Publicado hoy en El Periódico de Aragón
Entre las
instituciones de la Administración que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere depurar está el Defensor del Pueblo en sus
doce versiones autonómicas (Justicia de Aragón, Síndic de Greuges, Ararteko,
Valedor do Pobo, etc.). Probablemente,
el pueblo no lamentaría su supresión, pues el Defensor del Pueblo ni defiende
al pueblo ni tiene noción de qué sea eso del pueblo, dado su alejamiento del
mismo. Por otro lado, los padres de la Patria tendrían que reformar para ello
el artículo 54 de la Constitución, que establece la figura del Defensor del
Pueblo “para la defensa de los derechos” constitucionales (trabajo, vivienda,
salud, educación…). Eso no es problema, pues ya en 2011 modificaron el artículo
135 de la Constitución, en aras de la "estabilidad
presupuestaria" y la absoluta
prioridad del pago de la deuda y los intereses, bajo amenaza por parte de la
Troika de destapar la caja de los truenos.
Por su parte, el
Defensor del Pueblo en Aragón, el Justicia, se autodefine como “defensor de los
derechos y libertades de los ciudadanos
frente a los posibles abusos de la Administración pública”. Según el Estatuto de Autonomía aragonés, el
Justicia tiene tres funciones básicas: a) “proteger y defender los derechos
individuales y colectivos de los ciudadanos frente a las actuaciones
irregulares de las Administraciones Públicas”; b) “defender el Estatuto de
Autonomía”; 3) Tutelar el Ordenamiento Jurídico Aragonés. Viendo qué hace y qué no hace el actual
Justicia, Fernando García Vicente
está consiguiendo hacer de esa institución un monumento al edulcoramiento de
tales funciones, al servicio del poder y garantizando no ocasionar problema
alguno a las distintas Administraciones.
El Justicia de
Aragón no desentona con el resto de Defensores del Pueblo. Como botón de
muestra, la Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, preocupada al parecer por el impacto de la crisis en la
malnutrición infantil, decidía el 19 de junio pasado abrir una “investigación
de oficio”, solicitando información sobre el número de menores afectados y
sobre el coste y las previsiones temporales de las iniciativas emprendidas
hasta el momento. Ese mismo día, en el colegio público zaragozano Ramón Sainz
de Varanda dos niños se desmayaban por falta de alimentos. Soledad Becerril
investiga de forma pausada e intachable, mientras van desmayándose niños y
niñas en el transcurso de la investigación. Desconozco si el Justicia de Aragón
es conocedor de estos hechos, pero no me cabe la menor duda de que en su día
expondrá un florido informe sobre el asunto ante las Cortes.
No se trata de
cuestionar la existencia misma de la institución del Defensor del Pueblo, sino
su domesticación por parte del poder. El Justicia de Aragón, por ejemplo, es
una respetable figura institucional de gran raigambre histórica y con el
cometido concreto de garantizar los derechos y las libertades del pueblo
aragonés. Sin embargo, está por ver si la institución misma se ha transformado
en un bello decorado manejado por expertos tramoyistas para desinterés del
pueblo y sin sobresalto alguno para el poder. Fernando García Vicente ostenta
el Cargo de Justicia desde 1998 hasta hoy con el voto unánime de todos los
diputados y por encima de las broncas políticas que han asolado el panorama
político español. Este excepcional “portento” político es susceptible de
múltiples interpretaciones.
Recordando que el
cometido principal del Justicia es “proteger y defender los derechos
individuales y colectivos” de los aragoneses reconocidos en la Constitución, la
Declaración Universal de los derechos Humanos y el propio Estatuto de Autonomía
(Estatuto, artículo 1), hay que recordar que tales derechos son “cultura, en
condiciones de igualdad” (13.1), “servicios públicos de salud, en condiciones
de igualdad, universalidad y calidad” (14.1), “modelo educativo de calidad y de
interés público” (21), “sistema
público de servicios sociales” y “eliminación de las causas y efectos de las
diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta
básica” (23.1), “pleno empleo” e “igualdad de oportunidades en el acceso
al empleo y en las condiciones de trabajo” (26.1), “derecho a una vivienda
digna” (27), fomento de “la investigación, el desarrollo y la innovación
científica, tecnológica y técnica de calidad, así como la creatividad
artística” (28).
Habría que
preguntar al Justicia de Aragón dónde, cuándo y cómo se protegen y defienden
los derechos del pueblo aragonés. El Justicia ha brillado por su ausencia en
las Mareas ciudadanas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las
asociaciones vecinales o las personas desempleadas o en condiciones laborales
rayanas en la explotación. Hoy, además de con una nutrida infantería de
administrativos, conserjes, ujieres, chóferes, etc., cuenta con cuatro asesores
y secretarios de su Gabinete Particular, más doce asesores y otros responsables
de áreas y oficinas. ¿Resultado? El parto de los montes.
En 1591, Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, fue
decapitado por oponerse a la voluntad del rey de España, Felipe II. Hoy, además de estar abolida la pena capital, no
peligraría en absoluto la cabeza del Justicia de Aragón ni de ningún otro
presunto Defensor del Pueblo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si lo deseas, puedes hacer el comentario que consideres oportuno.