Una
polvareda de imprecaciones de todos los colores ha levantado la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha tumbado la doctrina Parot sobre la
aplicación irregular de penas a la etarra Inés del Río, sentencia que
seguramente se hará extensiva a casi un centenar más de reclusos de ETA y otros
más comunes.
El
Tribunal entiende que no es legal la retroactividad en la aplicación de penas
previstas en una ley posterior a la comisión de un delito. En otras palabras,
corrige la práctica penal de un Gobierno, el español, sin una suficiente base
legal y jurídica. Es obvio que a no pocos les ha disgustado la sentencia,
especialmente entre las filas de los familiares de víctimas del terrorismo, pero
una cosa es su comprensible disgusto y otra bien distinta la confusión en la
que la derecha mediática – y no tan derecha- ha pretendido sumergir a la
población, a base de ventilar a
discreción gruesos y capciosos tópicos y remover vísceras, al margen de la razón
legal. Lejos de hacer algo ilegal, lo que realmente ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
sido devolver unos hechos a sus debidos cauces legales.
Personalmente,
me sorprende también sobremanera que ni los medios ni las asociaciones ni los
partidos metidos en toda esa feria hayan abierto la boca en otros asuntos,
seguramente mucho más rayanos en el pantano de la a-legalidad institucional del
Estado. Por ejemplo, la aplicación sistemática del indulto por todos y cada uno
de los Consejos de Ministros de todos y cada uno de los Gobiernos de la nación
desde la denominada y malograda Transición democrática, con la única sin-razón
aducida de que el Gobierno no tiene obligación de justificar o dar explicaciones
de los motivos y fines contemplados en cada indulto.
Así,
por ejemplo, el Gobierno de Suárez aplicó 410 indultos; Calvo Sotelo, 878;
González, 5.944; Aznar, 5,948; Rodríguez Zapatero, 3.378; Rajoy, en lo que
lleva de mandato, 468. Aznar batió el récord en personas indultadas/día; 2,04.
No es mi intención comparar o equiparar delitos o delincuentes, sino solo poner
de manifiesto que el escándalo o la repulsa institucional y/o mediática tienen
varas de medir muy diferentes, según también intereses políticos y
económicos bastante espurios. Puede poner su mano en el fuego sin quemarse
quien asegure que una gran parte de esas personas indultadas pertenecen a la
clase social acomodada o muy acomodada, al núcleo o a las periferias relevantes
del poder, etc. Como botón de muestra archiconocido, el indulto que el Consejo
de Ministros socialista regaló a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco
Santander.
Leo
asimismo con estupor que el Ministerio de Justicia distinguía el 10 de octubre
pasado en la primera edición del Premio Justic 2013 a un sistema telemático de
embargos judiciales (“Proyecto de Sistema Telemático de Embargos Judiciales”) impulsado
por el Banco Santander por su "eficiencia" y “simplificación
organizativa” para procesar gran cantidad de información y agilizar las
comunicaciones entre los juzgados y las entidades financieras. Componían el
jurado íntegramente representantes del Ministerio de Justicia.
La
Asociación de Víctimas del Terrorismo se manifestaba y administraba
paraguazos a cargos públicos cada dos por tres durante gobiernos socialistas.
Ahora, al igual que los obispos hispanovisigóticos y sus huestes defendiendo la
familia, la vida y la transubstanciación eucarística si se terciaba, ya no se
les ve el pelo.
(¿Escribirán los obispos una Carta sobre el perdón de los enemigos y poner la otra mejilla? ¿Afirmarán, como hicieron con el último Gobierno Socialista, que el actual Gobierno está socavando los cimientos de la democracia?)
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