Artículo publicado hoy en El Periódico de Aragón
A la misma hora que la Bolsa española cerraba al alza y el
IBEX 35 ganaba un 0,84% hasta alcanzar por primera vez desde hace más de dos
años los 10.001,80 puntos, en Cádiz un hombre estaba encaramado a una grúa de
54 metros de altura donde había desplegado una pancarta para pedir “Vivienda
Digna” para su mujer y sus dos hijas, que viven en circunstancias lacerantes.
Ambos hechos concurrían en un país aquejado por una esquizofrenia
socioeconómica cada día más grave: la desigualdad creciente entre la gente
hiperrica (13% de aumento de millonarios en el último año) y la gente por
debajo del umbral de pobreza (21% de la población española y uno de cada cuatro
niños –unos 2,2 millones de niños- son pobres).¿Por qué se habla siempre de
luchar contra la extrema pobreza y no contra la extrema riqueza?
Sin embargo, ateniéndonos a los hechos, muy poca gente
parece reaccionar más allá de las palabras y las pancartas, en términos de
rebelión y de combate –noviolento- contra quienes se benefician y mantienen
este estado de cosas. Más aún, la mayor parte de la gente parece narcotizada,
presa del miedo a perder lo que aún tienen o la desconfianza de que otros
puedan arrebatárselo. Su casa arde en llamas, pero buena parte de la población
se queda mirando, esperando que el incendio no llegue a su vivienda,
contemplando, lamentando con lágrimas de cocodrilo (palabras y más palabras…)
las personas que van quedándose sin nada, y quejándose de los incendiarios.
Viene después el poder esgrimiendo la ley y que no hay dinero, y manda a todos
obedientemente a sus casas.
Nos han grabado a fuego en la mente que hay que cumplir la
ley y que toda ley es legítima, aunque algunas leyes apunten directamente
contra la línea de flotación de los derechos humanos y cívicos fundamentales.
Sin embargo, las cosas no son tan sencillas: en muchos casos las leyes
reflejan, justifican y sustentan primordialmente los intereses de la clase
social vinculada con el mundo del dinero y sus privilegios, ignorando y
conculcando los intereses y los derechos de una gran parte de la ciudadanía.
Si hay personas que se rebelan e invocan la desobediencia
civil o la insumisión frente a tales leyes, el poder ejecutivo y el poder
judicial caerán sobre ellas, multando, atemorizando y reprimiendo. Y si es
necesario, vendrá de nuevo el poder legislativo a crear nuevas leyes que
justifiquen y refrenden la coerción de cualquier conato de rebeldía. Sus medios
de comunicación se apresurarán a calificar a esos ciudadanos de “anti-sistema”,
sin pararse a pensar que, remedando una pancarta que se hizo popular en el 15M,
“no somos antisistema, el sistema es anti-nosotros”.
Por mucha mayoría que tenga el Partido Popular en el
Congreso y el Senado, la Ley 3/2012 para la Reforma del Mercado Laboral ha
abandonado el derecho y el deber constitucionales de la ciudadanía al trabajo
exclusivamente en manos del empresariado. La Reforma Laboral del PP ha supuesto
la destrucción sistemática de empleo y de convenios colectivos, dejando en su
lugar seis millones de parados, un marasmo de trabajo en negro, precario y
carne de explotación.
Siguiendo el principio de piensas
como vives, Carlos Solchaga, ex
ministro socialista de Economía y Hacienda, presidente del Comité Interino del
FMI, ex portavoz del grupo socialista en el Congreso y director y socio de
varias consultorías de alto postín, declaraba la semana pasada que los
sindicatos han perdido fuerza y la actual Reforma Laboral generará empleo (no
aclara qué entiende por empleo y si tal empleo generado se parecería en algo a
sus múltiples y pingües negocios). ¿Piensan los actuales dirigentes sindicales
que aún no arde suficientemente en llamas la casa común de los derechos
laborales de los trabajadores? Ante tal panorama, ¿seguirán de brazos
repitiendo el mantra de que no se puede hacer otra cosa porque no se dan las
circunstancias idóneas para oponerse efectiva y frontalmente a la Reforma
Laboral y sus estragos?
Algo similar puede decirse de la
Contrarreforma educativa del PP o Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE) o Ley Wert.
Pónganse como se pongan los actuales gobernantes, la Ley Wert y la política de
hechos consumados perpetrada por el Partido Popular en materia de enseñanza
(solo enseñanza e instrucción, sí, pues de educación no saben y/o no contestan)
va demoliendo día a día los cimientos mismos de la educación pública a base de
aplicar recortes en profesorado, becas de comedor, becas para material escolar,
presupuesto básico para los centros, becas universitarias, además de aumentar
tasas, ratios, clases de adoctrinamiento religioso, etc.
La Ley Wert es inasumible
para quien ame la educación y la escuela pública. Mañana, día 24, está
convocada una huelga general y una manifestación contra la Ley Wert, que deben
ser secundadas masiva e incondicionalmente.
¿Pero
qué pasará después, el día 25, el 26, el 27, el…?
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