pelayo y Felipe II, las Fuerzas Armadas garantizan “la soberanía e independencia de España” (art. 8) y “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (art. 2). Y si alguien se opone, viene Fernández Díaz y su Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, y sanseacabó.