El PSOE sufre un ataque repentino de laicismo frente a la iglesia católica

Durante más de veinte años de gobierno socialista he estado esperando que los socialistas movieran ficha (una, una sola, al menos) respecto de las relaciones del Estado Español con el Estado del Vaticano (llamado, a conveniencia, también iglesia e iglesia católica). Pero ha sido en vano. Incluso el Gobierno socialista de Zapatero les subió del 0,5% al 0,7% la cantidad asignada a la iglesia católica en la Declaración del IRPF. He visto cada año al alcalde socialista de Toledo jurar solemnemente defender el dogma católico de la Inmaculada Concepción. He visto a los mandatarios socialistas besar las manos de Papas y obispos, hincar la rodilla, rendir pleitesía a los presuntos representantes de dios en la tierra. He visto a mi alcalde, Juan Alberto Belloch, pasearse obedientemente en procesiones, asistir a misas solemnes, platicar campechanamente con el arzobispo, dedicar una calle a Escrivá de Balaguer e incluso condicionar su cargo de alcalde al mantenimiento de un crucifijo del siglo XVII cada vez que se celebra un Pleno municipal. Jamás he visto protestar, desmarcarse, criticar públicamente algunas de estas actitudes y acciones. Los ediles socialistas han  votado siempre lo que decía su alcalde, salvo en la votación de la calle que una concejala hizo la heroicidad de no asistir al Pleno.

El Concordato de 1953 de Francisco Franco Bahamonde jamás ha sido derogado. Los Acuerdos  de 1979, con no pocos  artículos anticonstitucionales y flagrantemente en contra del principio constitucional de todos los españoles ante la ley, con privilegios para con los eclesiásticos de imposible  justificación, no ha sido tocado en una sola coma salvo para  aumentar tales privilegios y ceder antelas presiones eclesiásticas. 

Ahora los socialistas consideran que ha llegado el momento de poner punto final al acuerdo con el Vaticano. Para ello presentan en el Congreso una Proposición no de Ley a fin de  “instar al Gobierno a realizar tres acciones que tienen que ver con la libertad religiosa en España”. ¿Ahora sí? ¿Qué les ha ocurrido  ahora que no les sucedió, al parecer, en veintitantos años de gobierno? ¿Son creíbles? ¿Alguien les cree?

Afirman los socialistas que si el PP la rechaza, entrará en el programa electoral del PSOE, como si denunciar el Concordato y los Acuerdos necesitase el condicionante de  que lo acepte o lo deje de  aceptar cualquier otro partido político. Ahora, de repente, los socialistas lo quieren todo, como si hubiesen bajado abruptamente del caballo, a modo de Saulo: a) la denuncia de los Acuerdos entre España y la Santa Sede; b) presentación, en el plazo de seis meses, de un proyecto de Ley Orgánica de Libertad Religiosa y c) establecimiento de un Protocolo Civil para todos los actos solemnes organizados por los órganos del Estado en el que se garantice su aconfesionalidad. ¿Acaso no es para cabrearse? ¿No huele a puro electoralismo, a “tacticismo político”?

Salen los socialistas ahora con que los Acuerdos (nunca hablan de un Concordato franquista, aún no derogado explícitamente) son “preconstitucionales” (anteriores a 1978; es decir, anteriores a esos veintitantos años de Gobierno en que nada hicieron al respecto). Dicen también que sus exigencias laicas se deben ahora a que la sociedad ha cambiado mucho, ha caminado hacia un “mundo  más secular, incluso más laico” (la distinción entre “secular” y “laico” es asombrosamente elocuente). Por lo tanto, los socialistas concluyen que ese cambio  “debe reflejarse en el ordenamiento jurídico”. ¿Ese  cambio hacia el  laicismo comenzó el 20 de noviembre de 2011, el día en que el PP  ganó las  elecciones?

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en un alarde de juegos malabares de difícil parangón, pretende contestar a la cuestión de por qué ahora, y no cuando gobernaban aduciendo el siguiente “argumento” (¿?): en su opinión “muchas de las recientes actuaciones del gobierno del Partido Popular han cambiado esa situación”, ya que “en algunas de las más importantes iniciativas legislativas de este Gobierno se reconoce claramente la influencia directa de la jerarquía eclesiástica”, por lo que “no lo hicimos entonces (cuando gobernaban), pero creemos que ahora es el momento”.

Es decir, más o menos, como lo de la indemnización en diferido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.